La Comisión Asesora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados llevó adelante el martes, junto a la ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, un primer debate dirigido a encontrar puntos en común para la redacción de una Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda Violencia. La presidenta de la comisión, la diputada independiente Olga Ferreira, señaló en el encuentro que una de cada dos mujeres es víctima de violencia por parte de su pareja y que una de cada cinco recibe amenazas de agresión sexual, tanto en público como en privado.

“La violencia no es un problema privado ni de las mujeres: es un problema de toda la sociedad y de cómo construimos nuestra sociedad”, subrayó la diputada de Avanza País (de izquierda) Rocío Casco, que preside la Comisión de Equidad Social y Género de la cámara baja.

Ante esta situación, varios organismos, como las comisiones de Diputados, el Ministerio de la Mujer y ONU Mujeres, impulsaron a comienzos de año un proceso de revisión de los proyectos de ley presentados hasta ahora para la protección de la mujer. Una vez terminado, presentaron en marzo un proyecto único sobre este tema que ahora tratan varias comisiones de la Cámara de Diputados. El objetivo del encuentro del martes era que las organizaciones contribuyeran al debate de esta iniciativa.

Elba Núñez, representante de la sección paraguaya del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, dijo a la agencia de noticias Efe que el proyecto no incluye sanciones penales para la violencia contra la mujer, pero sí señala que éstas deberían ser consideradas en una reforma del Código Penal, que también está en trámite en el Parlamento. Núñez criticó que la ley no otorgue un presupuesto a la elaboración de políticas para prevenir la violencia contra la mujer.

El proyecto propone como principal medida para combatir este tipo de violencia la “educación con enfoque de género”. Justamente éste fue uno de los puntos que generaron polémica en el debate del martes, ya que representantes de organizaciones católicas y de madres y padres de estudiantes rechazaron que éste sea el método adecuado, y argumentaron que introducir este tipo de contenidos en la enseñanza limita “la libertad de los padres de educar a sus hijos”. Estas organizaciones ya habían rechazado, en enero, el Plan Nacional de Educación Sexual y Reproductiva 2014-2018 presentado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el cual se propone “capacitar a padres y docentes“ en educación sexual para que acompañen los conocimientos que sus hijos adquieren en el sistema educativo.

Este plan del MEC se propone educar en edades tempranas sobre las ventajas de retrasar el comienzo de las relaciones sexuales y de la importancia de utilizar protección. En 2014, 684 niñas de entre diez y 14 años dieron a luz en Paraguay, así como más de 20.000 adolescentes de entre 15 y 19.

El tema del embarazo infantil y de la violencia que sufren las mujeres ocupó las portadas de los diarios en Paraguay a raíz del caso de una niña de diez años que quedó embarazada, debido a que sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro. La madre de la niña recurrió a un pediatra para pedirle que interrumpiera el embarazo, porque la vida de su hija corría peligro debido a su edad. El Código Penal paraguayo prevé que no sea procesado quien realice actos médicos que causen “indirectamente la muerte del feto” si corre riesgo de vida la madre. Sin embargo, ningún médico accedió a hacerle un aborto a la niña, que sigue adelante con el embarazo mientras permanece internada.

A su vez, la madre de la niña está detenida desde abril, acusada de ser cómplice de abusos sexuales, pese a que ella presentó una denuncia, que fue desestimada, contra su ex pareja ante la Fiscalía.