La Policía militarizada de Río de Janeiro se convirtió en blanco de críticas por la operación especial que realizó el 22 y el 23 de agosto, en la que detuvo a más de 160 adolescentes que provenían de barrios pobres de la periferia, que iban en ómnibus a la playa de Copacabana. Los vehículos fueron detenidos por el camino y los jóvenes fueron enviados a centros de atención municipales para menores de 18 años. En respuesta, la Defensoría Pública de Río de Janeiro anunció días atrás que denunciará a las autoridades estaduales, informó la agencia de noticias Efe.
El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, explicó que el operativo buscaba evitar robos en las playas. “¿Cuántos robos tuvimos, practicados por algunos de esos menores? No estoy diciendo que son todos los que estaban allí, pero hay muchos de ellos, identificados, que ya fueron detenidos más de cinco, ocho, diez o 15 veces”, dijo. Sin embargo, ninguno de los jóvenes que no pudieron llegar a la playa fue arrestado, ya que no llevaban armas ni habían cometido ningún delito.
La coordinadora de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Defensoría Pública, Eufrásia Souza das Virgens, dijo a Efe que ese operativo fue “un intento de segregación” realizado por la Policía “atendiendo al pedido de un sector de la sociedad”. “Son adolescentes negros, pobres. Son ellos los que acaban siendo detenidos”, denunció.