Los principales alfiles del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) siguen recibiendo condenas de la Justicia colombiana. La semana pasada fue el turno de María del Pilar Hurtado, la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, que es parte de los servicios de inteligencia) y de Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia.

Las condenas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son consecuencia de la investigación sobre escuchas ilegales que entre 2007 y 2008 realizó el DAS. La Justicia llegó a comprobar que Moreno emitía las órdenes de practicar esas escuchas y fue condenado a ocho años de prisión -que cumplirá en su domicilio- por organización para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Además, fue inhabilitado por ocho años para ocupar cargos públicos. Por su parte, Hurtado fue condenada por éstos y otros delitos a 14 años de prisión, durante los cuales también estará inhabilitada para ejercer cargos. La diferencia entre las penas se debe a que Hurtado estuvo prófuga en Panamá durante cuatro años.

A pedido de los representantes de las víctimas de las escuchas -entre las cuales hay políticos, periodistas y funcionarios del Poder Judicial-, la CSJ pidió que el propio Uribe, que hoy es senador, sea investigado, así como otros funcionarios de primera línea de su gobierno. La CSJ señala en su fallo que durante el juicio que terminaba con las condenas de Hurtado y Moreno no se pudo probar que Uribe estuviera detrás de las escuchas, ya que la Fiscalía no presentó evidencia en ese sentido.

En las últimas semanas el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha manifestado que tanto Moreno como Hurtado podrían verse beneficiados por rebajas en sus penas si colaboran con la Justicia. Medios colombianos especulaban durante el fin de semana con que Hurtado accediera a esta opción, porque además de tener una pena mayor en los próximos días será enviada a una prisión común.

En su cuenta en la red social Twitter, Uribe lamentó que se haya condenado a Hurtado y Moreno por “cumplir el deber”, y agregó que el martes contestará al pedido de la CSJ.

“¿Cumplir con el deber es delinquir?”, preguntó la ex diputada Yidis Medina, que ha protagonizado otro de los escándalos que alcanzaron al uribismo. Medina fue sobornada por dos ex ministros de Uribe -Sabas Pretelt y Diego Palacio- y un ex asesor suyo -Alberto Velásquez- para que cambiara su voto y apoyara la reforma que permitió la reelección del ex mandatario. La CSJ condenó a los tres ex funcionarios por haber pagado esos sobornos -la condena a Medina por recibirlos fue emitida en 2008-, y en su fallo señala que se denunció pero no se comprobó que Uribe estuviera involucrado en ese pago. Medina aseguró ante la Justicia que Uribe fue el primero en darle a entender que él podía darle algo a cambio de su apoyo al proyecto de reforma; sin embargo, esto no pudo probarse ante el tribunal.