Ningún partido político logró la mayoría absoluta en los parlamentos de las comunidades autonómas españolas, por lo cual todos los gobiernos regionales están, en términos estrictos, abiertos a distintas posibilidades de alianzas. Casi en ninguno de ellos parece haber una solución “cantada”, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) están obligados a pactar con Ciudadanos o Podemos, respectivamente, para alcanzar el poder.
Si estas alianzas se dieran en todos los gobiernos autonómicos, el PP y Ciudadanos gobernarían cuatro comunidades: Castilla y León, Comunidad de Madrid, La Rioja y Murcia; el PSOE y Podemos lo harían en tres: Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura, con la posibilidad de aumentar a cinco con Baleares y Comunidad Valenciana si obtienen el apoyo de otras formaciones de izquierda.
En otros tres escenarios la situación es más compleja para los partidos tradicionales debido al dominio de las formaciones locales. En Canarias gobierna actualmente una alianza entre el PSOE y Coalición Canaria, y en las elecciones estos grupos obtuvieron 15 y 18 escaños, por lo que podrían mantener la mayoría en una junta de 60 escaños. Coalición Canaria puede también aliarse con el PP y sumar algún otro apoyo en una junta en la que estarán representadas seis organizaciones políticas. Sin embargo, la opción de continuar junto al PSOE parece ser la opción preferida por los dirigentes canarios.
En Cantabria el PP logró la mayor bancada, con 13 diputados, seguido por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) con 12, en una cámara de 35 escaños. El PRC puede unirse con el PP, en una alianza que sumaría 25 escaños, o hacer otra con el PSOE y Podemos, que obtuvieron cinco y tres escaños respectivamente, de modo tal que reunirían 20 asientos.
El Parlamento de Navarra es el más atomizado: allí estarán representados siete partidos políticos. Entre ellos no está incluido Ciudadanos, que no alcanzó el 3% necesario para acceder al Parlamento local, lo que motivó la renuncia de toda su dirección. Desde 1996 este gobierno autónomo está en manos de la Unión del Pueblo Navarro, una alianza que reclama mayor autonomía pero rechaza la independencia. En estas elecciones obtuvo 15 de 50 escaños, cuatro menos de los que tenía. El escenario navarro es complejo y los grupos opositores ya anunciaron negociaciones para “conformar el gobierno del cambio”.
No era tan así
Las críticas del PP a Ciudadanos y las que intercambiaban el PSOE y Podemos se esfumaron tras las elecciones del domingo. Podemos se había pronunciado contrario a las alianzas, pero su líder, Pablo Iglesias, dijo el lunes: “Vamos a plantear un programa que va a entusiasmar a los socialistas”. Los medios españoles señalan que el objetivo de Podemos es impedir que el PP acceda a los gobiernos regionales.
Vuelta atrás
Una de las dirigentes que más claramente mostró su resistencia al crecimiento de los pequeños partidos fue Esperanza Aguirre, candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid. Ayer, en conferencia de prensa, propuso al PSOE una alianza en Madrid para bloquearle el paso a Podemos, que busca “romper el sistema democrático occidental” y al que considera por fuera del “sistema democrático institucional” español. El candidato del PSOE en Madrid, Antonio Carmona, publicó en Twitter su respuesta: “un NO rotundo”.
Aguirre incluso sugirió al PSOE que se alíe con Ciudadanos para evitar que Podemos llegue al gobierno de la ciudad. Dijo que quería “volver a la política para frenar a Podemos” y que si “el problema” era ella, daría un paso al costado.
En el caso de Ciudadanos, antes de las elecciones su secretario general, Matías Alonso, dijo que este partido es más cercano al socialismo porque es “marcadamente progresista”. Pero su presidente, Albert Rivera, dijo ayer al diario español ABC que Ciudadanos se aliará con el partido que se pliegue a sus compromisos políticos.
Tras una reunión de la cúpula del PSOE para evaluar los resultados del domingo, el secretario de Organización del partido, César Luena, dijo que el resultado de las elecciones no es una “remontada” del PSOE, pero sí implica “un crecimiento sostenido” en relación con las elecciones europeas del año pasado, que fueron desastrosas para el partido. Además, confirmó que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dará libertad de alianza a todos los líderes regionales, aunque se reunirá con ellos para marcar ciertas pautas comunes. Luena dijo que el PSOE está abierto a colaborar con “el cambio a la izquierda” que, según su lectura, fue reclamado por los votantes.
Yo quiero
Tal como se ve en Andalucía desde las elecciones de marzo, son los nuevos partidos los que tienen la posibilidad de darle la mayoría a una alianza para que llegue al gobierno, y cada uno planteó sus requisitos.
El coordinador del Comité de Acuerdos Poselectorales de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, dijo ayer que esa organización política sólo podrá llegar a acuerdos con aquellos partidos que acepten sus propuestas de transparencia y “regeneración democrática”. Entre éstas se incluyen medidas contra la corrupción: que los partidos políticos respondan con sus patrimonios por los delitos de corrupción de sus cargos públicos, tipificar el delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Código Penal, la conformación de un órgano anticorrupción dentro de los partidos y normas para favorecer la transparencia en éstos.
Las cláusulas más problemáticas a la hora de llegar a acuerdos son otras. La de “separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, ha dificultado el acuerdo con Susana Díaz, del PSOE, en Andalucía. La exigencia de una reforma política -que obligaría a los partidos a realizar elecciones primarias, impondría las listas abiertas y reduciría 50% los gastos electorales permitidos- es un escollo para el PP, que la rechaza de plano.
Podemos también planteó sus exigencias, aunque todavía no las detalló tanto como Ciudadanos, cuyo compromiso es un documento que deberían firmar los partidos que quieran contar con su apoyo. En el caso de Podemos, los compromisos se sintetizan en dos consignas: tolerancia cero contra la corrupción y giro de 180° en las políticas de recortes. La primera comprenderá la exigencia de que los partidos expulsen a quienes hayan estado en cargos públicos y sean investigados por delitos vinculados a la corrupción, y en el marco de la segunda se propondrá una batería de medidas fiscales para redistribuir la riqueza, retirar un poco la presión fiscal sobre las clases más bajas y limitar los desalojos por deudas hipotecarias.