Magíster en Ciencia Política, con una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Franzki estudió en Alemania, Reino Unido y Uruguay, y está terminando un doctorado del Birkbeck College, de la Universidad de Londres. Participó en el libro ¿Usted también, doctor? Complicidad de funcionarios judiciales y abogados durante la dictadura, coordinado por el abogado y jurista Juan Pablo Bohoslavsky, que se publicó este año. En esa obra, Franzki escribió el capítulo “A modo de (in)conclusión: entre complicidad judicial y violencia jurídica”. Hace unos años, participó en otro libro sobre este mismo tema, también coordinado por Bohoslavsky, junto con Horacio Verbitsky, Cuentas pendientes, en el que coescribió un capítulo sobre el caso Ledesma, una empresa de Jujuy que produce papel y azúcar y es acusada de haber colaborado con la dictadura argentina.
En su tesis de doctorado, que implica seguir los juicios argentinos, esta investigadora parte del “antecedente alemán” y los juicios celebrados en su país en la década del 50 contra empresarios acusados de haber colaborado con los nazis.
-¿Cómo llegaste a trabajar este tema?
-Estaba estudiando las dictaduras en el Cono Sur, porque fui estudiante de intercambio acá. A los 16 años estuve en Tranqueras, en el departamento de Rivera. Me hice amiga de mucha gente, de familiares, ex presos políticos, y empecé a estudiar la historia de acá. Luego, al empezar a estudiar ciencia política allá [en Europa] me encontré con el derecho penal internacional, la Corte Internacional Penal, el Estatuto de Roma. Me llamó la atención que todos los reclamos de verdad y justicia que se hicieron acá en los 90 estuvieron centrados en los militares y en el Estado como institución -me refiero más bien al caso argentino, conozco poco el uruguayo-, cuando había testimonios que también hablaban del papel de empresarios. Ese papel consistía en facilitar listas a los militares para que se llevaran a los trabajadores sindicalizados o, como en el caso Ledesma, los testimonios de los familiares indican que se llevaron a los trabajadores en los autos de la empresa. Además, en los años 80 hubo un proyecto económico de la dictadura, se aprobaron políticas económicas, se dio el cambio de economía productiva a economía financiera en la redistribución de ingreso.
-¿La idea es que el liberalismo es una herencia de la dictadura?
-Sí. Eso estuvo muy presente en los años 80. Cuando uno mira la literatura, incluso académica, y los análisis de lo que fue la dictadura allá, hay un examen claro de lo que fue la dimensión económica, un examen que luego, en los años 90, desaparece. Los estudios y los enfoques sobre el terrorismo de Estado están todos concentrados en los actores militares. Me llamó la atención.
-¿Y cuál fue la explicación que encontraste?
-Para mí, la explicación está sobre todo en el momento político mundial, el fin de la confrontación de bloques, y la aparición del discurso de la revolución liberal, la alternativa política que es la combinación de democracia liberal y economía de mercado, cuando el pensamiento liberal se basa, justamente, en la separación entre economía y política. Entonces, con la intención de hacer el cambio político dentro del marco liberal, era suficiente concentrarse [al reclamar verdad y justicia] en las instituciones estatales. Juzgamos a los que estuvieron a cargo del Estado, de esta forma afirmamos los valores democráticos y podemos generar un cambio y una democratización. Por democratización, en los 90, se entendía democracia liberal y economía de mercado.
-¿Para vos los militares estuvieron al servicio de los empresarios y no a la inversa?
-A mí lo que me interesa es cómo el derecho penal posiciona a los actores económicos con respecto a los militares. No hice un estudio histórico. Creo que es muy visible en lo que fue el Proceso de Reorganización Nacional [como se autodenominó la dictadura]. La palabra “proceso” muestra que los militares entendieron que lo que hacían estaba al servicio de una democracia futura, que estaban reorganizando la nación para entregarle de nuevo el gobierno a una democracia, más allá de que esa intención fuera sincera o no. En ese marco se dio el aporte individual de ciertos empresarios; pero no sabemos si los empresarios se aprovecharon de una situación general para sacarse de encima a la gente que no les venía bien, o si, al contrario, se trató de un acuerdo al servicio del poder empresarial. A mí lo que me interesa es qué interpretaciones hacen los jueces respecto de la dimensión económica. Me interesa porque se está apostando al proceso penal para saber la verdad sobre lo ocurrido, para que no vuelva a ocurrir. En ese marco es importante saber cuáles son las interpretaciones que puede hacer el derecho penal del pasado, cuáles son las narrativas que surgen de la lógica muy particular que tiene.
-¿Cuál fue la lógica a la hora de dejar de lado las complicidades empresariales de la dictadura?
