La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El contenido establece nuevos derechos relevantes en torno a un desafío regional y exige pensar en políticas públicas en un marco de transformaciones demográficas: el número total de personas de 60 años o más era de 700 millones en 2009 y se proyecta que alcanzará los 2.000 millones en 2050, según estudios de Naciones Unidas.

Contar con una convención regional de esta naturaleza supone una modificación en la forma de pensar este tema y de actuar desde la familia, la sociedad y el Estado. La convención está atravesada por conceptos como el de igualdad sustantiva, y asume que, en muchos casos, las personas mayores se encuentran en desventaja comparativa para ejercer sus derechos, lo que requiere medidas especiales y efectivas para derrumbar definitivamente esos obstáculos. Medidas que den cuenta de un Estado fuerte y garante de los derechos fundamentales, con capacidad de acción sólida y efectiva para atender las demandas de estas personas y de pensar a largo plazo.

Este nuevo piso de derechos es el resultado del trabajo comprometido de varios Estados que han impulsado esta convención que hoy está en vigencia, sin olvidar a los grupos y los movimientos de personas adultas mayores que están demandando la plena vigencia de sus derechos, incluyendo la atención integral y el buen trato en condiciones de igualdad. El proceso de redacción y negociación de la convención por los gobiernos para consensuar las obligaciones previstas en el texto tuvo el acompañamiento técnico clave de la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para América Latina como expertos independientes y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.

La convención reconoce la independencia, la autonomía y la plena capacidad jurídica de las personas mayores para tomar todas las decisiones que afectan su vida. También avanza en temas como la regulación de las residencias de larga estadía, espacios que hasta hoy se encuentran, en muchos casos, por fuera del control estatal. Éstos son solamente algunos ejemplos que reflejan la nueva concepción del lugar que ocupan las personas mayores y del papel que se debe asumir para garantizar de manera efectiva los derechos.

Finalmente, reconoce el derecho al cuidado, que envuelve el desarrollo efectivo de un sistema integral de asistencia y apoyo a las personas mayores y debe significar un cambio de paradigma en la concepción tradicional de abordar el trato, la atención y las políticas públicas en esta materia. Desde hace un tiempo, principalmente en el Mercosur, se reflexiona sobre el buen trato como forma de reafirmar el derecho a una vida libre de violencia de las personas mayores, las mujeres y los niños. Ahora este concepto se reconoce por primera vez en un instrumento internacional de derechos humanos de las personas mayores, de forma sin precedentes, que nace desde América Latina y el Caribe. El derecho al cuidado tal vez sea uno de los temas más novedosos con potencial transformador en política pública, una tarea que históricamente estuvo reservada al ámbito privado, con una evidente sobrecarga en las mujeres.

Que la OEA apruebe esta convención es un reconocimiento de que países de la región avanzan, piensan y planifican la agenda de derechos humanos, igualdad y desarrollo. Todavía queda un largo trecho por recorrer, compromisos que cumplir, legislaciones que adecuar, políticas que diseñar, presupuestar e implementar dándole prioridad a la temática de personas mayores. Ahora es necesario celebrar que hemos dado un gran paso para avanzar, cada vez más, preparados de cara al futuro.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur