En enero, el entonces procurador general de México, Jesús Murillo Karam, afirmó que existía una “verdad histórica” sobre lo ocurrido el 26 de setiembre de 2014. Dijo que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos en Iguala por policías, después fueron entregados a integrantes del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y éstos los asesinaron. Agregó que los mataron en el basurero municipal de la localidad de Cocula, y que allí mismo fueron cremados los cuerpos, para hacerlos desaparecer. Cerca del lugar, en un río señalado por algunos de los más de 100 detenidos, se encontraron restos humanos calcinados. Un fragmento de hueso fue identificado como perteneciente a uno de los jóvenes, Alexander Mora, de 21 años.
Buena parte de esa “verdad histórica” es desacreditada en el informe del GIAI, según informaron ayer diversos medios que asistieron a la presentación de la investigación, entre ellos el diario mexicano La Jornada y la agencia de noticias Efe.
Acerca de la cremación de los cuerpos en el basurero municipal, los expertos fueron concluyentes: “Este evento, tal como ha sido descrito [por la Fiscalía] no pasó”. La conclusión del GIAI se apoya en la investigación que hizo un experto en el estudio del fuego, José Torero, que en julio visitó el depósito de basura de Cocula. Ayer, uno de los expertos del GIAI, Francisco Cox, explicó que es muy difícil generar al aire libre las condiciones para la incineración de un cuerpo, debido a que el calor se pierde. Según los cálculos de Torero, serían necesarios 700 kilos de madera o 310 kilos de neumáticos y 12 horas de fuego para cremar un cuerpo. Para cremar 43, harían falta más de 30.000 kilos de madera o 13.300 de neumáticos, y unas 60 horas de exposición. De acuerdo con la Fiscalía, todo ocurrió en 16 horas.
Además, la investigación de Torero establece que un fuego de ese tipo habría causado un mayor impacto en el territorio y en su vegetación, y haría imposible algunas maniobras que describieron algunos detenidos, como la de acercarse a agregar combustible a los cuerpos.
“Los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, concluyó Cox. Entre sus recomendaciones, el grupo de expertos de la CIDH manifestó que se deben investigar crematorios que pudieran haber sido utilizados por los atacantes.
En la versión de la Fiscalía, el alcalde de Iguala ordenó a la Policía municipal que detuviera a los estudiantes de Ayotzinapa por temor a que boicotearan un acto político suyo, y después los integrantes de Guerreros Unidos los asesinaron porque creyeron que eran miembros de otro grupo de narcotraficantes, Los Rojos. El GIEI destacó que la evidencia no sostiene esta hipótesis de la confusión con Los Rojos, en parte porque no iban armados, y en parte por la información que las autoridades tenían acerca de ellos.
La hipótesis del GIEI es que el ataque pudo estar motivado porque había una carga de droga oculta en uno de los ómnibus que los estudiantes tomaron para viajar a otra ciudad a participar en una protesta. Este ataque se dirigió también a otros estudiantes de la Escuela Rural Normal Isidro Burgos, que viajaban en distintos ómnibus. Esa noche hubo seis muertos y 40 heridos. Los estudiantes que desaparecieron viajaban en un ómnibus llamado Estrella Roja, según testimonios de algunos sobrevivientes.
El GIEI recomienda a las autoridades mexicanas que investiguen “como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes”, que se cruce información de autoridades “judiciales y gubernamentales a nivel internacional”, y que se identifique “de manera precisa el autobús Estrella Roja”, al que califica como “central” en la investigación. Uno de los expertos, Carlos Beristain, dijo que “el patrón de actuación” de los agresores muestra una intención de “no dejar salir los buses de Iguala”.
El informe del GIEI señala que esa pista no fue investigada, a pesar de que aparece en testimonios de estudiantes, y denuncia, además, diversas irregularidades en la investigación. Según los expertos, hubo omisiones, se destruyó evidencia y existen señales de tortura a testigos. El informe concluye además que ni la Policía del estado de Guerrero (en el que se encuentran Iguala y Cocula), ni el Ejército, ni funcionarios federales actuaron para proteger a los 43 estudiantes, a pesar de que supieron de los ataques contra ellos. Señala también que la intervención de la Policía de dos municipios, Iguala y Cocula, hace pensar en la “necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes”. Una integrante del grupo, Claudia Paz, dijo que los ataques fueron un “operativo” que estuvo “dirigido por un hombre de forma coordinada”, alguien que “impartía todas las órdenes”. El 26 de setiembre “se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes”, agrega el texto.
El llamado Informe Ayotzinapa establece que se debe seguir buscando a los jóvenes porque siguen desaparecidos. En una primera respuesta del Estado mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto publicó ayer en Twitter: “He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”. Poco después, la actual procuradora general de México, Arely Gómez, dijo que el gobierno va a prorrogar el mandato de la CIDH para que continúe con sus investigaciones.