Las órdenes para extraditar a Joaquín Chapo Guzmán llegaron a México en 2015, mediante dos solicitudes que presentaron los juzgados de los estados de California y de Texas por diversos delitos, entre ellos asociación para delinquir, delincuencia organizada, lavado de dinero, secuestros, homicidio, sobornos a autoridades y posesión de armas de fuego. El narcotraficante tiene también causas abiertas en los estados de Arizona, Illinois, Nueva York y Florida, según información del Departamento de Estado estadounidense.
El líder del cártel de Sinaloa fue detenido el viernes. En menos de una semana, sus abogados presentaron tres recursos para evitar su extradición, y consiguieron que fueran aceptados por la Justicia. Desde el domingo, tres jueces federales concedieron “suspensiones de plano” de la extradición como parte de un paquete de demandas de garantías que fue presentado después de su recaptura, informó ayer el diario mexicano La Jornada.
Entre otras cuestiones, la defensa alegó malos tratos y acusó al sistema de mantener al detenido “totalmente incomunicado” y “vigilado las 24 horas”, razón por la cual no puede “ni comer ni dormir”. Así lo manifestó uno de los abogados del Chapo, José Luis González Meza, en declaraciones a la radio Fórmula.
En respuesta, los jueces ordenaron suspender los “posibles malos tratos, actos de incomunicación y la deportación inmediata a Estados Unidos sin un procedimiento legal de por medio”, según señalaron funcionarios del Poder Judicial Federal de México a La Jornada. Estas medidas impiden, por el momento, que el gobierno mexicano envíe al capo para el norte.
El ministro del Interior de México, Miguel Ángel Osorio, aseguró que al narcotraficante “se le está dando un trato como a cualquier otro interno”, y dijo que la incomunicación a la que aluden “no existe”. Como prueba, presentó el registro que muestra que el martes se entrevistó con uno de sus abogados.
Osorio reconoció, en diálogo con Fórmula, que el proceso de extradición puede ser “muy largo”, en particular por la “protección” de los abogados, que están tramitando numerosos recursos de amparo y “seguirán” solicitando más. Además, sostuvo que antes de que el Chapo sea trasladado a Estados Unidos es necesario recolectar toda la información que él pueda brindar, ya que todavía faltan “algunas tareas para desarticular completamente su sistema financiero y logístico”, así como los de sus aliados. También dijo que una tercera fuga “sería imperdonable” y que se tomaron “todas las medidas” para “evitarlo”.
También se refirió a este tema el director general de Procesos Internacionales de la Fiscalía General mexicana, José Manuel Merino, y fue categórico al decir que ningún amparo puede detener el proceso de extradición. Merino aseguró, entrevistado por la agencia de noticias Efe, que los amparos presentados por el Chapo seguramente “van a sobreseerse”, ya que la cancillería mexicana todavía no recibió el expediente judicial para autorizar formalmente la extradición.
Por otro lado, en diálogo con el diario mexicano El Universal, Merino garantizó que si el narco fuera extraditado a Estados Unidos, no podría ser condenado a la pena de muerte, porque la Constitución mexicana la prohíbe y porque así está establecido en el tratado de extradición firmado por los dos países. Merino detalló además que en la petición de extradición de Texas -estado donde es legal la pena capital- Estados Unidos “se comprometió” a “sólo procesarlo, pero no aplicarle la pena de muerte”.
Según una encuesta telefónica realizada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica un día después de la captura, 42% de los mexicanos opina que la extradición del narco de Sinaloa es la mejor opción y 60% consideró un “error” que lo hayan trasladado a la cárcel El Altiplano, de donde se fugó en julio. Otra encuesta publicada ayer reveló que 77% de los mexicanos tiene miedo de que vuelva a fugarse.
Por una frase
Para brindar la primera entrevista de su vida, el Chapo eligió un encuentro con el actor estadounidense Sean Penn, que tuvo lugar gracias a la gestión de la actriz mexicana Kate del Castillo, conocida en su país por su papel como narcotraficante en la telenovela La Reina del Sur. Esta entrevista, realizada en octubre, en la clandestinidad, fue publicada por la revista Rolling Stone el domingo, dos días después de que el Chapo fuera recapturado.
Por esta reunión con un prófugo, la Fiscalía de México investiga tanto a Del Castillo como a Penn, según ratificó el portavoz de la Presidencia mexicana, Eduardo Sánchez. “Lamentamos mucho que haya actos de colaboración de cualquier ciudadano con integrantes del crimen organizado”, afirmó Sánchez el martes en un encuentro con la prensa, y cuestionó a Del Castillo por no haber “compartido información” que “hubiera facilitado la detención” del narcotraficante.
La investigación apunta también a la posibilidad de que la actriz tuviera algún tipo de asociación lucrativa con el Chapo, especialmente por la entrevista filmada, en cuyos créditos figura la productora de Del Castillo como “dueña de todos los derechos”. Además, El Universal reveló el lunes que la actriz aceptó ser la productora del film que el Chapo quería realizar sobre su vida, según un expediente de la Fiscalía al que tuvo acceso el diario, aunque no se determinó “si hubo beneficio económico para alguna de las partes”, explicó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), Roberto Campa. En el caso de Penn, la acusación por encubrimiento desaparecería si se demuestra que su trabajo fue exclusivamente periodístico y que no hubo pagos de por medio. Por el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas.
Uno de los abogados del Chapo, Juan Pablo Badillo, exigió que Penn sea citado para declarar por la Justicia. La solicitud tiene que ver con una frase que Penn le atribuye al Chapo en su artículo y que, según el abogado, “es una falsedad”. La cita, que podría ser la primera declaración que el narco hace sobre sus negocios ilegales, dice: “Yo suministro más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que cualquier otra persona en el mundo”. En una entrevista con la agencia Reuters, Badillo sostuvo que esa declaración podría complicar la defensa de su cliente y que, por esa razón, Penn debería testificar.