Fue suspendido ayer en Paraguay el juicio por la muerte de 11 trabajadores rurales y seis policías durante el desalojo de una ocupación de tierras en 2012, en la zona de Curuguaty, debido a que la defensa recusó a los integrantes del tribunal que estaba a cargo del caso. El juicio ha sido cuestionado por diversos motivos, en particular porque sólo fueron acusados ocupantes de tierras y no se procesó a ninguno de los 300 policías que participaron en el desalojo que terminó en un tiroteo. Pero el abogado, Víctor Azuaga, no aludió a esos cuestionamientos, sino a declaraciones que hizo el presidente del tribunal, Ramón Zelaya.
Azuaga, que defiende a 12 trabajadores rurales, considera que Zelaya prejuzgó cuando dijo, la semana pasada, que “el proceso lleva ya tres años y la prensa y la gente quiere conocer ya la sentencia”. En opinión del abogado, esas palabras demuestran que el juez “perdió su independencia” y que es permeable a “injerencias externas”, algo que “compromete su imparcialidad y transgrede los derechos procesales” de sus defendidos.
El abogado argumentó que los demás integrantes del tribunal avalaron con “su silencio” los dichos de Zelaya, y pidió que también ellos sean apartados de la causa. El tribunal dejó claro que considera infundado el pedido de Azuaga, pero lo trasladó a un tribunal superior, una cámara de apelaciones, para que se pronuncie al respecto.
Azuaga asumió la defensa de los trabajadores rurales la semana pasada, cuando ellos rechazaron a sus abogados anteriores porque éstos enfrentaban sumarios que podían haberlos apartado de su tarea durante el juicio. Como primera medida, le solicitó al tribunal tiempo para estudiar un expediente que tiene más de 3.000 páginas.
El tribunal le dio apenas tres días, hasta ayer, algo que el abogado consideró insuficiente, a tal punto que “limita el ejercicio de la defensa”. Ayer pidió 15 días más, y cuando el tribunal se lo negó, decidió recusar a sus miembros, informó el periódico digital paraguayo E'a.
También el fiscal del caso, Jalil Rachid, había sido recusado, porque tiene vínculos con los herederos del empresario y político Blas Riquelme, que disputan con el Estado la propiedad de las tierras que fueron ocupadas en 2012, conocidas como Marina Kué. Pero Rachid fue confirmado en su tarea.
El domingo, el Instituto Paraguayo de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) anunció que va a realojar a 95 familias ocupantes de tierras de Marina Kué en una zona en el departamento de Alto Paraná. “Llegamos a un final feliz, luego de un gran esfuerzo”, dijo el presidente del Indert, Justo Cárdenas. Sin embargo, las familias vinculadas con el desalojo de 2012, que volvieron a ocupar Marina Kué a la espera de que comenzara el juicio, aclararon que ese realojamiemto no les corresponde ni lo reclaman. Uno de los ocupantes, Mariano Castro, aclaró a la agencia de noticias Efe: “Las familias que van a ser reubicadas no están en Marina Kué, sino frente a estos terrenos, junto a la ruta 10. Nosotros no pedimos la reubicación, pedimos que se reconozca que las tierras de Marina Kué son del Estado y que se nos concedan a los campesinos sin tierra para que podamos trabajar”.
Paredes, que al igual que Castro perdió a un familiar en la masacre de Curuguaty, dijo a E'a: “Ni soñando vamos a renunciar a las tierras donde murió nuestra gente”.