Alejandro García Padilla, el gobernador de Puerto Rico, anunció que este estado libre asociado a Estados Unidos renuncia a enfrentar los vencimientos de su deuda en sus términos actuales y buscará una moratoria que le permita impulsar medidas que incentiven el crecimiento económico. Considera que su estancamiento es una de las causas de la crisis económica que enfrenta. “Sin un crecimiento agresivo de la producción, nunca saldremos del ciclo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos”, dijo el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en un discurso emitido por televisión en el que dijo a la población que la coyuntura es “insostenible”.

Un informe elaborado por un equipo de expertos liderados por la ex economista jefa del Banco Mundial y ex directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, a pedido del gobierno, también aboga por la renegociación de los bonos municipales respaldados por el gobierno estatal, ya que el Ejecutivo está obligado, por la Constitución, a pagarlos antes que cualquier otro gasto público, explicó la agencia de noticias Efe. García dijo en su discurso que serán necesarios “sacrificios”, tanto de los bonistas (entre ellos, puertorriqueños que invirtieron sus ahorros) como del gobierno y de la población en general.

El Informe Krueger recomienda recortar 2.000 millones de dólares de gasto público anual (cerca de 20% del presupuesto) hasta 2020 y 2.500 millones hasta 2025, y renegociar la deuda. Como el país tiene el estatus de estado libre asociado a Estados Unidos, el estudio aconseja que el gobierno pida a Washington autorización para dejar de pagar el salario mínimo federal y dejar de respetar las leyes de navegación estadounidenses, que aumentan el precio de las importaciones y de las exportaciones.

El informe también recomienda que Estados Unidos le permita a Puerto Rico ampararse en la Ley de Quiebras, como lo hizo, por ejemplo, la ciudad estadounidense de Denver, para evitar tener que declararse en default.

Alienta, además, a recortar ayudas sociales y beneficios laborales, flexibilizar el despido, cerrar escuelas y aumentar el precio de la educación pública universitaria, entre otras medidas. Según ese informe, hace seis años que Puerto Rico sobreevalúa sus ingresos y tiene demasiadas exenciones y amnistías fiscales. También señala que en los últimos diez años la inversión cayó 10% y los activos bancarios 30%, y que sólo 40% de la población adulta trabaja o busca trabajo, mientras que el resto no aporta o lo hace en la economía informal. A esto se suma que cada año Puerto Rico pierde 1% de su población a causa de la emigración.

García advirtió que no piensa reducir ni los funcionarios, ni los maestros, ni el salario mínimo. Pero sí atendió la recomendación del informe de crear un Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico, liderado por el secretario de la gobernación, Víctor Suárez, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, el secretario de Justicia, César Miranda, y los presidentes de la cámara baja, Jaime Perelló, y del Senado, Eduardo Bhatia. Ellos estarán a cargo de negociar la reestructura de la deuda pública. García también se comprometió a impulsar un plan de ajuste fiscal a cinco años.

Hasta ahora, Puerto Rico había manejado su situación con endeudamiento sumado a inyecciones de fondos de Washington. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que no está sobre la mesa la posibilidad de un rescate. Hoy está previsto que entre en vigor una subida generalizada de impuestos, aunque se sabe que no resolverá la situación.

Ayer, García se reunió con distintos actores políticos y sociales del país para hablar sobre el tema. En el marco de esos encuentros, el presidente del opositor Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez, opinó que el FMI, “con su ideología neoliberal en contra de la clase trabajadora”, es “responsable” de la situación.