-En 1988, 1989 y los primeros años de los 90 se desarrollan en la ciencia política los estudios de democratización y de transición hacia la democracia. Está el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, pero sobre todo gente de Estados Unidos, que investigaba las condiciones y las transiciones exitosas hacia la democracia. Esa perspectiva marca un cambio respecto de las anteriores, que tenían un enfoque marxista o estructuralista. En la década de 1990, se organizaron varios encuentros [documentados en un artículo de 2009 por Paige Arthur, doctora en Relaciones Internacionales especializada en derechos humanos, entre otros] con el apoyo de la fundación Ford, y allí es que surge la expresión “justicia transicional”. Se juntan estos académicos especializados en transición, representantes de organismos de derechos humanos del Cono Sur y de Europa del Este, con varios miembros de think tanks de Estados Unidos. Se reúnen para ver qué puede aprender Europa del Este de las experiencias argentina y uruguaya. Entonces cambia el enfoque: ya no se trata de estudiar cómo se dan los procesos, sino de generar recomendaciones de medidas políticas para llegar a una democracia. En ese momento, aquellos actores eran muy conscientes de que si se incluían en la transición demandas de verdad y justicia que apuntaban también a los actores económicos, iba a haber una fuerte corriente en contra del proceso de transición. Como el objetivo era llegar a una democracia con elecciones cada tantos años, una decisión estratégica fue enfocarse sólo en los militares, que ya estaban fuera del poder, y esperar a que la situación fuera más estable para hacerse cargo del resto.
-¿Tu hipótesis es que estaba previsto que en algún momento -como es el caso ahora en Argentina- se juzgara a los responsable civiles?
-Yo no digo que estuviera previsto. Pero en los años 90 había una conciencia muy fuerte de la dimensión económica y una decisión consciente de dejarla de lado. Luego, el discurso que viene después en los 90 muestra que la gente se olvidó de que ésa fue una decisión consciente y en ningún momento se volvió a tocar. En los últimos años ha habido un resurgimiento de la cuestión económica en la violación de derechos humanos, no sólo en cuanto a la responsabilidad empresarial en crímenes sistemáticos de Estado, sino también, en plena democracia, en cuanto a la responsabilidad de las transnacionales con proyectos de inversión grandes. Se toma el tema como si recién se hubiera descubierto, y la mayor parte de la literatura no toma en cuenta que fue una decisión consciente. En esos años todo el mundo sentía que una democracia institucional liberal y una economía de mercado eran el modelo con el que se iba a terminar la historia. Hay un autor estadounidense, Brett Levinson, que afirma que la imposición de la libertad de mercado fue la razón de la instalación de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y que olvidar ese hecho facilita la adopción de los valores del libre mercado, como los de la democracia. Acordarse de eso hace más difícil aceptar los valores neoliberales como valores de la democracia. Entonces, separar lo que fueron los proyectos del terrorismo de Estado de los proyectos económicos que tenían permitía asociar a la democracia institucional con las políticas neoliberales. Además, las medidas económicas que impuso Carlos Menem, con casi cero resistencia, fueron posibles porque esa resistencia se había eliminado durante la dictadura, en particular la del movimiento sindical.
-¿Cuál fue el papel que jugaron los actores del sistema judicial en esta decisión de no atender la complicidad de empresarios?
-Es muy interesante el nexo que hay con lo que ocurre hoy en día. Los militares ya no están en el poder, pero hay muchos jueces que siguen en su cargo luego de haber empezado su carrera durante la dictadura. Lo mismo pasa con los empresarios. Volviendo al caso Ledesma, en marzo se revocó el procesamiento de [el presidente de la empresa Carlos Pedro] Blaquier y [el administrador en el momento de los hechos, Alberto] Lemos, que eran los dos acusados en la causa, y entonces aparece lo que es la complicidad que sigue hoy en día. Yo no sé decir mucho sobre el papel del Poder Judicial durante la dictadura argentina, no es mi campo de estudio. Pero cuando se observa la actitud de los jueces a la hora de llevar adelante la investigación de los crímenes, se ve una resistencia muy fuerte en los años 90, aunque también se ve a algunos jueces con ganas de llevar adelante las causas, rescatando argumentos jurídicos del derecho internacional para cuestionar las leyes de amnistía. En 2003 estas leyes se declararon inconstitucionales y lo confirmó en 2005 la Corte Suprema, pero hoy, en relación con los actores económicos, no hay ningún juicio oral en curso.
-Sí, pero hay causas judiciales abiertas.
