El ex presidente colombiano Álvaro Uribe dio a conocer ayer las diez propuestas de su partido, Centro Democrático, para modificar el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas iniciativas se conocen después de que Santos fuera reconocido con el premio Nobel de la Paz, galardón que funcionó para acelerar un proceso que amenazaba con diluirse en negociaciones y conversaciones con puntos de partida poco concretos.

Desde la semana pasada un grupo de jóvenes permanece en la céntrica plaza Bolívar, en Bogotá, en lo que han denominado “campamento por la paz”. El miércoles distintas asociaciones de víctimas tienen previsto hacer una nueva Marcha del Silencio, en la que habrá un fuerte reclamo de alcanzar la paz y terminar con el conflicto interno colombiano. Las 45 víctimas que participaron en los diálogos de La Habana emitieron un comunicado en el que manifiestan que esperan que el Nobel que Santos recibió el viernes contribuya “a la construcción colectiva de paz, convivencia, reconciliación y justicia social” en Colombia.

Sectores sociales y políticos seguían manifestando su esperanza en estas negociaciones, y el viernes llegó un respaldo internacional a ese proceso con el saludo de diversos países que felicitaron a Santos por el Nobel de la Paz. La intención del Comité del Nobel era dar un espaldarazo a la posibilidad de establecer la paz en Colombia. Su presidenta, Kaci Kullmann, dijo al anunciar el premio: “El comité concentra su reconocimiento en el actor que considera que necesita la fuerza para anclar su posición por la paz y aunar en su figura el respaldo internacional que el premio suele encarnar”.

“Es la voz de apoyo del mundo a nuestro país”, dijo el jefe de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle. Por su parte, el comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien para algunos también debió haber recibido el Nobel, felicitó a Santos y consideró que este premio “contribuirá a afianzar la paz”. Tanto Santos como Timochenko reconocieron a las víctimas y consideraron que son las verdaderas destinatarias del Nobel. El presidente incluso anunció que donaría el dinero que implica el premio.

Viento en la camiseta

El Nobel llegó mientras las partes involucradas en las negociaciones se reacomodaban. Ahora esas partes son tres: al gobierno y a las FARC se les sumó el uribismo, bajo cuyo mandato el Ejército dio, entre 2002 y 2010, los golpes militares más fuertes a la guerrilla, que causaron la muerte de su entonces comandante en jefe, Alfonso Cano, y de otros miembros de su secretariado.

Después de las primeras reuniones que siguieron al 2 de octubre, cuando los colombianos rechazaron el acuerdo, se empezó a contar con un escenario más claro de las distintas posiciones. El uribismo quiere que todas sus propuestas sean aceptadas e incluidas en el acuerdo final, porque considera que cuenta con el respaldo de las urnas. Las FARC están abiertas a incluir precisiones y a agregar otros temas si es necesario, pero no quieren revisar lo pactado, según han dicho sus líderes en comunicados y redes sociales. El gobierno se ha mostrado abierto a modificar el acuerdo con “propuestas viables y realistas”, pero no con las que considera “imposible” llegar a un consenso, dijo al diario El Tiempo la canciller María Ángela Holguín. Agregó que los partidarios del No podrán plantear sus propuestas al gobierno y que este trasladará las que considere adecuadas a la mesa que continúa instalada en La Habana. “La negociación sigue siendo entre el gobierno y las FARC”, recalcó.

Ayer se conocieron las propuestas de Uribe. Entre otras cosas, planteó que en el acuerdo final se incluyan penas privativas de libertad de entre cinco y ocho años, que pueden ser cumplidas en “sitios alternativos, como granjas agrícolas”. También reclamó que los responsables de los delitos más graves no deberían ser elegibles para cargos públicos y que el delito de narcotráfico no debe ser considerado un delito conexo al delito político, ya que estos entran en la amnistía.

Además, Uribe exigió que los compromisos con las FARC se cumplan “sin afectar” la “estabilidad fiscal”, la “confianza del sector inversor privado en Colombia” y la “competitividad”. En este sentido, también propuso que en lugar de darles dinero a los guerrilleros desmovilizados se los contrate para erradicar manualmente las plantaciones de coca con las que todavía cuentan las FARC. Por último, Uribe pide que los acuerdos no afecten la posesión de tierras de “la empresa agropecuaria transparente”, un punto en el que la derecha no está dispuesta a negociar y al que ha recurrido para oponerse al acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC.

Ninguna de las propuestas de Uribe está relacionada con las víctimas, aunque una de ellas exige que en el Congreso se apruebe una ley de “alivio judicial” para reducir las penas ya aplicadas a militares y policías en el marco del conflicto.