En las elecciones de ayer se elegirían los 500 integrantes de la Cámara de Diputados mexicana, los gobernadores de nueve estados, así como alcaldes y otros cargos locales de 17 estados. El Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, era el favorito, pero la atención no estaba puesta sólo en los resultados.
Distintos sectores vinculados con la educación habían anunciado que intentarían “detener” las elecciones. Entre ellos se cuentan la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones de estudiantes que rechazan la Reforma Educativa aprobada por el gobierno en 2013. También se oponían a la realización de las elecciones los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala en setiembre, que eran respaldados por estudiantes de otras escuelas de magisterio.
Varios de estos grupos se movilizaron para boicotear los comicios. Algunas mesas de votación fueron ocupadas por profesores -y desocupadas en el transcurso del día por la Policía y el Ejército-, y también se desarrolló una marcha convocada por un sector del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero lo que causó más impacto fue el incendio de la papelería electoral e incluso de urnas enteras, porque si 20% del material electoral se perdía, las elecciones debían ser suspendidas.
Ayer no estaba del todo claro, pero había indicios de que los activistas lograron este objetivo en el municipio de Tixtla, en el que se encuentra la escuela rural en la que estudiaban los 43 jóvenes que desaparecieron. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, estado en el que se encuentra este municipio, primero anunció la anulación de la elección para alcalde porque activistas quemaron o robaron el material de 14 de los 54 centros de votación del municipio, pero después aclaró que no tiene la autoridad para anular el proceso, por lo que la decisión final quedaría en manos del Tribunal Estatal Electoral. Al cierre de la jornada de votación se movilizaban allí, por un lado, supuestos grupos de ciudadanos que querían votar y, por otro, los estudiantes que intentaban boicotear las elecciones y que horas antes habían robado o quemado el material electoral.
En Tixtla los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se habían manifestado el sábado de noche. Al cierre de la movilización, que fue acompañada por miles de personas, hubo varios apagones, fenómeno poco habitual en la zona, según los medios mexicanos. El origen de esos apagones se desconocía ayer. Algunos activistas acusaron al gobierno local de cortar la luz para impedir la difusión de la movilización y de los argumentos de los manifestantes que llamaban al boicot de las elecciones, a las que consideran “una farsa”.
Esas acciones de boicot se concentraban en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En Chiapas, maestros de la CNTE movilizados contra la reforma educativa tenían previsto ocupar emisoras de radio en una ciudad de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para pedirle a la población que no saliera a votar, y en un comunicado exigieron la salida de las Fuerzas Armadas mexicanas de ese estado. Desde el viernes se desplegó en esa zona un dispositivo policial y militar para garantizar la celebración de las elecciones.
El ministro de Gobernación (que equivale al del Interior), Miguel Ángel Osorio, destacó que ante estas movilizaciones se desplegó un dispositivo de seguridad que “ha tenido éxito”, lo que permitió “el desarrollo del proceso electoral”. También el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, manifestó que las elecciones se estaban celebrando “con normalidad”. Por su parte, Peña Nieto dijo que pese a “incidentes aislados” se pudo instalar “la mayoría de los centros de votación”, lo que valoró como satisfactorio.