El Estado paraguayo recibió un pedido de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de destitución de Fernando Lugo. El ex presidente recurrió a ese organismo en diciembre de 2012, seis meses después de haber sido apartado del cargo en un cuestionado juicio político, el 22 de junio.

El Senado responsabilizó a Lugo por lo ocurrido días antes en Curuguaty, donde el desalojo de una ocupación de tierras que llevaban adelante trabajadores rurales terminó con 17 muertos -11 ocupantes y seis policías-. El juicio político se desarrolló en 48 horas, y Lugo argumentó que no tuvo oportunidad de defenderse. Ocurrió, además, en un contexto en el que el presidente y los movimientos de izquierda que lo respaldaban eran minoría en una alianza electoral en la que la mayoría correspondía al derechista Partido Liberal Radical Auténtico, liderado por el vicepresidente Federico Franco.

Dos años y medio después, la CIDH consideró que existe “verosimilitud” en los hechos que Lugo denunció, y la semana pasada pidió al gobierno paraguayo información para evaluar, en noviembre, si abre o no una investigación formal al respecto, dijo a la agencia de noticias Efe un asesor jurídico de Lugo, Emilio Camacho.

El Estado tiene tres meses para entregar esa información, pero por ahora, según publicó el medio digital paraguayo E’a, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo consideran que les corresponda hacerlo. La cancillería, en nombre del Poder Ejecutivo, envió la semana pasada la solicitud al Congreso porque entendió que fue éste el que destituyó a Lugo. Además, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijo el lunes que “llama poderosamente la atención” que recién ahora se evalúe la denuncia de 2012, después de dos años “encajonada”.

Si bien la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado manifestó que va a estudiar ese pedido de la CIDH, el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, dijo que le corresponde al Ejecutivo, mediante la Procuraduría General de la República, defender al Estado ante las demandas. El titular del Congreso opinó además que Lugo no debería presentar reclamos. Dijo que el ex presidente aceptó las reglas del juego cuando se sometió al proceso que lo apartó del cargo y cuando participó en las elecciones de 2013, convocadas por el gobierno que quedó en su lugar. La izquierda paraguaya no lo ve del mismo modo y siempre ha sostenido que los derechos de Lugo no fueron respetados. En su momento, el juicio fue cuestionado por la CIDH, el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas.

El objetivo de la denuncia ante la CIDH que presentó Lugo es que los abusos que él denuncia sean reconocidos en un ámbito internacional, dijo Camacho, y agregó que “se violó el derecho a la defensa, a ser oído, le impidieron presentar pruebas instrumentales y dictaron una sentencia no fundada, lo que implica la violación de los derechos constitucionales”.

Los tiempos largos no son exclusivos de la CIDH. Los hechos que dieron pie al proceso contra Lugo, la llamada “masacre de Curuguaty”, todavía se procesan en la Justicia paraguaya. También este juicio ha sido muy criticado por varios motivos, entre ellos por las demoras y, sobre todo, porque no fue procesado ningún policía por la muerte de trabajadores rurales. En cambio,13 de los ocupantes irán a juicio por homicidio.

Días atrás, el 27 de junio, los trabajadores rurales volvieron a ocupar aquella tierra, llamada Marina Kue, y planean cumplir un mes de ocupación cuando el lunes comience el juicio oral y público por aquellas muertes.