Los diputados aliados del gobierno de Michel Temer se disponían a aprobar ayer la Propuesta de Enmienda Constitucional 241, que congela el gasto público durante 20 años en Brasil. La oposición activó distintos mecanismos legislativos en un intento de postergar la votación, pero no lo logró.

Por tratarse de una reforma constitucional, la norma debe ser aprobada dos veces en cada cámara. La votación anterior en Diputados fue el 11 de octubre, cuando obtuvo 366 votos a favor y 111 en contra: los números son un reflejo casi perfecto de la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, la derecha y la izquierda, en el Congreso. Después de que sea aprobada por segunda vez en Diputados, la norma avanzará al Senado, donde se prevé que reciba la aprobación definitiva el 13 o 14 de diciembre.

Ayer se repetían los mismos rumores que se plantearon antes de que la iniciativa fuera votada por primera vez en Diputados: en base a fuentes no identificadas, los medios brasileños informaban que el gobierno castigaría a los diputados aliados que no respaldaran la propuesta, ya sea destituyéndolos de cargos públicos -que pueden ocupar en simultáneo a su trabajo en la cámara- o reduciendo los recursos destinados a la región que representan.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció que ayer se realizaría la votación y que después de esta se mostraría a los “inversores” que Brasil sigue “el camino correcto” para acomodar sus finanzas. La norma establece que durante las próximas dos décadas el gasto público que los gobiernos prevean para cada año debe ser el mismo que el año anterior ajustado por el dato oficial de la inflación, sin lugar a ninguna excepción durante, al menos, los diez primeros años. No prevé, ni siquiera, que un desastre natural obligue a un gobierno a aumentar su gasto.

Esta reforma implica que se anule la disposición constitucional que establece que 18% y 13,7% de la recaudación fiscal anual de Brasil sean destinados a educación y salud, respectivamente. Este aspecto es el que ha generado más críticas, en particular de movimientos estudiantiles y gremios de la educación, que se han movilizado de forma articulada en casi todo el país, con marchas, cortes de rutas y ocupación de centros de estudio, incluidas universidades.

La reforma afecta en especial a la población con menos recursos, tanto a aquellos que perciben beneficios sociales como a quienes utilizan los servicios públicos, que se verán deteriorados por la falta de crecimiento real del presupuesto anual. Afecta también a los asalariados, ya que el proyecto limita, además, el aumento del salario mínimo. Esto incluye a gran parte de la población brasileña, mucha de la cual no está organizada en torno a movimientos o agrupaciones que sirvan para unificar sus reclamos y llevarlos a la calle.

Otro aspecto que explica que no existan más movilizaciones en contra de la iniciativa es que las actuaciones de los sindicatos se hicieron de forma desarticulada, sin que ni siquiera se realizaran acciones en varios estados el mismo día.