“En Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios”, dijo en una entrevista el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, y causó el repudio de todos los organismos de derechos humanos del país. En esa entrevista, realizada por los periodistas Luis Majul y Edi Zunino, Lopérfido también dijo, acerca de los montoneros, que el “error enorme” de los militares fue “hacerlos desaparecer” y “matarlos” en lugar de iniciar “un proceso legal” para encarcelarlos.

Representantes de distintos colectivos salieron al cruce de estas declaraciones, que ponen en duda la cifra que manejan los familiares de los desaparecidos durante la última dictadura argentina. La primera en hablar fue Hebe de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que confesó que no estaba “sorprendida” por la declaración del funcionario, quien forma parte “de la derecha fascista que estuvo con los militares”. Agregó: “Estuvieron con los militares, estuvieron de acuerdo con la tortura, con la muerte y la desaparición. Odian a nuestros hijos y tienen el mismo odio contra las Madres y las Abuelas”. Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que las organizaciones de derechos humanos “manejan” la cifra de 30.000 y que “los propios depredadores y genocidas la llevaron a 45.000, entre muertos y desaparecidos”. La dirigente agregó que “hubo familias que quedaron diezmadas y nadie hizo denuncias. Se registraba como se podía”.

El ganador del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel mandó a Lopérfido “a informarse”. A su vez, la organización HIJOS manifestó su descontento con varias medidas del nuevo gobierno: “Un funcionario dice que los desaparecidos no fueron 30.000, nombran a un defensor de los genocidas en [el Ministerio de] Seguridad y el presidente no nos recibe. Cambió”, sostuvieron los integrantes en un comunicado, ironizando sobre el nombre de la coalición que llevó al presidente Mauricio Macri al gobierno, Cambiemos. La organización se refería a que el nuevo jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, es un abogado que defendió a represores de la dictadura, informó el diario Página 12.

Los dichos de Lopérfido fueron vertidos en un contexto delicado. Desde que asumió Macri, en diciembre, hubo una oleada de despidos masivos en distintos organismos de derechos humanos de la órbita estatal. Hasta el viernes, el número de despidos resueltos por el ministro de Justicia, Germán Garavano, ascendía a 489 en espacios como la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia Fernando Ulloa y otras dependencias estatales que coordinan políticas públicas en materia de memoria y derechos humanos. Estos hechos impulsaron a la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas a pedir una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De manera paralela, cerca de 400 colectivos y organizaciones firmaron un documento en el que rechazan “el recorte de la política de derechos humanos” y los despidos que “atentan contra la lucha por la verdad y la justicia”. El texto concluye: “No sólo defendemos el empleo público, no sólo nos oponemos al vaciamiento del Estado, sino que también levantamos las banderas para sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que durante los últimos años fueron elevadas a políticas de Estado y convirtieron al país en un ejemplo a seguir”.

A esta situación de malestar se le sumó la negativa de Macri de recibir a varias organizaciones de derechos humanos que hace 20 días solicitaron un encuentro “urgente” con él. El presidente les explicó, en una carta dirigida a De Carlotto, que le resultaba “imposible acceder a la entrevista solicitada” dada “la extensa actividad de gobierno”. En su lugar, les ofreció un encuentro con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Carlos Pisoni, que integra HIJOS, dijo al diario Página 12 que pidieron la reunión con el presidente para expresarle su “preocupación” por los despidos masivos, “la política de represión a las distintas protestas” y el encarcelamiento de la dirigente Milagro Sala “por el derecho a protestar, que es un derecho fundamental”.

La presidenta de Abuelas, en diálogo con el mismo diario, cuestionó que Macri no “aclarara” que, a pesar de su poca disponibilidad, no pudiera recibirlos “en una fecha próxima”. De Carlotto agregó: “Dice que pone a una persona en nombre de él para hacerlo, lo único que faltó decir en realidad es ‘no los recibo porque no quiero’”. Además, la militante dijo que Macri los “discriminó” al no recibirlos, cuando el día anterior se reunió con un grupo de sobrevivientes del holocausto judío.

Después de un largo debate, las organizaciones decidieron finalmente reunirse con Peña en la tarde de ayer, con la expectativa de que el gobierno abra “una instancia de diálogo”, según dijo Pisoni. Taty Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo que ya le habían pedido a Macri, durante la campaña electoral, que explicara “cuál es su proyecto de gestión en derechos humanos”, como hizo el resto de los candidatos. “Ya lo está demostrando”, agregó.

Al salir del encuentro con Peña, de acuerdo con La Nación, De Carlotto dijo que asistieron porque “el diálogo entre los organismos de derechos humanos y el Estado es necesario”, y que dejaron al gobierno un documento con sus demandas, que hacen referencia a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, a los “despidos masivos” y a la detención de Sala.