El gobierno argentino atribuyó intencionalidades políticas a la decisión del juez argentino Claudio Bonadio de ordenar el lunes un allanamiento a la inmobiliaria de Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández, para obtener documentación sobre un hotel del que la presidenta es accionista. El juez, enfrentado con el gobierno, investiga supuestas irregularidades en la administración de ese hotel. Además, Bonadio dispuso un nuevo peritaje contable sobre la empresa Hotesur, gestora del hotel Alto Calafate.

La investigación partió de una denuncia de la legisladora opositora Margarita Stolbizer. De acuerdo con ella, Alto Calafate, un lujoso establecimiento de El Calafate, podría ser una empresa “fantasma” usada en su momento por Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, para hacer negocios irregulares con el empresario Lázaro Báez. Bonadio también ordenó nuevas medidas para investigar a firmas de Báez.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que Bonadio “está generando un show y un hecho político en un año electoral”. Opinó que es “un despropósito que un magistrado que hace seis meses que tiene una causa detenida mágicamente la saque, la desempolve y tome medidas”.

“A mí me cuesta creer que [Mauricio] Macri no forma parte de esta discusión”, agregó. El funcionario se refirió así a que, para ejecutar las órdenes de Bonadio, viajó desde Buenos Aires personal de la Policía Metropolitana, la fuerza que depende de Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño y el principal precandidato a la presidencia por la oposición.

Con él coincidió el conjunto del oficialismo. Funcionarios, diputados y dirigentes de todo el país señalaron que esto ocurre a 17 días hábiles de las elecciones primarias del 9 de agosto, en las que se definirán los candidatos que competirán por la presidencia el 25 de octubre. “Era un simple pedido de papeles que se podría haber hecho por escrito”, dijo la jefa del bloque de diputados del kirchnerismo, Juliana di Tullio.