La profundidad del cambio que se desarrolla en Guatemala, que vivió en los últimos meses sus mayores movilizaciones callejeras desde la guerra civil (1960-1996), se nota en el papel que está jugando la universidad estatal, la Universidad de San Carlos (Usac). Desde los años 90 sus autoridades suelen ser afines a la derecha, y en general la institución es poco proclive a la militancia. Sin embargo, ante la movilización creciente de académicos y organizaciones sociales, la universidad estatal -que es un ente autónomo con voz y voto en ciertas instancias, por ejemplo para designar altos cargos del Estado- es ahora un prominente integrante de la PNRE. Esta plataforma es una conjunción de fuerzas que van de izquierda a derecha, que también federa a empresarios y organizaciones civiles de todo tipo, pero que coinciden en la necesidad de un cambio en el sistema político para poner fin a la corrupción.

Esa corrupción quedó expuesta por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, un órgano que existe desde 2006, apoyado por la Organización de las Naciones Unidas [ONU] y financiado en particular por Estados Unidos y la Unión Europea). Sus investigaciones desarticularon varios casos de corrupción en los tres poderes del Estado, en los que aparecían vinculados altos funcionarios y allegados del presidente Otto Pérez Molina, y llevaron a la detención de más de 70 personas.

Por el caso conocido como “La línea” renunció la vicepresidenta, Roxana Baldetti, sospechosa de estar implicada en un caso de tráfico aduanero. Esas revelaciones comenzaron mientras estaba en duda que el gobierno renovara por otro período a la CICG. Finalmente, el Ejecutivo solicitó a la ONU que la comisión continúe con sus tareas.

La PNRE logró que el Tribunal Supremo Electoral -que tiene la posibilidad de presentar ciertos proyectos de ley al Parlamento- ingresara una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, retomando una iniciativa que le había presentado esa plataforma. Ese proyecto de reforma surgió después de que, a mediados de julio, la CICIG confirmara en un informe lo que era un secreto a voces: los partidos políticos guatemaltecos reciben financiamiento del narcotráfico, y la legislación creada para evitar esos abusos no es eficiente y debe ser cambiada. Pero no se puede modificar esa legislación cuando ya se convocaron elecciones. Por eso varios integrantes de la plataforma reclaman que los comicios se pospongan, para que los cambios puedan entrar en vigor con la próxima elección y no en 2019, como sería el caso si se mantiene la fecha. Argumentan que la situación actual desacredita al proceso electoral y a las autoridades que se van a elegir el 6 de setiembre.

Eso cree Javier Cetina, del colectivo ciudadano Somos, que integra la PNRE, aunque esa organización no tiene postura tomada respecto de si hay que posponer o no las elecciones. “El sistema está en crisis y la sociedad no percibe que eligiendo nuevas autoridades entre las opciones actuales se generen los cambios necesarios. No hay confianza en la mayoría de candidatos a elección popular, algunos hasta están señalados por su posible participación en la comisión de hechos ilícitos”, dijo, consultado por la diaria mediante correo electrónico.

Además, Cetina señaló que en el proyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral se perdió mucho de la propuesta inicial de la Plataforma, y que el Congreso modificó también el texto y redujo aun más su alcance. Por eso consideró: “Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no solucionan la crisis institucional que vive el país. Para lograr una reforma más profunda se necesita una presión ciudadana unificada, que solicite expresamente estos cambios. De eso aún estamos lejos. Las movilizaciones han sido multitudinarias, pero dispersas”.

Sin embargo, es evidente que la sociedad guatemalteca se está organizando, algo que de por sí es novedoso. Al presentar a su organización, Cetina señala: “Pretendemos constituirnos como una opción política transparente y creativa que contribuya a lograr los cambios estructurales que Guatemala necesita”. Consultado sobre si el actual proceso que vive su país puede desembocar en un cambio y en la conformación de un movimiento político de izquierda, Cetina destacó lo diversas que son las fuerzas que integran la PNRE y dijo que entre ellas “sí hay colectivos y actores que podrían confluir en un proyecto político progresista”. Por lo tanto, en su opinión, éste “puede ser uno de los grandes resultados de esta coyuntura”, aunque “para eso falta mucho” y hará falta “construir con paciencia”. Destacó además que de momento, para no perder credibilidad, es importante que la PNRE mantenga el rol fiscalizador y articulador que está desempeñando.

