Una comisión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el glifosato entre los compuestos que pueden causar cáncer en los humanos. Lo ubicó en la categoría 2A, de sustancias consideradas: “Probablemente cancerígena para humanos”. En casi todo el mundo este agroquímico es utilizado para matar la maleza, ya que seca la tierra, pero Colombia es el único país del mundo que utiliza el glifosato para hacer aspersiones aéreas con el fin de erradicar las plantaciones de cultivos ilícitos, en particular de coca.
Esto ya había presentado una dificultad para el país. En 2008 Ecuador recurrió a la Corte Internacional de Justicia para denunciar a Colombia porque sus aspersiones de glifosato en zonas fronterizas habían causado daños ambientales y afectado la salud de las personas que vivían en esos lugares. Finalmente ambos países llegaron a un acuerdo por el que Colombia pagó una indemnización a Ecuador y se comprometió a no utilizar glifosato cerca de la frontera.
La clasificación del glifosato por parte de la comisión de la OMS no tuvo gran repercusión en Colombia hasta que el Ministerio de Salud recomendó al gobierno de Santos que suspendiera el uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. Esto implica prácticamente dejar de utilizar las aspersiones para erradicar este tipo de cultivos, ya que no hay otro agroquímico que pueda utilizarse con esta efectividad.
Lanzado el debate, en La Habana, donde se desarrollan las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), esta guerrilla aprovechó para recordar que desde hace años se opone a las aspersiones de glifosato. “Lo que han hecho es fumigar un millón y medio de hectáreas, esparciendo el letal veneno hasta ocho y diez veces”, aseguró en un comunicado. También afirmó que las diferencias sobre este tema han sido “una divergencia central” en las mesas de La Habana. En el punto de las conversaciones de paz titulado “Solución al problema de las drogas ilícitas”, que ya fue acordado entre las FARC y el gobierno, Colombia se comprometió a priorizar el método manual para erradicar cultivos ilegales.
Varias organizaciones civiles también han manifestado en la última década su rechazo al glifosato, y se han respaldado en informes científicos e investigaciones de distinto tipo que permitían concluir que el glifosato era nocivo para las comunidades que vivían en las cercanías de los cultivos ilícitos. Pero las aspersiones han continuado.
Los medios colombianos señalan que son las Fuerzas Armadas las que históricamente han defendido el uso de glifosato con el argumento, entre otros, de que con la erradicación manual se pone en riesgo la vida de quienes entran a las zonas cultivadas. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, opinó que muchos estudios sobre el glifosato no son concluyentes, aunque dijo que respetaría la decisión que tomara Santos.
Otro de los defensores públicos de las Fuerzas Armadas, el ex presidente Álvaro Uribe, también advirtió sobre los peligros de terminar con la aspersión del glifosato. “Lo científico se respeta, pero el gobierno no puede permitir que el país se llene de droga”, dijo, antes de retar a los investigadores a que “digan científicamente con qué producto hay que hacerlo” si no se puede utilizar el glifosato.
Cuestión de prioridades
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, manejó algunas alternativas. Dijo que aunque se llegue a un acuerdo con las FARC y éstas dejen el narcotráfico, eso no significa el fin de los cultivos ilícitos, por lo que habría que explorar métodos “distintos, como la erradicación manual”. La cartera de Reyes es una de las que integran el Consejo Nacional de Estupefacientes (junto con los ministerios de Salud e Interior, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo), que fue convocado por el gobierno para que se pronuncie sobre esta recomendación.
El ministro dijo, además, que en el ámbito de ese organismo se declararía favorable a suspender el uso del glifosato. “Si en un lado de la balanza está la salud pública y en otro la eficiencia, lo que prima es la salud de las personas”, consideró.
Mientras Reyes hacía estas declaraciones, desde Washington, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, decía al diario El Tiempo: “Si hubiera algo malo con el glifosato, no lo usaríamos en Estados Unidos”. Blinken agregaba que “cuando se toman decisiones, se tiene que hacer con bases sólidas” y que la aspersión de glifosato “es la forma más efectiva de lucha contra los cultivos ilícitos”.
El tema no quedó ahí. El procurador general, Alejandro Ordóñez, que ha sido uno de los más firmes opositores al proceso de paz, aseguró que suspender el uso de glifosato “favorece al narcotráfico y a las FARC, que serán las que aprovechen la oportunidad”. En un comunicado dirigido al Ministerio de Justicia, Ordóñez dijo que la recomendación del Ministerio de Salud -que se basa exclusivamente en la opinión de la comisión de expertos de la OMS- “carece de base científica”. La Procuraduría integra el Consejo Nacional de Estupefacientes, al igual que la Defensoría del Pueblo, que se pronunció favorable a la declaración del Ministerio de Salud tras recorrer una de las zonas que han sufrido más aspersiones y concluir que las comunidades que allí viven han sufrido daños en su salud, sus cosechas y sus cursos hídricos.
También respaldó el fin de las aspersiones de glifosato el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland. “Teniendo en cuenta la obligación de prevenir enfermedades y el nuevo concepto de la OMS, el riesgo de que el Estado, por medio de la utilización del glifosato, aumente el número de casos de cáncer debería ser revisado y evitado”, dijo en un comunicado.
Había trascendido que también la posición de Santos era favorable a detener las fumigaciones, y el sábado el presidente formalizó su decisión. Anunció que pedirá al Consejo Nacional de Estupefacientes, que sesionará el jueves, que suspenda el uso del glifosato en las aspersiones contra los cultivos ilícitos. “Los estudios concluyeron que sí existe un riesgo para la salud, y ésa es una evidencia suficiente para aplicar lo que la Corte denomina ‘el principio de precaución’”, afirmó.
Los principales opositores a esta posición reaccionaron de inmediato. “Sin reemplazo para el glifosato, suspenden fumigación y avanzan cultivos ilícitos”, tuiteó Uribe, mientra que el fiscal Ordóñez afirmó que la decisión “es un compromiso del gobierno con las FARC” y que “los narcos están de fiesta”.