La llamada “semana de la resistencia”, convocada por los partidos opositores de Haití, se terminó el día en que anunciaron la suspensión de las elecciones que iban a desarrollarse el domingo. Por primera vez un proceso electoral fue frenado, entre otros motivos, porque la gente salió a las calles y lo exigió. El gobierno anunció que la suspensión se debía a motivos de seguridad, aludiendo a las protestas. Los líderes opositores y miles de manifestantes no querían permitir, según expresaron, que el pueblo haitiano fuera víctima, otra vez, de la manipulación de sus votos y del fraude electoral. La suspensión de la segunda vuelta electoral fue considerada por el G8 como un “primer triunfo”.
El lunes, ese grupo dio un paso más y presentó por escrito una propuesta para instalar un gobierno de transición, que asumiría el mismo día en que Martelly tiene que abandonar su cargo. Durante este período de transición, aclaran los ocho en un comunicado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia o, en su defecto, el vicepresidente, asumiría como jefe de Estado. Elegiría a un primer ministro “entre las figuras políticas del país conocidas por su compromiso político, competencia y seriedad”, y juntos articularían un Consejo de Ministros. Los opositores plantearon esta propuesta porque entienden que el nuevo Senado no puede proporcionar soluciones para el país, ya que fue votado en unas elecciones fraudulentas y, por eso es “parte del problema”.
Para ellos, este Poder Ejecutivo provisorio es necesario para reorganizar el CEP, terminar con la corrupción y completar de una vez el proceso electoral. Para lograr esto último, sostienen, el gobierno interino deberá formar una “comisión de investigación independiente” encargada de profundizar en la evaluación del proceso electoral; determinar el alcance de las irregularidades y el fraude; identificar y excluir del proceso a quienes estén vinculados con ese fraude y recomendar al gobierno provisional “todas las medidas que se consideren útiles y factibles para recuperar la confianza” de los haitianos.
Esta comisión tendría un mandato de 30 días y estaría integrada por cinco miembros designados por distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos, medios de comunicación y género, y un grupo de observadores nacionales controlado por la Comisión de Justicia y Paz de Haití.
El texto también propone, sin dar detalles, beneficiar a los campesinos, maestros, profesores, policías y a las “personas de bajos ingresos en general”, someter la gestión de Martelly a una auditoría, liberar a los presos políticos y renovar el CEP, al que ya denunciaron por falta de transparencia y que actualmente está casi vacío tras la renuncia de más de la mitad de sus miembros.
Por ahora, el gobierno de transición es sólo una propuesta, pero podría ser la más factible. Ayer Kenneth Merten, un enviado especial de Estados Unidos a Haití, dijo que, aunque el gobierno de Barack Obama prefiere acelerar las cosas para que haya nuevas elecciones sin tener que atravesar un período de transición, es “improbable” que se vote antes del 7 de febrero. “Hablando de manera realista, podríamos ver algún tipo de solución temporaria hasta que haya una entrega [de mando] a un nuevo presidente electo”, dijo Merten a la agencia Reuters. “Seguimos el tema muy atentamente, estamos muy preocupados y esperamos que el diálogo entre los candidatos, el presidente Martelly, el presidente del Senado y otros pueda conducir a una solución”, agregó.
Vuelan palos
Otra de las tareas que propone el G8 para este posible gobierno provisional es la creación de una comisión de “compensación a las víctimas de las jornadas de protesta contra el régimen del [gobernante Partido Haitiano] Tet Kalé”, durante la “semana de la resistencia”. Esta medida ya había sido exigida la semana pasada, cuando los ocho líderes denunciaron casos de represión policial e incluso de tortura a los manifestantes.
Las torturas por parte de la Policía nacional haitiana quedaron expuestas cuando se filtró un video que muestra cómo varios policías patean y azotan a dos militantes que, acostados boca abajo, son obligados a bajarse los pantalones y contar los latigazos. En un comunicado, la oposición acusó a la Policía de tratos “inhumanos y degradantes”, que comparó con los castigos de la época de esclavitud. También exigió la identificación de los policías involucrados, que en el video aparecen del cuello para abajo, y pidió a los manifestantes que no respondan a las “evidentes provocaciones” de las fuerzas de seguridad.
Inmediatamente después, el primer ministro haitiano, Paul Evans, también condenó el caso de tortura, que consideró una “grave violación a los derechos humanos”, y aseguró que sancionará a todos los que están involucrados.
