La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recibió ayer a su par alemana, Angela Merkel, pero los ojos no estaban puestos en la visita sino en el Congreso. Allí los senadores trataban un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que revierte una medida que tomó Rousseff en su mandato anterior, que aplicaba exenciones fiscales a las empresas de 56 sectores.
En el marco del ajuste fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda, dirigido por Joaquim Levy, el gobierno quiere retirar esas exenciones. Esto implica duplicar la tasa del impuesto de seguridad social sobre las ganancias corporativas para las empresas que dejan de estar eximidas.
Con o sin fueros
La Procuraduría General de Brasil se disponía anoche a denunciar formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y al senador y ex presidente brasileño Fernando Collor, por sospechas de que participaron en la red de corrupción de Petrobras. Así lo informaron en sus ediciones digitales diarios brasileños como Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo, citando fuentes que accedieron a la investigación y que afirmaron que la denuncia sería presentada hoy, a más tardar. Los dos políticos se convertirían así en los primeros acusados que cuentan con fueros parlamentarios. Por este motivo, la denuncia de la Procuraduría debe ser presentada ante el Supremo Tribunal Federal.
El Poder Ejecutivo había dispuesto que las exenciones se revirtieran totalmente, de manera tal que los ingresos para el Estado aumentarían en 3.744 millones de dólares anuales. Sin embargo, cuando el proyecto se sometió a votación en Diputados, se cambió el texto para mantener parcialmente los beneficios tributarios a seis sectores, entre ellos el transporte, las comunicaciones y la producción avícola. Esta modificación implica que los ingresos para el Estado sumen unos 2.880 millones de reales al año. El presidente del Senado, Renan Calheiros, intentó revertir esos cambios introducidos en la cámara baja, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, y se preveía que anoche el Senado aprobara el texto tal como lo recibió.
Éste es el último proyecto del ajuste fiscal del gobierno, dirigido a reducir el gasto público y lograr una disminución del déficit fiscal de la economía brasileña, que, según un indicador dado a conocer ayer por el Banco Central de Brasil (BCB), sigue en un proceso de enlentecimiento y entró en recesión técnica.
El BCB dio a conocer ayer que el Índice de Actividad Económica (IBC-Br, por sus iniciales en portugués) se redujo 1,89% en el segundo trimestre de este año en comparación con el primero, y 3,09% en comparación con el segundo trimestre de 2014. El IBC-Br es un indicador temprano de las tendencias para el dato del Producto Interno Bruto, que será dado a conocer el 28 de agosto por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
Los datos sobre el IBC-Br fueron difundidos dos días después de que el BCB publicara su encuesta semanal a los operadores privados sobre las tendencias de la economía de Brasil. Este estudio reveló que estos actores prevén que la economía no sólo se contraerá en 2015 más de 2%, sino que también lo hará al menos 0,15% en 2016.
Si esto ocurre, implicaría que la economía de Brasil tuviera dos años consecutivos de retroceso por primera vez desde la década de 1930, cuando sufrió las consecuencias de la Gran Depresión, informaron los medios brasileños. El ministro de Hacienda dijo ayer que no cree que se presente este escenario.
A esto se suma que el desempleo en Brasil creció a 8,1% en julio, impulsado en gran medida por los despidos en el sector industrial.
Estos datos generaron alarma en el gobierno, que implementará una serie de medidas para atender esta situación, una de las cuales se dio a conocer ayer: el banco público Caixa EconÔmica Federal abrirá una línea de crédito a bajo interés para empresas de la industria automotriz, uno de los sectores más perjudicados por la actual situación económica. La venta de automóviles se redujo 18% en los primeros siete meses del año con relación al mismo período del año pasado, según la Federación Nacional de la Distribución de Vehículos Automotores.
Ayer también se esperaba una noticia desde la Cámara de Diputados, ya que su presidente, Eduardo Cunha, incluyó en la pauta de votación la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para los delitos considerados gravísimos. Se trata de un proyecto de reforma constitucional, por lo que debe ser votado dos veces tanto en la cámara baja como en la alta. En la primera votación el proyecto fue aprobado, y Cunha dijo ayer que de las consultas con las distintas bancadas concluyó en que ningún legislador va a cambiar su voto.