“En Honduras, el que hace las denuncias va preso y el corrupto camina libremente por la calle”, dijo en diálogo telefónico con la diaria Juan Barahona, secretario general del partido Libertad y Refundación (Libre), del ex presidente Manuel Zelaya. Se refería a que puede ir a la cárcel el periodista David Romero Ellner, que reveló un gigantesco caso de corrupción que involucra al Partido Nacional (PN) de Honduras, que gobierna desde 2010.

A partir de la información que publicó Romero se está investigando un supuesto desvío de 350 millones de dólares, entre 2010 y 2014, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) al partido de derecha del actual presidente, Juan Orlando Hernández. El dinero sirvió en parte para financiar la campaña electoral de 2013, en la que Hernández resultó electo, y las campañas anteriores para las primarias.

Romero enfrenta cargos de difamación e injurias, y denuncia que hay intenciones de detenerlo hoy mismo, cuando se abra el juicio en su contra, para evitar que continúe informando. El periodista, que es director del grupo Radio TV Globo, dijo en mayo, al recibir un premio entregado por organizaciones vinculadas con la izquierda: “Los acontecimientos en Guatemala están empujando a que la sociedad salga a las calles; la sociedad civil no puede aislarse, y en la medida en que haya mayor convicción en esa dinámica, más vamos a incidir en el rescate de la sociedad”.

Aunque el escándalo del IHSS es el que más indignación generó, los casos de corrupción son muchos más -12, de acuerdo con la agencia Efe- e involucran a organismos estatales como el Instituto de Propiedad o el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. Aparecen involucrados políticos, empresarios, altos funcionarios, fiscales y periodistas en estos casos, que afectan en particular a los dos gobiernos del PN, el actual y el que encabezó Porfirio Lobo de 2010 a 2014. Otro de los escándalos es el que tiene como protagonista a Fabio Lobo, hijo del ex presidente. Fue detenido en mayo en Haití por funcionarios antidrogas estadounidenses que lo acusaron de narcotráfico.

El oficialismo señala que también hay investigaciones que involucran a ex funcionarios del gobierno de Zelaya (2006-2009). De acuerdo con Barahona, esas denuncias buscan “distraer” de los casos actuales. El dirigente opositor dijo que se trata, en particular, de los fondos para una consulta popular que se iba a celebrar cuando Zelaya fue depuesto por un golpe en 2009; debido a la situación que generó el golpe, nunca fueron ejecutados.

Todos a la calle

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Honduras es de los países con menores ingresos en América Latina y el Caribe, con 42,6% de los hogares en situación de pobreza extrema, de acuerdo con cifras de 2013. En un país en el que la población tiene ese nivel de pobreza, en el que los servicios de atención pública a la salud son pagos y de baja calidad, y en el que los habitantes están sufriendo la escasez de medicamentos, el descontento explotó y la movilización está en aumento desde que empezó, hace más de dos semanas. Ya son habituales las marchas de los viernes, que por lo general se hacen con antorchas, en la capital y en las principales ciudades, y también se están extendiendo las movilizaciones a otros días de la semana y a municipios más pequeños. Inicialmente, la movilización surgió de ciudadanos que no formaban parte de partidos políticos y que se negaron -en ese primer momento- a que se les sumaran políticos. Las marchas reunieron a personas de todas las edades y niveles sociales. Sin embargo, Barahona explicó que como las reivindicaciones no dejaban de ser políticas, ahora también participa en ellas la oposición, de izquierda y derecha.

Al mismo tiempo, también los seguidores del PN marchan, en su caso en apoyo al gobierno y con eslóganes anticorrupción. Sin embargo, Barahona dijo que a los manifestantes oficialistas “les pagan” y que desde el gobierno “coaccionan” a los funcionarios públicos para que participen en esas manifestaciones.

El presidente admitió el caso del IHSS pero aseguró que en su administración “nadie ha comprado impunidad” y que “los corruptos y corruptores deben rendir cuentas ante la ley”. En ese marco, Hernández prometió “cero tolerancia a los abusos”. Sin embargo, el dirigente de Libre asegura que en las investigaciones que se están llevando a cabo no se apunta a quienes dieron las órdenes, sino a quienes las ejecutaron.

La presidenta del PN, Gladis Aurora López, dijo el lunes que Hernández está abierto al diálogo con la oposición y los impulsores de las marchas. Al respecto, Barahona dijo a la diaria que aún no han evaluado esa posibilidad, y que no sabe si van a aceptar porque sería “perder el tiempo”. En su opinión, el gobierno no busca dialogar para “resolver, sino para desmovilizar al pueblo”.

Va por barrios

En la vecina Guatemala también hay protestas contra el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, debido a un escándalo de corrupción que lo involucra. La presión de las protestas guatemaltecas, impulsadas en un primer momento por universitarios, logró que renunciara la vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ahora, las marchas -que tienen un nivel de adhesión popular casi inédito en el país- reclaman, todos los sábados, la renuncia de Pérez Molina, a quien investiga una comisión parlamentaria por hechos de corrupción. Ahora los manifestantes se organizan sobre todo mediante las redes sociales -algo que también ocurre en Honduras- en torno al lema “Hagamos el paro o nos saldrá más caro”, e impulsan una consulta popular informal sobre si es necesario que el presidente renuncie y sobre eventuales reformas a realizar para evitar que continúe la corrupción.

Además, está en cuestión el manejo del seguro social en otro caso revelado en las últimas semanas. Por eso está detenido el director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, que además fue secretario del presidente. El lunes, la Organización de los Estados Americanos mostró su preocupación ante la situación guatemalteca al emitir una resolución en la que “rechaza toda ruptura del orden constitucional” y pide que se mantengan las elecciones previstas para el 6 de setiembre.

Consultado sobre si la situación del país vecino tiene incidencia en Honduras, Barahona dijo que “Guatemala ha servido de motivación” a los hondureños porque es “similar”, y consideró que es alentador ver que los guatemaltecos lograron que renunciara Baldetti.