Con una popularidad de 29%, un porcentaje histórico por lo bajo, Bachelet cambió a nueve de sus 23 ministros, cinco de los cuales dejaron el gobierno, mientras que los demás cambiaron de funciones. La mayoría de las modificaciones en el gabinete fueron interpretadas como “señales” que quiso dar el gobierno a la opinión pública y al conjunto de la clase política.

Así, ante el crecimiento económico inusualmente bajo que se registró el año pasado, de 1,9% del Producto Interno Bruto, y la perspectiva de que este año tenga una tímida reactivación, con un crecimiento de 3%, el ministro de Hacienda, el socialista Alberto Arenas, muy cercano a la presidenta, tuvo que dejar el cargo. En su lugar quedó Rodrigo Valdés, un ingeniero comercial, ex presidente del Banco Estado. Desde el regreso a la democracia, en 1990, ningún presidente cambió al titular de Hacienda durante su mandato. Bachelet tomó su decisión después de que Arenas se hiciera cargo de una polémica reforma tributaria, que logró con éxito pero recibió críticas, en particular desde el sector empresarial.

Bachelet sorprendió al sacar del gobierno a otro socialista, su vocero, Álvaro Elizalde, que también fue su vocero en la campaña, y que será reemplazado por el ex embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz.

Pero el cambio que da una señal de mayor sacrificio por parte de la presidenta es la salida de Rodrigo Peñaillo, que era jefe de Gabinete y ministro del Interior. Este militante del Partido por la Democracia es considerado el “hijo político” de la mandataria.

Su partida era esperada, ya que se considera que Peñaillo gestionó mal la situación cuando estalló el escándalo de abuso de posición privilegiada que involucra al hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos. Cuando el caso se hizo público, la presidenta estaba de licencia, y acusó a Peñaillo de que al no defender a Dávalos, no permitió frenar el escándalo que desembocó en una investigación judicial contra él y en su renuncia del cargo de director del Área Sociocultural que ocupaba en la presidencia. Además, Peñaillo habría estado involucrado en otro escándalo de corrupción que sacude a los partidos políticos, vinculado con la empresa minera Soquimich. Así que el favorito de la mandataria fue sustituido por el militante de la Democracia Cristiana Jorge Burgos, que hasta ayer era ministro de Defensa.

La salida del vocero del gobierno, Elizalde, sorprendió mucho porque se pensaba que a lo sumo iba a cambiar de cartera. Las explicaciones que se manejan son diversas. Por ejemplo, se vincula su salida con la voluntad de modificar la comunicación del Ejecutivo, que parecía no estar dando buenos resultados. Otra explicación se vincula con un juego de fichas. En Chile existe lo que se llama el “equipo político” dentro del gabinete, que no puede ser integrado por dos ministros de un mismo partido. Ese subgrupo del gobierno está integrado por el vocero, el ministro de Interior y la ministra secretaria general de Presidencia. Los tres titulares de esas carteras cambiaron, y esto pudo deberse a un intento de respetar esa regla y además evitar que quedara en evidencia que el único cambio que se buscaba era el de Peñaillo.

Apenas nombrado, el nuevo gabinete ya generó polémicas. El dirigente que reemplazó a Burgos al frente de Defensa, José Antonio Gómez (hasta ayer ministro de Justicia) había dicho en 2013: “A Bolivia hay que darle una salida al mar, con soberanía incluso”. Ayer tuvo que salir a desdecirse. Afirmó que como ministro seguirá las directrices del gobierno, aunque ya aquel año había aclarado que el reclamo que Bolivia está defendiendo ahora en la Corte Internacional de La Haya estaba “pasado de mano”.

También hubo críticas a la permanencia en su cargo del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que aparece vinculado a otro caso de corrupción, el Caso Penta. Además, se cuestionaba la designación de Jorge Insunza al frente de la Secretaría General de Presidencia. Esto se debe a que trabajó para un lobbista socialista muy vinculado al mundo empresarial, Enrique Correa, quien trabajó, a su vez, con Soquimich. Otra designación que generó críticas fue la del comunista Marcos Barraza como ministro de Desarrollo Social, debido a sus vínculos con el centro de estudios privado Universidad Arcis, investigada por presunto lucro.

Por todo esto, varios dirigentes de derecha cuestionaron que la mandataria no haya aprovechado el cambio para asegurarse un Ejecutivo libre de sospechas.