El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, contó que en una reunión que tuvieron varios presidentes autonómicos con el rey, éste dijo que Mas no estaba dispuesto a frenar el camino adoptado por Cataluña, y que por lo tanto éste era “irreconducible”. Recién en estas últimas semanas parece haber quedado claro que Cataluña va en serio en el camino independentista, después de que los dos principales partidos de la comunidad autónoma (en el Parlamento catalán y en intención de voto) se unieran en una lista común, independentista, que contará con activistas, intelectuales y políticos soberanistas.
La lista es tan diversa que su número dos es Carme Forcadell, la ex presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (una organización civil independentista), y el último lugar en la lista lo ocupará Pep Guardiola, el ex director técnico del Barcelona. También se unieron a esta lista grupos escindidos de partidos tradicionales, entre ellos dos de Unió Democràtica y cuatro del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
Con el fin de darles el valor de referéndum a las elecciones, Convergència Democràtica y Esquerra Republicana de Catalunya se unieron, pero no así los unionistas, los que se oponen a la independencia. Días atrás el Partido Popular hizo una propuesta en este sentido a Ciudadanos (que se llama Ciutadans en Cataluña, donde fue fundado) y al PSC, pero ambos la rechazaron. Además de estos partidos se presentarán, entre otros, la lista “Catalunya sí que es pot” (Cataluña sí que se puede), en la que confluyen Podemos, Iniciativa per Catalunya-Verds y Barcelona en Comú (la formación que respaldó la candidatura de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau), que piden una mayor autonomía para Cataluña pero no la independencia. El rey no fue el único en reaccionar, también lo hizo el gobierno español, que en los últimos días se encargó de recalcarle al Ejecutivo catalán que la hoja de ruta que eligió para una eventual victoria de las listas soberanistas incumple con las leyes españolas. En una conferencia posterior al último Consejo de Ministros, la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso advertirles “claramente” al presidente de la Generalitat y “a quienes le acompañan” que “en España la ley se cumple” y que “mientras este gobierno esté donde está se seguirá cumpliendo” y se utilizarán “todos los instrumentos de la Constitución para imponer la ley”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que el gobierno de Mariano Rajoy estudiará la convocatoria para las elecciones que apruebe el Parlamento catalán, seguramente el lunes. “El gobierno podría impugnar incluso el decreto de convocatoria si no se adecuase a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Catalá, y agregó que el Ejecutivo “va a tener absoluta firmeza en la defensa de la Constitución”. La expectativa es tal que se retrasó la licencia del Tribunal Constitucional, que debería pronunciarse sobre este punto.
El gobierno y los tribunales Supremo y Constitucional (conformados en su mayoría por jueces designados por el Partido Popular y afines a éste) también han puesto sobre la mesa la posibilidad de que se recurra al artículo 155 de la Constitución española, que permite “desapoderar” a una comunidad autónoma en casos de incumplimiento de la ley.
En Cataluña no sorprenden estas advertencias del gobierno español. La número dos de la lista independentista, Forcadell, realizó un acto de campaña este fin de semana en el que dedicó buena parte de su discurso a pedir “tranquilidad” frente a las “provocaciones” de Madrid.
No sólo Madrid mira a Cataluña. El sábado se celebró el Día de la Patria Gallega y se realizó la tradicional marcha por el derecho a decidir, pero esta vez con el mayor número de asistentes hasta ahora recordado, según los medios españoles. El día anterior el Bloque Nacionalista Gallego, EH-Bildu (del País Vasco) y Candidatura d’Unitat Popular (de Cataluña) firmaron un acuerdo para “romper las cadenas” con España. El texto que firmaron es un manifiesto dirigido a abrir un proceso constituyente para llegar por el camino democrático a la “soberanía y libertad” de Galicia, el País Vasco y Cataluña.