En el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, funcionó la Zona Militar 21 durante durante el conflicto interno del país, en la década de 1980. Tomó décadas que la Fiscalía investigara lo que pasó allí y concluyera que fue un centro de tortura y detención clandestino en el que desaparecieron cientos de personas. Para comprobarlo fue necesario el trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que en 2012 exhumó 558 cuerpos en terrenos de esa repartición militar. Después de tres años de investigación 14 militares fueron detenidos por esos hechos.

Orlando López, titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, se refirió a aquellos hallazgos en conferencia de prensa. De acuerdo con el diario guatemalteco El Periódico, dijo que se encontraron allí los cuerpos de hombres y mujeres, niños y ancianos, con fuertes signos de violencia: vendas a la altura de los ojos, mordazas, cadenas, esposas. López agregó que muchos de los cuerpos tenían impactos de bala y heridas cortantes, informó la agencia de noticias Efe.

Debido a las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, se dispuso la detención de los militares sospechosos de estos crímenes, cometidos entre 1981 y 1988. La fiscal general, Thelma Aldana, dijo que sólo 97 víctimas pudieron ser identificadas mediante pruebas de ADN, y que según el testimonio de un sobreviviente se trataba de civiles y no de combatientes de los grupos armados que existían por esos años. Los forenses establecieron que 85 de las víctimas eran niños y adolescentes: 22 tenían menos de tres años.

“Durante décadas los familiares de las víctimas y sobrevivientes han esperado a que el Estado dé una respuesta para la aplicación de la Justicia”, dice un comunicado que emitieron ayer la asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, el Grupo de Apoyo Mutuo y la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí. Las tres organizaciones saludaron las detenciones de estos militares.

La lista de detenidos incluye a Manuel Lucas, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del ex presidente Fernando Romeo Lucas (1978-1982), Byron Barrientos, ex ministro del Interior del gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), y Francisco Gordillo, que integró junto a José Efraín Ríos Montt y Horacio Maldonado Shaad el triunvirato que se instaló en el poder después de derrocar a Lucas.

Las autoridades investigan también a Edgar Ovalle, un militar que fue electo diputado por el Frente de Convergencia Nacional, el partido del presidente electo, Jimmy Morales. Según el diario guatemalteco Prensa Libre, estaba previsto que Ovalle reemplazara a Morales como secretario general del partido.

Otros cuatro militares guatemaltecos fueron detenidos, también el miércoles, por otro caso de desaparición forzada, el de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años. Fue secuestrado en su casa en 1981, después de que su hermana, Emma Guadalupe, fuera detenida con propaganda política y torturada durante nueve días, hasta que escapó. En 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a Guatemala investigar esta desaparción y castigar a los responsables.