-Sí, Ledesma, la mina El Aguilar, ambas en [la provincia de] Jujuy, el caso de La Veloz del Norte, una empresa de transporte con sede en Salta y que hace viajes por todo el país, y luego está el caso [de la empresa estadounidense] Ford. Están en etapa de instrucción, con acusados procesados, y se está esperando la apertura de la etapa de juicio oral. Lo que pasó en el caso Ledesma es que la decisión de procesarlos fue apelada por los abogados de los acusados (uno de ellos fue juez en el juicio de las Juntas). Después de un año y medio, esto llega a la Cámara de Casación, que en marzo de este año emitió un fallo declarando falta de méritos.
--¿El fallo argumenta que faltaron pruebas?
-Sí. Dice que no hay suficientes pruebas para abrir el juicio oral. Era el juicio más avanzado y se trancó con esa decisión. Ahora mucha gente que está trabajando en las causas por complicidad económica tiene miedo de que ocurra lo mismo con cualquier causa que llegue a la Cámara de Casación.
-¿A qué se debe esto? ¿Quién integra esa Cámara?
-Son tres jueces [Juan Carlos Gemignani, Eduardo R. Riggi, Gustavo M. Hornos] conocidos por ser conservadores y porque no son afines a los Kirchner. Yo fui, hace algo así como hace un mes y medio, a un encuentro con varios abogados que trabajan en distintas causas de complicidad económica, justamente para estudiar las posibles estrategias
jurídicas que había que implementar ante ese fallo, porque se esperaba que esa línea se aplicara a otros casos. Lo interesante es que el fallo en la causa Ledesma no cuestiona el uso de camionetas [de la empresa para transportar a los detenidos], cuando, durante todo el proceso de instrucción, la lucha se dio para probar que realmente se habían usado esas camionetas. La Corte dice que está probado que las camionetas se usaron en algunos secuestros, pero que no está probada la intención de los autores. En derecho penal están la faz objetiva y la faz subjetiva. No alcanza con actuar, sino que tiene que demostrarse lo que en inglés se llama la “intención criminal” y en español es la faz subjetiva. El fallo dice: “No podemos probar que Blaquier y Lemos se podían imaginar lo que iba a pasar con estas camionetas”. Eso en plena dictadura, ¿no? La crítica que se le hace a este fallo es que se trata de una etapa de instrucción, no de un fallo final. Justamente, la tarea del juicio oral es determinar si hubo intención.
-Están frenando el juicio desde el comienzo.
-Sí. Esto nunca pasó, en ninguna causa similar, con los militares en los últimos años. Así que parece que hay una resistencia a la hora de avanzar en lo que es la complicidad empresarial.
Está ocurriendo esa resistencia que se había intuido en los años 1990.
-Sí. Lo que se habló en el encuentro [con abogados que trabajan en casos de complicidad empresarial] es que muchos de los juicios se juegan en los pasillos. En la sede de Comodoro Py [donde están los tribunales federales, en Buenos Aires] muchas decisiones de los jueces se toman en charlas pequeñas, en base a tirar argumentos para tratar de convencer. La reflexión de los abogados con los que hablé fue que con el procesamiento [de Blaquier y Lemos] se descansaron, después de mucho esfuerzo en el proceso de instrucción, y no hicieron el lobby suficiente una vez en Casación, mientras que de repente los abogados de Blaquier sí. También es cierto que si se comparan los abogados de los militares y los de los cómplices económicos, hay una diferencia. Blaquier tiene abogados de uno de los estudios más grandes de Buenos Aires. No te sé decir por qué se da esta resistencia [judicial]. Hay gente que está a favor de que se juzgue a los militares pero que ahora que se quiere investigar la complicidad de los jueces, de los sacerdotes, de los empresarios, dice que se está ante un plan de venganza. Pero no es que recién ahora se acordaran en Jujuy; los familiares vienen reclamando Justicia desde los años 80.
-¿Entonces, qué pasó desde los 80 hasta ahora para que no se abordara el tema?
-Primero estuvo la ley de amnistía y luego, una vez que ya estaban abiertas otras causas, el juez de instrucción no actuaba. Esto fue hasta que hace unos cuatro años las organizaciones del norte, que en su mayoría son de desocupados, ocuparon la casa de gobierno pidiendo un cambio de juez: a los tres días, el juez renunció. Eso muestra que los jueces no son tan independientes de lo que pasa en la sociedad.
-Los jueces no viven fuera del mundo.
-No. Creo que dentro del Poder Judicial hay toda una lucha entre gente que entró a partir del gobierno de Néstor Kirchner [a partir de 2003] y los que entraron antes.
-También hay resistencia de jueces designados por el propio Kirchner.
-Sí. Pero los que yo conozco y que están tratando de avanzar son parte de una generación joven de juristas que tampoco pertenece a las clases típicas -media, media alta- de las que, durante años, provenían los abogados.
-¿Qué fue lo que hizo que se volviera a poner sobre la mesa los casos de complicidades civiles con la dictadura?
