Un asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) explicó a qué tipo de justicia transicional aspira la guerrilla colombiana. “Las FARC no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento”, dijo a la revista colombiana Semana el abogado español Enrique Santiago, que asesora a la guerrilla en la Mesa de Conversaciones con el gobierno de Colombia en La Habana. El abogado, que es dirigente del Partido Comunista y de Izquierda Unida en España, y ejerce como asesor de las FARC desde hace un año, dijo que es necesario “un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad” y que “se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador”.

Por otro lado, señaló que la guerrilla no aceptará la aplicación del Marco Jurídico para la Paz, que fue aprobado en 2012 e incluido en la Constitución, porque se aprobó de manera “unilateral” y porque prohíbe la actividad política a quienes sean condenados por crímenes graves de guerra o contra la humanidad, cuando “lo único que no se les puede prohibir es que participen en política”, dijo.

Además, el abogado especializado en derechos humanos consideró: “Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad. Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel es un concepto medieval”.

También sugirió que el mecanismo de justicia extrajudicial que se podría aplicar en este caso podría consistir en “una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas”. Agregó que al mismo tiempo será necesario “un tribunal de cierre que ratifique las sanciones que se impongan desde esta instancia extrajudicial” y que además se haga cargo de “juzgar a quienes no quieran ofrecer verdad completa y exhaustiva, e imponerles las penas que el sistema ordinario establezca”.

Advirtió que si se quiere aplicar penas de prisión, deberán ser “para todo el mundo y no sólo para las FARC”. Consideró que esto alcanzaría “a la cúspide de la cadena de mando, alcanza a ministros, presidentes y a toda la cadena política”. Explicó que en una democracia “la cadena de mando del Estado [...] acaba en el palacio presidencial y en el Consejo de Ministros”, algo que “está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional”.

Santiago señaló que “la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos”, y denunció el “trabajo unidireccional” de la Fiscalía colombiana, que “creó una unidad de contexto sobre los delitos de las FARC y tiene documentados más de 50.000 crímenes y hay 800 funcionarios trabajando en eso”, pero “reconoce que no hay una unidad de contexto para los casos de crímenes de Estado ni del paramilitarismo”.