El gobierno colombiano vendió el miércoles al fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management 57,6% de las acciones que le quedaban en la empresa Isagen. Lo hizo mediante una subasta en la cual Brookfield fue el único oferente que quedó, pese a que se habían presentado nueve empresas. La última de ellas, la chilena Colbún, se retiró el lunes, cuando el gobierno aumentó 21,5% el precio mínimo a pagar por la compra de las acciones.

La empresa de generación eléctrica Isagen tiene siete centrales, seis de ellas hidroeléctricas y una térmica, y tenía en estudio cuatro proyectos que le permitirían duplicar su capacidad de generación hasta casi 6.500 megavatios.

El gobierno vendió las acciones por el monto mínimo, unos 2.000 millones de dólares, y la venta se concretó en una sala de la Bolsa de Valores, donde prácticamente se simuló una subasta, ya que de antemano se sabía que habría un solo oferente. Afuera, protestaban cientos de personas.

Después de la venta, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reiteró el que ha sido hasta ahora el único argumento del gobierno para tomar esta decisión: “Los recursos serán utilizados para financiar la construcción de infraestructura en el país”. Por su parte, el gerente general de Brookfield Colombia, Carlos David Castro, dijo que el país “es un mercado atractivo de largo plazo” y cuenta con “una perspectiva de alto crecimiento”.

“Vender lo público es traición a la patria”, “Isagen es para todos” y “No a la venta de Isagen”, decían algunos carteles en la protesta del miércoles en las afueras de la Bolsa de Valores. La movilización fue convocada por organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores y el sindicato de maestros,y también por partidos como el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde y la Unión Patriótica, todos identificados con la izquierda y con la oposición.

“Se están robando un patrimonio público. [...] Nunca hubo una subasta, fue una pantomima organizada para que los señores de Brookfield pudieran quedarse a precio de ‘gallina flaca’ con la ‘gallina de los huevos de oro’”, aseguró el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo. Otro diputado de su partido, Alexander López, que también participaba en la protesta, llamó a los presentes a no bajar los brazos. “Con acciones jurídicas y movilización popular, rescataremos a Isagen. La subasta del gobierno de Santos es completamente ilegal. La lucha continúa”, dijo.

No sólo la izquierda se opone a la venta; también lo hacen el partido del ex presidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, el Partido Conservador y algunos dirigentes del oficialismo.

Las acciones que están anunciadas por estos días son varias. El Centro Democrático manifestó que presentará ante la Comisión de Acusaciones una petición para que se investigue si el presidente Juan Manuel Santos se vio beneficiado personalmente por esta venta.

El Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde, el Partido Conservador y el Centro Democrático presentarán una moción de censura contra el ministro de Hacienda. Además, Cárdenas fue denunciado ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría colombianas por la Red de Veedurías Ciudadanas, que quiere que se investigue si la subasta fue legal. Otras organizaciones civiles anunciaron que también recurrirán a la Justicia. Es el caso de la Red de Justicia Tributaria, cuyo director, Mario Valencia, dijo al diario El Colombiano que la subasta fue un engaño para “una adjudicación a dedo del patrimonio público”.

Mientras que el gobierno asegura que se puede realizar una subasta con un solo oferente, los críticos dicen que no es así. Algunos de ellos, como Uribe, recuerdan que en 2012 el máximo organismo contencioso administrativo del país, el Consejo de Estado, invalidó la adjudicación de un canal de televisión porque se otorgó a un único oferente.

-Permanencia en duda

Entre quienes se pronunciaron en contra de la venta también está la senadora Sofía Gaviria, una de las referentes del Partido Liberal, que integra la alianza parlamentaria del gobierno, Unidad Nacional. Gaviria anunció ayer que su partido impulsará un juicio político contra el gobierno y que después de que se concrete la venta (para lo cual hacen falta algunos pasos legales) propondrá que se debata la continuidad de los liberales en Unidad Nacional, informó el diario colombiano El País.

Otro senador oficialista crítico en este tema es José David Name, del Partido de la U, que también integra Unidad Nacional. “Colombia necesita operar sus activos energéticos sin manipulaciones privadas”, dijo días atrás en entrevista con La W Radio. “El sector eléctrico está en plena crisis; es el peor momento para salir de una empresa que sólo ha otorgado beneficios al país y se encuentra en excelentes condiciones”, argumentó, y opinó que el suministro eléctrico se debe garantizar “desde el Estado y no desde las oficinas de los particulares”.

La posibilidad de vender Isagen está planteada en el gobierno colombiano desde 2000. De esa fecha data una carta enviada por Santos, entonces ministro de Hacienda, al Fondo Monetario Internacional en la que informa que la venta de la empresa eléctrica sería una de las medidas a tomar para pagar un préstamo que Colombia contrajo en 1999 con el organismo.

Sin embargo, varios economistas consultados por medios colombianos dijeron que los datos de Isagen muestran que la empresa está en uno de sus mejores momentos y que el precio a cambio del cual se entregó la participación estatal es muy bajo. El economista Eduardo Sarmiento, que escribe una columna semanal en el diario colombiano El Espectador, dijo a la cadena Telesur que la empresa creció “a razón de 10%” anual. Según datos publicados por la revista Semana, Isagen obtuvo en 2014 un beneficio neto de 135 millones de dólares e ingresos por 714 millones de dólares.

Con su venta, el Estado redujo a 4% su participación en el sector eléctrico -el 96% restante está en manos de privados- y cuenta sólo con pequeñas generadoras. El Observatorio de Energía de la Universidad Nacional indicó en un estudio que esto implica que la venta de Isagen perjudica el desarrollo y la investigación de nuevas fuentes de energía, ya que las empresas estatales eran las que solían encargarse de emprenderlos.

La oposición a la venta generó coincidencias en las opiniones de actores políticos tan diferentes como el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, el ex presidente Uribe y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ordóñez dijo que en la venta el gobierno disminuyó el precio de las acciones respecto del mercado casi 30%, lo que generó una pérdida de unos 700 millones de dólares, “un detrimento patrimonial sin antecedentes en la historia del país”. En una carta, el procurador manifestó que también la Contraloría General de la República evaluó de forma negativa la venta y que la pérdida de los ingresos mensuales que representa Isagen podría llevar al gobierno a poner nuevos impuestos a los colombianos.

En su cuenta de Twitter, Uribe criticó la venta antes de que ésta ocurriera; dijo que “construir la infraestructura de Isagen vale más del doble” que el precio por el cual se vendieron las acciones de la empresa.

En La Habana, el comandante de las FARC Joaquín Gómez dijo que la venta es “un atentado al patrimonio colombiano” y “va en contra del espíritu de lo que se está acordando en la mesa de conversaciones” de paz.