Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 34.000 demandantes de asilo cruzaron el Mediterráneo para llegar a Italia este año, y más de 1.700 murieron o desaparecieron al intentar alcanzar Europa. Con un naufragio frente a las costas de Libia que dejó unos 800 muertos en abril, las autoridades de la Unión Europea (UE) decidieron tomar medidas drásticas. Ayer, los cancilleres y los ministros de Defensa de los 28 países del bloque aprobaron lanzar un plan militar por aire y mar en el Mediterráneo, que contará con cuatro fases.

Según informó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una conferencia de prensa, primero se intentará detectar y vigilar las rutas utilizadas por los traficantes de personas. Luego habrá operaciones de búsqueda, rescate y captura en alta mar apuntando a “buques sospechosos de ser utilizados para el tráfico de seres humanos”, una fase que ya necesitaría el aval del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si no se contara con ese aval, se prevé solicitar el del gobierno del país costero, o del país cuya bandera use la embarcación, por ejemplo. En una última etapa y también al amparo de la ONU o del país que corresponda, se tomarán “todas las medidas contra un buque o todos los bienes relacionados” con éste, incautándolos o destruyéndolos. El presupuesto global previsto para este operativo fue evaluado en 11,82 millones de euros, unos 12,3 millones de dólares.

Todo esto debe terminar de aprobarse en la cumbre de la UE prevista para el 22 de junio, y las autoridades del bloque esperan que antes de esa fecha el Consejo de Seguridad adopte una resolución basada en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que permita el uso de la fuerza, para que todas las fases del plan puedan ser aplicadas más allá de las autorizaciones puntuales.

Bruselas espera además que Libia avale una intervención en sus costas para evitar que los inmigrantes puedan zarpar de ahí, ya que el país, que atraviesa una profunda crisis política, se convirtió en el punto de partida hacia Europa, debido a la falta de controles. Dos gobiernos, el de Tobruk y el de Trípoli, se disputan el poder en Libia. Hatem el Uraybi, el vocero de la administración con sede en Tobruk, dijo el lunes a la agencia de noticias AFP que “toda acción militar debe llevarse a cabo con la cooperación de las autoridades libias”. Advirtió que “el gobierno no aceptará ninguna violación de la soberanía libia”, y que “la opción militar para lidiar con los buques en aguas libias o fuera [de ellas] no se considera humana”.

Sin embargo, ésta no es la medida que genera más debates entre los países de la UE y que deberá ser resuelta antes de 22 de junio. Lo que más divide al bloque son las medidas para repartir a los refugiados. Ayer, los ministros no tocaron ese tema, porque les corresponde hacerlo a sus pares de Interior. Sin embargo, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Harlem Désir, consideró que, “si es necesario”, se “volverá a llevar a los puertos de partida” a las personas interceptadas en el mar. Esto no debería implicar a quienes puedan solicitar el estatus de refugiados, ya que la legislación internacional prohíbe que sean devueltos.

El miércoles, en otra reunión, se presentó un plan de reparto de los refugiados, tanto para ser acogidos en caso de arribos regulares como en caso de llegadas masivas. Las “cuotas” se calcularon en función de distintos indicadores, como la población de cada país, su Producto Interno Bruto o la tasa de desempleo. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no tendrán obligación de plegarse a esa imposición, y el gobierno británico ya dijo que está en contra. Tampoco están a favor los gobiernos de Hungría, Polonia, Francia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia. Este reparto debe aplicarse en una primera etapa para recibir a 20.000 refugiados sirios a pedido del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

La mayoría de los gobiernos que se oponen a las cuotas argumentan que están en contra de que Bruselas les imponga el número de personas que deben recibir, y piden que la acogida sea voluntaria. Sin embargo, esta actitud se entiende en el marco de un aumento del sentimiento antieuropeo y antiinmigrantes en la mayoría de los países. En el caso de Francia, la postura del gobierno socialista -que sufre el mismo tipo de presiones por parte de la opinión pública- es un poco distinta. El primer ministro Manuel Valls reiteró la necesidad de un reparto de los refugiados “más equitativo”, porque de momento “Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Suecia reciben a 75% de los refugiados”. Pero advirtió que “el asilo es un derecho” y que por eso no se le pueden aplicar cuotas. “Se es solicitante de asilo, o no se es”, dijo.