Zara Snapp, la representante de la Comisión Global, que está a cargo del asesoramiento de la UNGASS, presentó un panorama general del debate sobre los nuevos enfoques de las políticas en la materia. La Comisión Global es un grupo autónomo, que no forma parte de la ONU y que se creó por iniciativa de los ex presidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Colombia César Gaviria (1990-1994) y México Ernesto Zedillo (1994-2000). Ellos decidieron “romper el tabú” en las altas esferas del poder político al formar, en 2009, la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, la antecesora de la Comisión Global, dijo Snapp a la diaria.

La Comisión Global busca presionar a la “diplomacia de alto nivel” y los gobiernos. Tiene un secretariado integrado por un grupo de técnicos, entre ellos Snapp, quien afirma que “la guerra contra las drogas es más devastadora que la droga en sí misma”.

La activista mexicana recordó que antes de 2011 la postura a favor de la “guerra contra las drogas” era predominante en el mundo, y saludó las posturas de personalidades, como el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, a favor de un cambio de enfoque.

Dijo que aquella mirada comenzó a cambiar en 2012, cuando se abordó el impacto de esa “guerra” en la epidemia de VIH, porque la criminalización del consumo de drogas va en contra de las medidas de prevención necesarias para evitar contagios de esa enfermedad. “Estamos de acuerdo en que la guerra contra las drogas no ha funcionado si estamos pensando en las personas. La ONU reconoce un fracaso”, dijo.

Agregó que “mucha gente llega a ser parte del mercado negro porque no tiene opción” y que en ese marco “una solución puede ser la despenalización” tanto del consumo como del resto de la cadena de producción y venta. “Mientras haya consumo, va a haber personas que van a producir”, concluyó.

Consideró que la salud y la seguridad deben ser prioridades, pero que “seguridad no siempre significa militarización”. Dijo que la actual legislación internacional antidroga “no permite el acceso igualitario a las medicinas que alivian el dolor” y que 17% de la población mundial consume 90% de esas drogas. Consideró necesario “que los gobiernos levanten obstáculos” al uso medicinal de las drogas, en particular de la marihuana.

“Penalizar a las personas por la posesión y el consumo de drogas perjudica a la población”, insistió. Agregó que un estudio demostró que “sólo 10%” de los consumidores de droga hace un uso problemático de ellas. También destacó que en México 60% de los detenidos lo están por drogas, 40% por posesión, la mayoría de ellos por marihuana.

También destacó que el tema de la producción es incluso “más importante” para América Latina que el consumo, “porque somos productores” y “la producción es más difícil de sustituir”. Acerca del trabajo de las fuerzas de seguridad, consideró que “militarizar los esfuerzos contra las drogas ha sido poco efectivo” y que “ya no se puede justificar violaciones a los derechos humanos por la guerra contra las drogas”.

La regulación reduce los daños a la salud y a la sociedad toda, y permite luchar de forma más eficaz contra el crimen organizado, resumió. “En 2011 no queríamos hablar de esto, pero hoy hasta Estados Unidos reconoce que hay que tener un debate”, dijo. Explicó que en Asia todavía se encuentran posturas “muy conservadoras” al respecto, pero que “en América Latina pensamos que ya hemos puesto muchos cuerpos”.

“Tenemos que demostrar que el supuesto consenso se ha fracturado y que tenemos que abrir el espacio a nuevos enfoques”, dijo Snapp. Habló del caso de Ecuador, país en el que se despenalizó el uso de drogas y que se mencionó mucho en el encuentro. “Ecuador ha tenido un proceso largo pero muy callado -al igual que Uruguay, de cierta forma-. No quieren ser el ejemplo mundial, quieren nada más cambiar su política nacional”, dijo. Explicó que la intención es evitar los cuestionamientos internacionales, en particular el de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que controla la aplicación de las tres convenciones al respecto.

Ademas, abogó por el establecimiento de nuevas herramientas y criterios de medición. La UNGASS “no va a revisar las convenciones”, aseguró, pero entiende que sí se podría revisar las contradicciones entre los tratados de lucha contra las drogas y los de protección de los derechos humanos. También consideró necesario evaluar cómo reducir el número de personas detenidas, porque “el encarcelamiento masivo es devastador para las comunidades”. A modo de conclusión, pidió “fomentar alternativas que se están dando aquí, en América Latina”.

Consultada por la diaria, Snapp consideró que no se trata sólo de implementar políticas adecuadas para evitar los daños causados por las drogas y su consumo, sino también de reparar “los daños de su prohibición”.

Acerca de la postura oficial de la ONU, destacó que Ban Ki-moon está a favor de que “todas las opciones estén sobre la mesa”. Sin embargo, consideró que si se observa la postura de los estados influyentes en el organismo se comprueba que son “muy blandas” las declaraciones europeas en general, aunque hay países de Europa que tienen otra postura, como Holanda, España o Portugal. También señaló que a Estados Unidos le sirve que haya cierta “flexibilidad” en los tratados, porque así “ellos parecen ser los moderados” respecto de los “extremistas” a favor o en contra de un cambio de rumbo. Estos últimos están liderados por Rusia y China, que aplican el tratamiento compulsivo de los usuarios.

Pasitos pa’lante y pa’tras

En el encuentro también habló el diputado chileno Alberto Robles sobre los avances legislativos en su país hacia la despenalización del uso medicinal y recreativo del consumo de marihuana, que está en trámite parlamentario. Consultado por la diaria, explicó que el proyecto relativo a la marihuana es demorado por “las fuerzas conservadoras” en base a detalles de forma o de redacción (al igual que sucede con una iniciativa que despenaliza el aborto en ciertas situaciones).

Luego tomó la palabra el senador mexicano Alejandro Encinas, ex miembro del Partido por la Revolución Democrática (PRD) y ex jefe de gobierno de la ciudad de México (2005-2006). Encinas renunció al PRD debido a la desa- parición, en setiembre del año pasado, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, un municipio que estaba gobernado por ese partido, al igual que el estado de Guerrero, en el que se encuentra. Cuando gobernaba la capital, Encinas impulsó la despenalización del consumo de marihuana, que se aprobó pero fue anulada, ya que la reglamentación de las drogas es una responsabilidad federal.

El senador destacó que el problema supera las fronteras de su país y situó su origen en el norte. Consideró que en México y Centroamérica, existe un “pentágono” que va desde la frontera mexicana con Estados Unidos, pasa por Belice y llega hasta Honduras, en el que el “poderío del narco es tan importante que se ha diversificado hacia otro tipo de delitos”, y la violencia alcanza “niveles insospechados”.

Para el político de izquierda, la lucha contra los cárteles sólo logró que éstos se multiplicaran. Señaló que los grupos de narcotraficantes “imponen impuestos”, se hacen cargo del desarrollo de obras públicas en algunos municipios, y, a su entender, son responsables de la violencia. Encinas considera que la respuesta a esta situación debe ser “integral”.

Aseguró que por ese “pentágono” al que se refiere “pasa 90% de la droga que se consume en Estados Unidos”, pero también se usa allí “gran parte de las armas” que se fabrican del otro lado de su frontera norte. Destacó las altas tasas de homicidios y denunció que durante la jornada electoral de junio, en la que se eligieron gobernadores, alcaldes y otros cargos locales, hubo 105 homicidios atribuidos al narcotráfico. Afirmó que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa es una prueba del “nivel de penetración del crimen organizado” en los partidos políticos y la Policía. También el tráfico de personas y el abuso infantil ocurren en el marco de actividades vinculadas al narcotráfico, agregó.

Coincidió con Snapp en que la criminalización del consumo de drogas “no tuvo los efectos esperados” y desembocó en que hay 250.000 presos, la mayoría menores de 26 años, por crímenes vinculados con la posesión o la venta de escasas cantidades de droga. También dijo que en el sur las mujeres representan 30% de los detenidos, mientras que en la frontera norte constituyen entre 60% y 80% de los presos por “delitos contra la salud”.

Encinas destacó que la postura del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, es “ambigua” respecto de la política de drogas, y lo acusó de manejarse en función de las encuestas, según las cuales 60% de la población está en contra de la despenalización. Para el senador, una muestra del valor que otorga el gobierno a las encuestas es el hecho de que el Ejecutivo le haya negado acceder a esos estudios, “por ser tema de seguridad nacional”.

Dijo que en su país, además de la despenalización abortada en Ciudad de México, se presentaron nueve iniciativas legislativas al respecto que no prosperaron. “Nosotros ponemos los muertos”, afirmó.

Está previsto que hoy en Brasil el Tribunal Supremo empiece a tratar la despenalización del uso de drogas. En 2006 se modificó la legislación al respecto y quedó establecido que el porte de drogas ya no es punible con cárcel, sino con multas y hasta con trabajos comunitarios.

El fallo -que podría ser anunciado hoy mismo- puede dejar establecido, con fuerza de ley, que el Estado no tiene derecho a “interferir en la integridad de las personas” y a penalizar el porte de drogas para uso personal.

El secretario nacional de Políticas sobre Drogas de Brasil, Vitore André Zilio Maximiano, dijo a la diaria que la penalización de las drogas también generó un fuerte hacinamiento carcelario en su país, en parte porque la ley no establece claramente qué cantidades se consideran para “consumo personal”, y deja así en manos de policías, fiscales y jueces determinarlo. El funcionario dijo que es esperable que el tribunal deje establecida la cantidad a partir de la cual el porte de droga se debe criminalizar.

Aunque en Brasil no se está tratando ninguna iniciativa parlamentaria para modificar la actual legislación, el gobierno impulsa políticas sociales y de salud para los usuarios. Maximiano citó un estudio de su secretaría según el cual 0,8% de los habitantes de las 26 capitales estaduales consume pasta base de manera regular.