Prometiendo “realismo sin renuncia”, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que dará prioridad a algunos de sus compromisos sobre otros que quedarán para más adelante debido al contexto político y económico. Así lo anunció el viernes, luego de un Consejo de Ministros en el que definió los pasos a seguir para su gobierno en “el segundo tiempo de su mandato”.
“Nuestros compatriotas nos exigen que hagamos las cosas bien, con humildad, de manera transparente y sin apresuramiento”, dijo. “Para que ese nuevo impulso sea efectivo hay que considerar las condiciones y las dificultades del nuevo contexto económico, social, político y de gestión. Tenemos que ser realistas y sinceros de cara al país. Los ciudadanos chilenos son sensatos y saben comprender que en la vida hay dificultades que exigen ordenar y jerarquizar las tareas. Lo que no aceptan de nosotros es que no nos hagamos cargo de las situaciones y que no digamos las cosas claramente”, agregó.
Ese día la presidenta también reconoció que la administración chilena no puede enfrentar varias reformas importantes en simultáneo. Este anuncio coincide con una continua caída de la popularidad de Bachelet, en medio de casos de corrupción que salpican a políticos y empresarios, a lo que se suma que el gobierno tuvo que recortar sus previsiones de crecimiento económico para este año de 3,6% a 2,5%.
El lunes, la presidenta dijo que su prioridad es “el bienestar de las familias, que cuenten con más derechos [...] para tener una vida mejor”, y que “para eso” va a trabajar “sin descanso”. Aclaró que la gratuidad de la educación seguirá siendo una meta para ella, pero agregó que se tomará el tiempo necesario para trabajar en devolver al ámbito del Estado la enseñanza pública, que de momento está en manos de autoridades municipales.
Bachelet también señaló que se mantiene previsto el “proceso constituyente” anunciado para setiembre. Ayer se refirió a esa iniciativa clave de su programa de gobierno y aclaró que se realizará “a través de cabildos, encuentros ciudadanos” y con organizaciones sociales. “En Chile tenemos una cantidad, por ejemplo, de juntas de vecinos, una cantidad de centros de adulto mayor, hay una rica matriz social que queremos que sea parte de una conversación”, dijo. En ese marco, descartó convocar un plebiscito antes de discutir contenidos. Dijo que hay que definir para qué se debe cambiar la Constitución y qué parte de ella necesita modificaciones, y agregó que luego puede existir la posibilidad de convocar una consulta para aprobar el nuevo texto.
“Hemos sido muy claros en cuanto a que queremos un proceso constituyente que no sea elitista, porque uno podría hablar de una asamblea constitucional y que sea un proceso súper de elite”, aclaró, en referencia a los reclamos de que se instale una asamblea constituyente. De acuerdo con la presidenta, esa instancia de diálogo será “una tremenda oportunidad para que las elites vuelvan a tener una relación de cercanía con la ciudadanía”, algo que consideró una necesidad para su país.
Algunos dirigentes de la oposición se alegraron del final de la “retroexcavadora”, una palabra que usan para criticar las reformas del gobierno, que según su opinión generan desconfianza en el país, y si bien la mayoría de los oficialistas saludaron el “sinceramiento de la presidenta”, el anuncio generó malestar en el ala izquierda de la coalición de gobierno. Fue el caso de la diputada comunista Karol Cariola, que dijo ayer a la radio UdeChile: “No nos parece correcto que hoy se intente relativizar un compromiso que se adquirió con la ciudadanía. El programa de gobierno es un compromiso de esta presidenta con el pueblo de Chile”.
La dirigente consideró que “una cosa es plantear otros plazos en torno a compromisos y lo otro es retroceder, y nosotros no vamos a aceptar un retroceso del programa, en eso hemos sido claros y transparentes”.