El llamado “caso quemados” ocurrió en julio de 1986 durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Santiago, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas fueron rociados con combustible y quemados por una patrulla de militares, que después apagaron el fuego con frazadas y los dejaron tirados en una zanja. Las víctimas lograron desplazarse y pedir auxilio, y fueron ingresadas a un hospital. Quintana sobrevivió, pero Rojas murió 96 horas después.

Nuevos avances en la investigación del caso permitieron, entre otras cosas, conocer el papel que jugó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que en aquel momento era médica internista.

Quintana, que entonces tenía 18 años y hoy es agregada científica en la embajada de Chile en Canadá, reveló que Bachelet se hizo responsable por los dos quemados mientras no fueran ingresados a otro centro de atención. “Nos daban por muertos, así que nos iban a enviar para casa”, recordó Quintana, que sufrió quemaduras en 62% de su cuerpo. “Le agradezco infinitamente su acto de valentía de haber arriesgado su carrera por proteger la vida de Rodrigo y la mía”, agregó. Esta versión fue confirmada por la madre de Rojas, Verónica de Negri.

Sobre el tema también habló Bachelet, sin referirse a su actuación. “Los últimos acontecimientos nos alientan a sentir que siempre es bueno que se llegue a la verdad y haya justicia, aunque ésta demore 29 años”, dijo. Se refería a que el caso se reavivó por el testimonio de un ex conscripto, Fernando Guzmán Espíndola, que contó detalles de lo ocurrido en 1986 y así permitió que fueran detenidos otros siete ex militares.

Ante la justicia militar, los responsables dijeron en su momento que los jóvenes se habían quemado con cócteles molotov que llevaban con ellos, y el jefe de la patrulla, Pedro Fernández Dittus, fue condenado a 600 días de cárcel, por homicidio involuntario.

Según Guzmán, el principal responsable no fue Fernández, sino Julio Castañer, un teniente del Servicio de Inteligencia, que sigue trabajando para el Ejército como civil y se entregó luego de quedar expuesto. Según este testimonio, fue Castañer quien ordenó rociar con combustible a Quintana y Rojas, encendió el fuego y después, cuando se apagaron las llamas, sugirió matarlos. Fernández dijo que no podía matarlos porque era católico, y ordenó que se los subiera al camión militar. La defensa de las dos víctimas informó que los conscriptos que participaron fueron contratados en el Ejército para mantenerlos bajo control.