La presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó el viernes la Ley de Inclusión Escolar, que apunta a terminar con el lucro, la selección de estudiantes y el régimen de copago (el pago por parte de las familias y del Estado) en los colegios que reciben financiación pública. Comenzará a aplicarse el 1º de enero de 2016 en la educación básica, la secundaria pública y los centros educativos privados con financiación estatal.

En el marco de la reforma educativa, en abril se promulgó una ley que modifica el funcionamiento de la educación inicial, y también la “ley de incentivo de retiro docente”, que establece mejoras en la jubilación de esos profesionales en el ámbito de la educación pública. En diciembre había sido promulgada otra ley, que creó las figuras de “administrador provisional” y “administrador de cierre” para actuar en el caso de instituciones que no cumplan con la normativa.

Sin embargo, la Ley de Inclusión Escolar es la más destacada de las cuatro. Fue promulgada hace poco más de un año, después de que Bachelet la firmara y enviara al Parlamento, el 19 de mayo de 2014. “Ésta puede ser una de las leyes más importantes que hayamos cursado en los últimos años”, porque “marca un antes y un después para la historia de Chile”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, durante el acto de promulgación, en el que participó junto con la presidenta. “Podemos decir con orgullo que tendremos una educación sin lucro, en la que se terminarán las discriminaciones a los niños y el copago dejará de ser una carga para las familias”, agregó Bachelet.

La nueva legislación establece que las sociedades que controlen colegios y opten por recibir una subvención pública deberán convertirse en sociedades sin afán de lucro. Por otro lado, la educación estatal se beneficiará con un fondo de 250.000 millones de pesos chilenos anuales (unos 423 millones de dólares) a partir de 2016 y hasta 2019. En cuanto a la selección de estudiantes, en 2017 empezará la transición hacia un nuevo sistema de admisión en los colegios que reciben aportes del Estado, para evitar discriminaciones arbitrarias. En caso de que hubiera un mismo número de postulantes y vacantes en un colegio, todos los estudiantes podrán ingresar; y si no es así los establecimientos deberán usar un sistema aleatorio de selección.

Las próximas etapas de la reforma educativa se van a centrar en la enseñanza universitaria. Pero los profesores chilenos ya anunciaron que inician hoy un paro indefinido en protesta contra el nuevo estatuto docente que se tramita en el Congreso. “Estuvimos durante más de tres meses dialogando y presentando nuestras propuestas, pero muy poco de eso se vio reflejado en el proyecto de ley”, dijo el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo, al convocar el paro, y reclamó una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación para modificar el proyecto. Aunque éste prevé mejoras salariales, y un aumento de las horas de preparación y coordinación contabilizadas y pagas, los profesores se oponen a los exámenes que deberían dar para ascender y obtener aumentos salariales. Eyzaguirre dijo que “lamenta profundamente” el llamado al paro, y aseguró que el gremio de maestros estuvo informado del contenido del proyecto. “Yo llamaría a que podamos seguir conversando. Nosotros creemos que [el proyecto de ley] es un tremendo salto adelante para los profesores en la carrera docente”, dijo.

Mientras que la Asociación Chilena de Municipalidades, de las que dependen las instituciones públicas de enseñanza, rechazó la huelga y pidió debatir las divergencias en el Parlamento, los estudiantes anunciaron que se sumarán a una marcha de los profesores el miércoles y volverán a movilizarse, porque además entienden que la gratuidad progresiva y parcial que anunció el gobierno hasta el final de su mandato, en 2018, no es suficiente, y reclaman que ésta sea total.