La presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cuestionó la investigación de la Fiscalía mexicana sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el estado de Guerrero tuvo repercusiones en la política mexicana. Realimentó las críticas y fortaleció los planteos que familiares y opositores le hacen al gobierno de Enrique Peña Nieto desde que ocurrieron las desapariciones, hace casi un año.
Así, los familiares de los desaparecidos pidieron al presidente que le ponga, a la brevedad, fecha y lugar a una reunión con ellos. Peña Nieto había accedido a ese encuentro el lunes. El mandatario también reconoció el trabajo de los peritos de la CIDH, dijo que éste permite “tener mayores elementos para esclarecer estos lamentables hechos”, y afirmó que comparte con los familiares y la sociedad mexicana el deseo de conocer la verdad sobre lo ocurrido. Un vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, pidió también al gobierno que prorrogue la estadía de los expertos en el país hasta que aparezcan los 43 jóvenes.
Los expertos del GIEI entregaron ayer un ejemplar del informe presentado el domingo, en el que concluyen que los estudiantes “no fueron incinerados” en un basurero como estableció la Fiscalía mexicana. Además, los miembros del GIEI prometieron que en cuanto el gobierno autorice su permanencia continuarán investigando. “El primer derecho de las víctimas es la verdad. Y la verdad duele, pero duele más la mentira y no saber qué pasó”, dijo Carlos Beristain, del GIEI, durante el encuentro celebrado en Ayotzinapa.
“No tenemos dinero para pagarle al GIEI, pero se ha ganado 43 corazones y el de miles de mexicanos”, dijeron los familiares. Uno de ellos, Melitón Ortega, consideró que desde la entrega del informe su “movimiento ha entrado en una nueva etapa”.
Los principales partidos de oposición también reaccionaron. “Es una muestra más de la ineficacia del gobierno federal”, dijo el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. “Si algo queda claro en el informe es que las investigaciones [...] están plagadas de errores, y lo más grave es que su hipótesis principal no se sostiene a la luz de pruebas científicas”, destacó, y dijo que las conclusiones del informe “hablan de la profunda corrupción y la impunidad que imperan en el país”.
Por su parte, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobernaba el estado de Guerrero cuando desaparecieron los jóvenes, y cuyos dirigentes locales corruptos tuvieron responsabilidad en las desapariciones, saludó este informe, y manifestó que muestra “la deficiente investigación llevada a cabo por las Procuradurías del estado [de Guerrero] y federal, que en cuestiones básicas mostraron negligencia”. Su comunicado agrega que Peña Nieto, “en correspondencia con su declaración de hoy”, debe ordenar de inmediato una nueva investigación.
En un debate sobre este tema celebrado en el Congreso, los diputados del partido de Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional, se mostraron divididos. Algunos asumieron las conclusiones del GIEI y otros las cuestionaron.
Por su parte, la Fiscalía mexicana defendió su postura y respondió al informe. El jefe de su Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, reconoció que no puede afirmar que los 43 jóvenes fueron incinerados en el basurero municipal de la localidad de Cocula, “pero sí un grupo importante” de ellos.