La Corte Penal Internacional (CPI) emitió dos mandatos de arresto internacionales contra el presidente de Sudán, Omar el Bechir. El primero, en 2009, fue por crímenes de guerra y contra la humanidad; el segundo, emitido en 2010, fue por genocidio. Ambos se refieren a lo acontecido en el oeste de su país, en Darfur, donde el Ejército enfrenta a milicianos opositores desde 2003, en un conflicto que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dejó 300.000 muertos.

El sábado de noche, cuando se confirmó que El Bechir había viajado a la ciudad sudafricana de Johannesburgo para una cumbre de la Unión Africana que culmina hoy, la CPI reiteró, en un comunicado, su pedido de arresto contra el dirigente sudanés. El presidente de la Asamblea de Estados que es parte de la CPI, el senegalés Sidiki Kaba, llamó a “Sudáfrica, que siempre contribuyó a reforzar la Corte, a no escatimar ningún esfuerzo para asegurar que se ejecuten los mandatos de arresto” contra El Bechir, y advirtió sobre “consecuencias negativas” para la CPI, en caso de que esto no ocurra.

A partir de una denuncia de la organización civil Centro para la Litigación de África Meridional, la Justicia sudafricana prohibió ayer la salida del país del presidente sudanés; la resolución rige hasta hoy, cuando definiría si ordena su detención. El juez Hans Fabricius, a cargo de la denuncia, dio lugar ayer al pedido de la representante del gobierno sudafricano, que solicitó más tiempo para argumentar. Según dijo, la decisión de arrestar o no al sudanés debe ser tomada por el Ejecutivo, no por la Justicia, a pesar de los pedidos de la oposición y de organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional. Además, el gobierno de Sudáfrica aprobó hace poco tiempo un decreto que garantiza impunidad a los mandatarios que participan en la cumbre que se celebra en Johannesburgo. Probablemente por eso, el gobierno sudanés desestimó esa acción judicial y aseguró ayer que su presidente regresará a Jartum cuando culmine la cumbre.

El Bechir tiene 71 años y accedió al poder en 1989, a partir de un golpe de Estado. En abril de este año fue reelecto con 94% de los votos, y desde la primera orden de arresto en su contra redujo sus viajes al exterior, en particular a los países que -como Sudáfrica- adhieren a la CPI, a diferencia de Sudán, que no reconoce a ese organismo.