-En muchas luchas locales el tema seguía presente, pero estalla con la causa de la apropiación Papel Prensa. Cuando Clarín se opuso mucho al gobierno y Kirchner decidió hacer hincapié en que Clarín tiene el poder que tiene solamente por las apropiaciones de bienes que logró durante la dictadura. Ahí aparece el tema de la apropiación de bienes, que es otra línea de la investigación aparte de la complicidad empresarial. En total se calcula que unos 250 empresarios fueron secuestrados y forzados bajo la amenaza de un arma a vender, y fueron despojados de sus bienes.
-¿Cómo evaluás las tensiones que hay en la actualidad entre algunos actores del sector judicial y el gobierno argentino?
-Para mí la Justicia siempre es política. La demostración más obvia es ésa de “yo como gobierno cambio a un juez”, luego eso se ve en el hecho de hacer avanzar o no las causas. Pero también hay política en lo que para algunos es un mero argumento técnico, como lo de la faz subjetiva. No es que el derecho te deje una sola opción a la hora de fallar.
-Ahora el conflicto parece basarse más en investigaciones en contra de jerarcas del gobierno.
-No termino de entender los matices y las corrientes, lo que es realmente estrategia política o preocupación por la independencia judicial.
-Por ejemplo, ¿cómo evaluás los cambios que hubo en la designación de jueces, en comparación con otros sistemas jurídicos?
-Lo veo como un sistema entre muchos, que no es más o menos politizado que otros. Habría que preguntarse por qué se da en este momento, pero ahí no te sé decir.
-En la misma línea, seguro que la publicación ahora de un libro como ¿Usted también, doctor? no es vista como una casualidad en Argentina.
-De hecho, durante el proceso de elaboración del libro se dio este debate. El editor [Bohoslavsky] había invitado al constitucionalista Marcelo Alegre para que escribiéramos juntos la conclusión del libro. Después de un intercambio de ideas, nos dimos cuenta de que no estábamos parados en el mismo lado y de que no podíamos escribir juntos [finalmente, Alegre escribió un capítulo aparte, llamado “De la ESMA al Indec. La Justicia frente al poder”]. Pero justamente lo que surgió en el intercambio de mails fue que Alegre estaba muy preocupado por la reputación de la clase jurídica actual, y pensaba que no había que ser demasiado duros con los jueces porque no sabemos cómo hubiéramos actuado nosotros. También tenía ese argumento de que con ese avance contra los jueces se estaba atacando a gente que simplemente estaba haciendo su trabajo. Pero en general, Alegre es de los que están a favor de las causas [por los crímenes militares de la dictadura].
-Parece una reacción corporativa, ¿no?
-Sí. Yo, como extranjera, la viví de esa forma. También creo que, hablando de lo que es la complicidad de los jueces, muchas veces cuando los hacemos responsables por su actuación durante la dictadura -por no haber investigado cuando les llegaba un habeas corpus, por ejemplo- hablamos de su actuación moral. Pero si nos ponemos a mirar el orden jurídico de la dictadura, éste trataba de avalar sus actuaciones por el derecho. Entonces el problema no es solamente que los jueces no miraron el derecho, sino que también aplicaron las leyes que en ese momento estaban en vigor. A lo que voy es que no sólo se trata de un fallo moral de los jueces, pero que hoy necesitamos jueces que actúen bien y apliquen la ley. El derecho, en sí, tiene una intencionalidad para legalizar ciertas actuaciones y prohibir otras. Si nos limitamos a aplicar el derecho vigente, puede ser que nos estemos perdiendo de vista un montón de violencia que hoy en día está avalada por el derecho. Estoy hablando, por ejemplo, del sufrimiento que causan la pobreza, los desalojos y otras realidades socioeconómicas.
-¿El derecho por sí solo no alcanza? ¿Se debe sumar el juicio personal de cada juez sobre si la ley es justa o no?
-Sí. Justamente. En última instancia, si sólo aplicamos el derecho puede ser que no estemos actuando de manera justa. Entonces, cuando el debate se limita a querer establecer si el derecho era bueno o malo durante la dictadura, oponiéndolo al Estado de derecho que rige hoy, lo que estamos perdiendo de vista es que también hoy, cuando como jueces nos limitamos a aplicar el derecho, estamos dando lugar a situaciones de injusticia que el derecho actual no reconoce como tales. Tanto en la dictadura como en la actualidad, desde el punto de vista de la teoría legal, el problema es el mismo (ojo, no estoy diciendo que la violencia sea la misma). Es difícil decirle a un juez que no sólo tiene que aplicar la ley sino también decidir cuando no aplicarla, pero es lo que les estamos pidiendo a los jueces de la dictadura. Entonces ¿por qué no se puede hacer hoy en día?