Cuando Cetina dice que hay que tener paciencia, sabe de qué habla. De momento, la única consecuencia electoral tangible que tuvo este proceso es que el candidato del partido derechista Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Baldizón, pierde puntos, sin dejar su lugar de primero en las encuestas. Mientras tanto, la candidata socialdemócrata Sandra Torres (ex esposa del ex presidente Álvaro Colom, 2008-2012) fue desbancada de su segundo lugar por un actor y empresario de televisión cuyo lema es “ni corrupto ni ladrón”.

El outsider en cuestión es Jimmy Morales, productor y protagonista del programa humorístico Moralejas, emitido por televisión abierta desde hace 15 años, actor de series y de películas de televisión. Aunque se autodefine como “independiente” y novato en la política, la prensa guatemalteca señala que detrás de él hay organizaciones de ultraderecha, en particular la asociación Veteranos Militares de Guatemala, conocida por su línea dura. Esa organización es fundadora de uno de los partidos que apoyan la candidatura de Morales, el Frente de Convergencia Nacional (FCN, el otro es Nación). Quien encabeza las listas de diputados de la alianza FCN-Nación es Edgar Justino Ovalle, un teniente coronel retirado. Según la página web periodística guatemalteca Nómada, fundó FNC en 2008 y es su verdadero dirigente, con Morales como fachada.

Otro postulante en estas elecciones es el colectivo de izquierda integrado por el partido indigenista Winap y la ex guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala, que tiene como candidato a presidente al ex guerrillero Miguel Ángel Sandoval. Tiene pocas chances de ganar porque su candidato está entre los últimos de los 14 postulantes.

Entrevistado por CNN, Baldizón aseguró que es opositor a Pérez Molina. Lo contrario afirma una investigación de Nómada, cuyo director, Martín Rodríguez, dijo al día siguiente a ese canal que Lider le permitió legislar al gobernante Partido Patriota al votar todas sus propuestas.

Por otra parte, CICIG y la Fiscalía guatemalteca solicitaron que se le retire la inmunidad al compañero de fórmula de Baldizón, Édgar Barquín, acusado de lavado de dinero junto a su hermano Manuel, diputado del mismo partido, otros cuatro legisladores y un alcalde de Lider. Por esto Baldizón afirmó que el gobierno está detrás de un “complot” contra su partido, ejecutado por la Justicia y la CICIG.

Al giro electoral que se está dando -todo parece indicar que habrá balotaje entre Baldizón y Morales-, se suma que las reformas impulsadas por la PNRE no avanzan en el Legislativo por falta de quórum, debido a las ausencias repetidas de los diputados de Lider. La semana pasada también ingresó al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, para evitar la corrupción estatal que afecta al financiamiento de las campañas políticas, según la CICIG. Pero también llega tarde para esta elección.

Sin embargo, en Guatemala hay un despertar político en la población, por lo menos en la elite intelectual. Conociendo la influencia y el interés que tiene Estados Unidos en ese país, por motivos de cercanía geográfica, pero también por el pasado histórico reciente, y porque Guatemala es importante desde un punto de vista de seguridad, es difícil pensar que el cambio que se vislumbra pueda ocurrir sin que Washington -por lo menos- cierre los ojos. De momento, está claro que el actual presidente, Pérez Molina, ya no cuenta con el aval estadounidense, 88% de los guatemaltecos desaprueba su gestión y el candidato de su partido, Mario García, no supera el 3% de intención de voto. Tampoco Baldizón parece muy bien parado. El problema es la falta de alternativas a esos dirigentes.