La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) publicó ayer un comunicado en el que señala que el acuerdo sobre la justicia que se alcanzó en las negociaciones de La Habana ya está cerrado, y que su contenido sustantivo no puede ser modificado. El pronunciamiento llegó después de que algunos integrantes del Ejecutivo y del grupo de negociadores del gobierno dieran a entender, aunque no lo dijeran textualmente, que habría penas de prisión para quienes hayan cometido los crímenes más graves.
El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, dijo el lunes, en una conferencia de prensa, que éste “no es un acuerdo de impunidad”, y otro de los integrantes del equipo, Sergio Jaramillo, afirmó que quedaban “puntos clave” para aclarar, entre ellos dónde se cumplirían las penas y bajo qué sistema de seguridad.
“En el acuerdo no se habla […] de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva”, dice el comunicado de las FARC. También publicaron el acuerdo sobre justicia, en el que se afirma que quienes “reconozcan responsabilidades por los delitos” cometidos en el marco del conflicto, aunque sean “muy graves”, tendrán sanciones con “un mínimo de duración de cumplimiento de cinco años y un máximo de ocho de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales”, o sea, sin prisión, según la interpretación mayoritaria del texto en los medios colombianos.
Justamente, la falta de prisión para los delitos más graves fue lo que generó las mayores críticas por parte del procurador general, Alejandro Ordóñez, y del ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
Uribe fue el centro de otra situación confusa en torno al acuerdo de justicia, en este caso en la interna del gobierno colombiano. Al día siguiente de la firma del acuerdo, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, fue consultado en conferencia de prensa sobre si los ex presidentes podrían ser juzgados por la jurisdicción especial, y dijo que sí. “¿Álvaro Uribe puede ser denunciado?”, le preguntó el periodista. “Por supuesto, ningún ex presidente ha estado nunca al margen de la ley”, respondió Reyes.
Por su parte, el fiscal general, Eduardo Montealegre, consideró que el tribunal no podrá juzgar a los ex presidentes por las tareas desempeñadas durante sus mandatos, ya que éstos son competencia del Congreso de la República y la Corte Suprema. Agregó que las investigaciones sobre la actuación de Uribe como gobernador, antes de ser presidente, sí “deben ir a la nueva jurisdicción de paz”.
Estas declaraciones generaron rechazo incluso en el gobierno. El ministro de Justicia, el mismo que había dicho que “cualquier persona” podía ir ante el tribunal especial, dijo que “jamás se pensó que los ex presidentes tuvieran que acudir al tribunal”.
También el uribismo criticó al unísono estas declaraciones, y el propio ex presidente dijo: “Les van a entregar el país a las FARC, van a hacer este daño, por meterme a mí a la cárcel”.