La Fiscalía colombiana vigiló las llamadas telefónicas del hacker Andrés Sepúlveda por sospechas de que espió, entre otros, a integrantes de las delegaciones del gobierno y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que negocian el fin del conflicto armado en La Habana. Se lo vinculó por entonces con la campaña electoral del partido Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe, el crítico más visible del proceso de paz. Por lo tanto, la investigación sobre Sepúlveda implicaba a algunos de los principales actores políticos del país. Sin embargo, la Fiscalía hizo un paréntesis en estos asuntos para abrir otra investigación.

Entre las muchas conversaciones que se interceptaron se encontraba una charla personal entre la entonces esposa de Sepúlveda, Lina Luna, y su hermana, Carolina Sabino, una actriz muy conocida en Colombia. En esa conversación, que mantuvieron en 2014, Sabino le contaba a su hermana que estaba embarazada y que le preocupaba cómo ese embarazo podía dificultar su futuro laboral.

Como en Colombia el aborto es ilegal -excepto en casos de violación, riesgo para la salud de la madre o malformación del feto- la Fiscalía solicitó una audiencia para presentar cargos contra Sabino, que podrían condenarla a penas de 24 a 36 meses de prisión, de acuerdo con la revista colombiana Semana.

“Esto no sólo ha violado mi intimidad sino que ha atacado mi dignidad y mis derechos como mujer, como persona y como ciudadana”, dijo Sabino en un comunicado que divulgó en Twitter. “Me sorprende que un episodio tan personal y doloroso sea expuesto a la ciudadanía, sin tener consideración con mi familia”, agregó.

El caso abrió un debate sobre la privacidad y sobre el alcance que pueden tener las escuchas legales, y otro sobre el aborto. Activistas por los derechos sexuales y reproductivos argumentaron que la angustia que el embarazo le causaba a la actriz debía ser considerada un efecto sobre su salud. Otros, por ejemplo el medio católico de comunicación Aciprensa, manifestaron su preocupación de que este caso, y la indignación que generó la invasión a la privacidad de Sabino, reforzaran los argumentos a favor de ampliar la despenalización del aborto a otras circunstancias que hoy no se contemplan.

Finalmente, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ordenó que se suspendiera la acusación contra Sabino por la falta de garantías en este proceso. “Cualquier delito debe ser investigado respetando los derechos, y aquí, con las filtraciones que se han hecho, se han desconocido flagrantemente estos derechos”, dijo en un comunicado la semana pasada. “Asumiré el estudio de los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión que adoptó una fiscal dentro del ámbito de su autonomía [...] soy el primero en censurar el manejo inadecuado de esta información al interior de la entidad. Nunca autoricé la divulgación de la decisión tomada”, agregó Montealegre.

Como Aciprensa, el fiscal general cuestionó que se utilice el episodio “para pretender extender el aborto de manera indiscriminada y sin limitación alguna”, según informó la radio RCN. Sin embargo, Montealegre también se manifestó a favor de dar, y de liderar él mismo, “una discusión seria y académica en el país para presentar un proyecto de ley que avance en la protección de los derechos de la mujer a interrumpir el embarazo”.