El ombudsman de México, Raúl González, presentó ayer el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y criticó la falta de respuesta de las autoridades ante las desapariciones de personas. Durante 2015 fueron denunciadas 423 desapariciones y en 11 de esos casos hay indicios de que se trató de desapariciones forzadas, dijo González.
“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar”, dijo González. El ombudsman mencionó el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que “indignó y movilizó” a la sociedad mexicana. Sin embargo, lamentó, hay otros casos en los que parece “repetirse ese vínculo funesto” entre las autoridades y el delito. “[Esto nos] hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado y sobre si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones”, dijo González. “Los costos de las lecciones no aprendidas son muy altos. No podemos eludir o voltear la cara a la realidad que tenemos”, advirtió.
González se refirió específicamente a la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, en Veracruz, el 11 de enero, por la cual están detenidos como presuntos responsables siete policías. Los jóvenes fueron a pasar el fin de semana en el puerto de Veracruz y a su regreso, el lunes 11, pararon a desayunar y a cargar nafta en una estación de servicio. Mientras estaban allí llegó una patrulla de la Policía municipal, aparentemente para hacer una revisión de rutina. Tras unos minutos, subieron a dos de los jóvenes a la patrulla y los otros tres regresaron al vehículo en el que venían, pero conducido por un policía. Todo esto fue presenciado por un vecino de los desaparecidos, que telefoneó al primo de uno de ellos para avisarle sobre lo que había visto. Cuando intentaron comunicarse con los jóvenes detenidos, sus teléfonos celulares ya estaban apagados.
Según la investigación judicial, los policías nunca informaron a sus superiores que habían detenido a los cinco jóvenes, por lo que se considera que hubo “dolo en sus acciones”, explicó el fiscal general de Veracruz, Luis Bravo. Tanto este funcionario como el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se comprometieron a continuar con la búsqueda hasta que los jóvenes aparezcan. Pero las familias de los desaparecidos no están satisfechas con los avances. Los padres de los cinco jóvenes largaron una campaña en las redes sociales con el hashtag #NosFaltan5 y están acampando frente al Ministerio Público de Tierra Blanca.
En las últimas semanas han emitido varios comunicados en los que reclaman a la Policía -a la que consideran responsable de las desapariciones- que informe sobre el paradero de sus hijos, pero también se han referido a otros aspectos del caso. Por ejemplo, ayer emitieron un comunicado en el que pidieron a los medios de comunicación que verifiquen la información sobre sus hijos antes de publicarla. “Por ganar la nota publican y replican 'voladas' que lastiman a las familias, que ya de por sí vivimos momentos muy dolorosos”, agrega el texto difundido mediante la cuenta de Facebook “Ayúdenos a encontrarlos”.