La aprobación de la baja de la edad de responsabilidad penal sería “una bomba” para el sistema carcelario, advirtió ayer el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo. “No veo consecuencias sólo para el gobierno, las veo para el país”, advirtió en una actividad realizada junto con el ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Pepe Vargas. Por su parte, Cardozo se refería a que, si se aprobara esa reforma, aumentaría notoriamente la cantidad de detenidos, cuando ya hay una grave situación de hacinamiento carcelario. Ese encuentro congregó a miembros de partidos opuestos a esa ley, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores, el Partido de la República, el Partido Republicano Brasileño y el Partido Comunista de Brasil.

La reforma, tal como llegó a la votación de anoche en Diputados, prevé que se juzgue como mayores, a partir de los 16 años, a los adolescentes que cometan crímenes violentos como homicidio doloso, violación, robo seguido de muerte, robo altamente cualificado, lesión corporal grave, tráfico de drogas o terrorismo. Para ser aprobada, necesitaba 308 votos de los 513 diputados. Para esto contaba con el apoyo de las poderosas bancadas de diputados evangélicos, la “de la bala” (ex policías y militares, dirigentes que cuentan con apoyo de la industria de las armas o de servicios de seguridad), y con el de integrantes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del gobierno.

Por eso Vargas señaló durante la reunión que no se trata de un tema de oposición contra el oficialismo, y puso como ejemplo que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del opositor PSDB, se pronunció en contra de esta reforma, que a pesar de las tendencias generales también divide dentro de las fuerzas políticas.

Ayer, además, surgió una iniciativa para intentar incidir en los legisladores evangelistas. La revista Carta Capital informó que recibió una carta que fue remitida a ellos, impulsada por “diversas entidades religiosas y evangélicas” en contra de la reforma, entre ellas la organización evangélica Visión Mundial. Wellington Pereira, pastor de esa organización, dijo a Carta Capital: “Nuestra intención es avergonzar a los diputados y senadores, mostrando cómo una baja de la mayoría penal es incoherente. No hay un hombre que crea en la Biblia que defienda que la única solución para nuestros jóvenes es el encarcelamiento”. El lunes, la organización Amnistía Internacional también hizo una declaración contraria a la reforma.

Apuesta oficial

Para intentar quitarle fuerza -y ganarle de mano- a la iniciativa, ingresó al Senado un proyecto de ley que intenta dar una respuesta distinta, y que es respaldado por el Ejecutivo de Dilma Rousseff. Como no se trata de una reforma constitucional (esta iniciativa mantiene la edad de imputabilidad en 18 años), su tratamiento será más rápido y no requiere mayorías especiales. Además, ingresó a la cámara alta con carácter urgente, directo para ser votada anoche en el plenario, sin pasar por una comisión.

Esta reforma, basada en una propuesta del opositor José Serra (del PSDB), modifica el Estatuto del Niño y del Adolescente. Aumenta de tres a ocho años la pena máxima aplicable a una persona menor de 18 años que cometa delitos graves, sin dejar de lado el acceso a la educación, la formación profesional o el trabajo en régimen de semilibertad, según disponga un juez. Además, este proyecto aumenta las penas para quienes ayuden a jóvenes a escaparse de los centros para jóvenes y adolescentes, en particular si se producen actos de violencia durante la fuga. También establece que es delito incitar a niños y adolescentes a cometer delitos. Para ser aprobada en el Senado esa reforma necesitaba el voto de 42 de los 81 senadores.

No tan fácil

Tal y como se esperaba, y tal como ocurrió cuando el texto se aprobó en comisión, ayer hubo enfrentamientos dentro y fuera de la Cámara de Diputados, donde protestaron organizaciones de defensa de los derechos de los afrodescendientes, así como militantes juveniles y estudiantiles, entre otros. Un legislador contrario a la reforma, Heráclito Fortes, del Partido Socialista Brasileño, fue tirado al piso por los manifestantes, a pesar de que intentó explicarles que él estaba de su lado.

Hace algunas semanas parecía que la baja de la edad de imputabilidad iba a ser aprobada sin mayores dificultades ayer, pero Cardozo dijo que varios diputados habían reflexionado y que el panorama era “incierto”. Lo mismo parecía pensar uno de los principales impulsores de la reforma constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB). Según citó el diario O Globo, Cunha dijo que si no alcanzara la mayoría no se sentiría “derrotado”, y que lo que más le importa es “discutir, debatir y votar, [porque] es la esencia del Parlamento”. Antes de las votaciones de anoche, al cierre de esta edición, los medios de Brasil tampoco descartaban que la ley fracasara, a favor de la alternativa propuesta por el gobierno en el Senado.