EL JUEVES Maduro había ordenado el cierre por 72 horas de un tramo de la frontera, después de que tres integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un civil resultaran heridos en una “emboscada” de supuestos contrabandistas. Aseguró que el ataque fue realizado “muy a la usanza del paramilitarismo” y con el objetivo de pasar “un cargamento de mercancías” que tenían “listo para llevar a Colombia”.

Desde el jueves, Maduro ha denunciado en distintas declaraciones públicas que grupos paramilitares colombianos utilizan la frontera entre ambos países para contrabandear productos venezolanos hacia Colombia, donde obtienen una buena ganancia gracias a la diferencia del tipo de cambio. Dijo que este fenómeno es parte de la “guerra económica” que hay en marcha contra su país y que en ella también están involucradas la oposición venezolana y agrupaciones cercanas al ex presidente colombiano Álvaro Uribe.

En el último mes el gobierno venezolano ha desarrollado varios operativos “especiales”, denominados Operación de Liberación del Pueblo, que consisten en el despliegue de las fuerzas de seguridad policiales y militares en zonas consideradas de alta peligrosidad ya sea por razones de seguridad pública o porque son conocidos puntos de contrabando. Estos operativos forman parte del Plan Nacional contra el Contrabando dispuesto a comienzo de año por el gobierno, en el marco del cual se confiscaron 19.000 toneladas de productos nacionales antes de que fueran contrabandeados, según cifras oficiales. Después de lo ocurrido el jueves, que “se suma a una cadena de hechos contra el pueblo [venezolano]”, Maduro anunció varios operativos de este tipo en la zona para buscar a los responsables.

La primera reacción colombiana se conoció el mismo jueves. La canciller María Ángela Holguín dijo que se trataba de una “decisión soberana” y que el gobierno de su país también había desplegado un operativo especial para capturar a los contrabandistas autores del ataque.

Pero el sábado Maduro anunció que extendía el cierre -de 100 de los más de 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países- “mucho más allá” de las 72 horas iniciales, “hasta pronto aviso”, y declaró el estado de excepción en la zona durante 60 días, medida que se puede prorrogar por el mismo período.

La situación fue tratada por Holguín y su par venezolana, Delcy Rodríguez, en un encuentro bilateral que mantuvieron en Costa Rica, donde participaban en la VII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este. Al cierre del encuentro las dos manifestaron la preocupación de sus gobiernos por la situación y anunciaron que volverán a reunirse el 14 de setiembre. Maduro y su par colombiano, Juan Manuel Santos, llamaron a que se adelantara ese encuentro, que finalmente se fijó para el miércoles.

Además, Santos dijo que intentaría comunicarse directamente con Maduro para intentar “arreglar esta situación lo más rápido posible, porque gente inocente es la que está sufriendo”. Además, lamentó la “desafortunada” comparación de Maduro, quien dijo que la inmigración de colombianos en Venezuela era sólo comparable con la de los migrantes africanos que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo. Según Maduro, 121.000 colombianos se instalaron en Venezuela desde que comenzó el año; Santos aseguró que los datos oficiales de Colombia indican que son solamente unos 8.000.

Durante el fin de semana fueron deportados 185 colombianos que estaban indocumentados en terreno venezolano, y además fueron detenidos ocho integrantes de la “banda paramilitar colombiana Los Urabeños”, dijo en declaraciones a la prensa José Vielma Mora, el gobernador del estado de Táchira, que fue afectado por estas medidas.