El allanamiento, el lunes, a la inmobiliaria de Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, volvió a poner en la agenda la causa Hotesur, por la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas con el hotel del que la gobernante es la accionaria principal. El asunto generó un fuerte revuelo político a días del balotaje para la elección de jefe de gobierno porteño, en el que el candidato favorito es Horacio Rodríguez Larreta, del partido del actual jefe de gobierno Mauricio Macri, Propuesta Republicana (Pro).
El jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, acusó ayer a Macri de hacer una “campaña sucia”, porque la Policía Metropolitana porteña se desplazó hasta el sur para cumplir con el allanamiento en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. El funcionario cuestionó que Macri se haya tomado la molestia de “mandar a su Policía, que depende de él, 2.600 kilómetros de ida y 2.600 de vuelta”, y aseguró que ese operativo costó 450.000 pesos argentinos (unos 34.000 dólares).
Macri respondió que esas acusaciones son una “vil mentira” y que los policías actuaron por orden judicial. “En cientos de casos fuera de su jurisdicción, la Metropolitana fue convocada por la Justicia Federal para investigar casos de narcotráfico y de trata”, dijo a Radio Mitre.
Sin embargo, Macri y el juez federal Claudio Bonadio, que ordenó los allanamientos, fueron denunciados ayer por “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos” por la intervención de la Policía Metropolitana en Río Gallegos. Además, por el planteo de nulidad que había presentado una de las imputadas, Romina Mercado, Bonadio fue apartado ayer de esta causa. Los jueces entendieron que “se violó el derecho a la defensa” y acusaron al magistrado de “parcialidad”.