La paz en marcha

-¿Qué es el Frente Amplio por la Paz, que se formó en noviembre?

-Es un movimiento integrado por Marcha Patriótica con otros sectores políticos (entre ellos del Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde), en el marco del cual hacemos movilizaciones y desarrollamos iniciativas políticas. Nos parece que la paz es evidentemente política y no lo matizamos: tenemos una postura frente a la paz. Después de 50 años de conflicto parece que está corroborado que no va a haber un triunfo militar de unos sobre otros, no hay preponderancia de la insurgencia ni del Estado, entonces lo que queda es llegar a un acuerdo.

-Sin embargo, las elecciones dejaron claro que todavía hay dos visiones en la sociedad colombiana: unos apuestan por el camino militar y otros por el del diálogo. En ese marco, Marcha Patriótica optó por apoyar la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

-Sí, hubo organizaciones que individualmente no fueron capaces de votar por Santos, sobre todo familiares de víctimas del Estado, como las de los falsos positivos [así se denomina a la práctica de las Fuerzas Armadas de presentar a jóvenes civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate], que dijeron: “Santos era ministro de Defensa cuando estaban matando a nuestros hijos”. Fue una circunstancia difícil, pero tenemos claro que tenemos que avanzar por la paz, las otras consideraciones las tenemos que ir sopesando. Hemos tratado de construir un discurso dirigido a superar una serie de dificultades sociales que tenemos en Colombia y que sabemos que mientras haya guerra no se van a resolver.

-¿Cuáles son algunas de esas dificultades sociales?

-La protesta social está estigmatizada, quienes protestan enseguida son acusados de ser de la guerrilla o de la insurgencia y con ese discurso se facilita la incorporación de medidas regresivas en materia económica y social. Cerca de 32% de la población colombiana está por debajo de la línea de pobreza; cerca de 8% o 9% está por debajo de la línea de miseria; el desempleo juvenil está entre 32% y 36% y en el campo alcanza 47% o 48%. Esos chicos son el combustible de la guerra, entran a engrosar filas de la insurgencia o del Ejército rápidamente, porque son las salidas laborales que tienen. El Estado tiene muchas zonas, más de 30% del país, donde no puede controlar lo que pasa. No hay monopolio de la fuerza, no hay un contrato social que articule a toda la ciudadanía.

-El año pasado entrevistamos a Danilo Urrea, de la organización Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra-Colombia, y nos decía que en La Habana se estaba negociando una salida del conflicto armado pero no un diálogo de paz, y que las condiciones para la paz no se van a resolver allí, sino que tienen que plantearse en conjunto con la sociedad, quizás después. ¿Qué opina usted?

-En los debates por la paz se empieza a discutir si es primero el huevo o la gallina, si primero es un acuerdo y después las reformas sociales o viceversa. Eso es parte del nudo de discusión en La Habana y en Colombia, porque las partes no se ponen de acuerdo ni en el origen del conflicto ni en sus responsabilidades, pero tampoco en plantearle al país cuál va a ser la hoja de ruta para la construcción de la paz, dejando al conjunto de la sociedad por fuera de los debates y de las deliberaciones del proceso.

-¿Cuál es la postura de Marcha Patriótica?

-Nosotros insistimos en que es preciso que la sociedad colombiana participe. No es posible que ellos [el gobierno y las FARC] se vayan para La Habana y se abstraigan de lo que pasa en Colombia. Se puede firmar un acuerdo de paz, pero si los números de pobreza, miseria y desempleo se mantienen, esos chicos desempleados van a ir a las bandas de narcotraficantes. Esa posición de que “después del acuerdo de paz se verá” hay que revisarla: si se llega a un acuerdo -ojalá sea así-, lo que no esté allí va a ser muy difícil que se logre después, al menos en el corto plazo. Es necesario incidir ahora y saber que vamos a tener que invertir el resto de nuestra vida: el conflicto ha durado 50 años, hay que reconstruir el país en los próximos 50.

-¿Qué tanto está participando hoy la sociedad civil en las negociaciones?

-Venimos trabajando muy fuerte, desde antes de que empezara el proceso, con la idea de empoderarnos y hablar. Logramos, por ejemplo, que en cada uno de los puntos de discusión de la mesa las Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia hicieran un acuerdo para escuchar a las organizaciones. Se hizo un foro de tierras, otro de participación, otro de víctimas [luego los aportes de esos encuentros se vuelcan a la mesa de La Habana]. Con el Frente Amplio por la Paz hemos desarrollado un trabajo para hacer un poco de pedagogía de la paz, porque la gente está muy acostumbrada a la guerra. Se ha normalizado tanto la violencia que para salir hay que hacer todo un proceso pedagógico.

-¿Cómo afecta al diálogo el fin de los ceses del fuego que habían declarado primero las FARC, en diciembre, y después el gobierno, en marzo?

-El proceso venía de alguna manera encaminándose, pero en menos de 20 días todo eso se fue al diablo y volvieron las tensiones. No se puede negociar en medio del conflicto, no es viable, entre otras cosas porque los sectores más de derecha aprovechan esos temas y salen a decir: “La guerra es lo que nos funciona”.

-Quedó una tensión en las conversaciones de La Habana; sin embargo, los diálogos se retomaron la semana pasada. Más allá de esa tensión, que va a permanecer un buen tiempo, ¿las conversaciones se hicieron más frágiles?

-Los militaristas te van a decir que no se hacen más frágiles porque cada golpe militar que dan tanto la guerrilla como la insurgencia son como fichas de ajedrez en la mesa de negociaciones. Así lo ven. Consideran que lo que va a garantizar que se llegue a un acuerdo es la presión militar. Es una visión que nosotros no compartimos, no creemos que sea con la presión militar que se llega a un acuerdo, sino hablando y construyendo acuerdos. Todos estos hechos de guerra van generando desconfianza entre las partes, heridas que seguramente no se puedan cerrar rápidamente.

-¿Dónde están las principales diferencias en la mesa?

-Hay mucha distancia en el tema del tratamiento de las responsabilidades del conflicto. El Estado no quiere reconocer a sus víctimas, ha dicho que no ha habido una violencia sistemática del Estado sino algunos actos de funcionarios, y la insurgencia está diciendo que no ha cometido delitos de lesa humanidad. Esas posiciones a su vez se traducen en que el Estado proponga cárcel para todos los insurgentes y armisticio para los militares, y la guerrilla proponga un armisticio general. Otro tema muy complejo es el de la finalización del conflicto: la insurgencia desde siempre plantea que no entregará las armas hasta que los acuerdos no estén implementados, y el Estado dice que tienen que entregar las armas para implementar los acuerdos. Hay mucha desconfianza y se tienen que generar las condiciones para que pueda haber un acuerdo, pero negociar en el medio del conflicto va generando un clima negativo.