La emergencia económica, que le otorga “plenos poderes” al presidente durante 60 días y deja sin potestades al Parlamento, fue anunciada el viernes por el ministro de Economía, Luis Salas. El decreto, firmado por Maduro cuando rendía cuentas sobre su gestión anual ante la AN y publicado en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial, establece que el gobierno podrá “disponer” del presupuesto nacional para asegurar la “continuidad de las misiones sociales”, el financiamiento de la producción agrícola e industrial y el abastecimiento de alimentos.

Además, durante ese tiempo, el Poder Ejecutivo dictará medidas para evitar la evasión fiscal; “agilizará” los trámites para la compra de productos e insumos necesarios para el consumo; eximirá de los requisitos cambiarios al sector público y privado para, justamente, facilitar la importación de bienes, y “requerirá” el incremento de la producción de empresas públicas y privadas para terminar con el desabastecimiento.

La nueva AN, con mayoría opositora, tiene tiempo hasta el sábado para evaluar si aprueba o no este decreto, aunque no está claro hasta dónde podrá modificar el contenido, porque al haber sido publicado en la Gaceta Oficial, ya entró en vigencia. El Tribunal Supremo de Justicia también deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta herramienta.

Un informe del Banco Central de Venezuela (BCV) publicado el viernes puso en evidencia la situación económica de un país que desde 2014 está en recesión. Según el documento oficial, la economía venezolana registró en el tercer trimestre de 2015 una inflación interanual de 141,5% -la más alta de toda su historia- y una contracción del Producto Interno Bruto de 4,5%. Uno de los principales factores que incidieron, según el BCV, fue “la menor disponibilidad de divisas”, consecuencia de una caída de 57,8% en los precios del petróleo.

Aunque el informe no brinda cifras sobre la escasez y el desabastecimiento de los productos básicos, sí se refiere a una “apreciación de existencia de acaparamiento” -la acción de almacenar y mantener los productos fuera del mercado- de 87%. Los venezolanos no sólo se enfrentan a las góndolas vacías de los supermercados: los productos que están disponibles se encarecieron de manera desmedida. El BCV muestra, además, que la balanza comercial venezolana marcó un déficit de 782 millones de dólares para el final del tercer trimestre de 2015.

Estaba previsto que ayer el Consejo Nacional de Economía Productiva, liderado por el vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, y el ministro Salas, e integrado por alcaldes, gobernadores regionales y empresarios, se reuniera para empezar a dibujar el mapa “de atención en tiempo real a necesidades reales; atención y solución” que Maduro les encomendó el viernes. Sin embargo, el mandatario anunció en Twitter que la reunión fue pospuesta para hoy, y adelantó que en este encuentro “explicará” la “Agenda Económica Bolivariana”, que guiará los pasos del gobierno “desde la emergencia hacia la estabilidad y el crecimiento productivo”. Para la oposición, la estabilidad y el crecimiento son posibles sólo si Maduro deja la presidencia.

La reacción

Distintos líderes opositores, integrantes de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuestionaron el decreto y coincidieron en que la solución consiste en que Maduro renuncie a su cargo. Para el jefe de la bancada opositora en el Parlamento, Julio Borges, la decisión muestra que el gobierno quiere seguir controlando la economía, “aplicando las mismas recetas que tienen a los venezolanos haciendo colas, padeciendo la escasez y pasando trabajo porque el sueldo no alcanza”. También dijo que los integrantes del gobierno “no han aprendido nada”, al tomar medidas “que lo único que han generado es corrupción y escasez de manera escandalosa”, y manifestó que es necesario exigir “un cambio”. Agregó: “Si no hiciere este cambio tendremos que liderar el país para cambiar al gobierno”.

Por su parte, la dirigente María Corina Machado, del partido Vente Venezuela, dijo en su cuenta de Twitter: “Maduro dice que quiere estimular la inversión, producción y exportaciones. Hay una medida que lo lograría de inmediato: cuenta y renuncia”. También habló el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles, y comparó los poderes que asume Maduro con este decreto con “darle una pistola a un asesino”. Además, aseguró que las cifras proporcionadas por el BCV son “falsas” y que, en realidad, la inflación es mucho mayor.

En tanto, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, cuestionó la decisión de Maduro de decretar la emergencia económica “sin consensuarlo con sector alguno”, a pesar de haberse referido “al diálogo” para enfrentar la crisis. Para Torrealba, este decreto “otorga amplios poderes a las mafias oficiales que generaron la emergencia”.