Niños palestinos de entre 11 y 15 años marcharon ayer hacia una colonia israelí en territorio ocupado para jugar un partido de fútbol, pero fueron detenidos por soldados y policías de frontera de Israel. Sistemáticamente esas fuerzas de seguridad impiden que equipos integrados por palestinos jueguen en las colonias que están instaladas en territorio ocupado. Al mismo tiempo, Israel permite que seis equipos conformados en esas colonias participen en campeonatos organizados por la federación de fútbol israelí y que lo hagan como locales en esos territorios.

La marcha de los niños fue una de las varias acciones que llevaron adelante en los últimos días distintas organizaciones, y que fueron aplaudidas por la Asociación Palestina de Fútbol (APF). Esta organización le reclama a la FIFA que se permita a los palestinos jugar en esas zonas y que impida que los equipos de esas colonias israelíes oficien de locales en territorio ocupado.

Estos permisos y prohibiciones son establecidos “por un país ocupante” que está teniendo un “comportamiento ilegal, inmoral y poco ético” avalado por la FIFA, manifestó la APF en un comunicado emitido ayer. La organización considera que los equipos de las colonias deberían participar en la liga palestina o instalarse en territorio israelí para formar parte de los campeonatos de ese país.

Otra de las denuncias de la APF es que Israel impide que los jugadores palestinos que participan en las distintas selecciones futbolísticas salgan de la franja de Gaza. El último caso, a fines de setiembre, fue el del equipo palestino de fútbol playa masculino, que no pudo dejar ese territorio palestino porque Israel le negó los permisos para atravesar los pasos fronterizos, controlados por ese país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo días atrás que este tema es una de sus prioridades para el Consejo de la FIFA que comienza hoy y termina mañana. Otro tema que deberá abordar el consejo es la denuncia presentada por la Federación de sindicatos de Holanda (FNV, por su sigla en holandés) contra el organismo.

La FNV llevó ante los tribunales de Suiza, donde tiene su sede la FIFA, el caso de Nadim Sharaful Alam, un trabajador de Bangladesh que según la denuncia tuvo que enfrentar “condiciones laborales inhumanas cercanas a la esclavitud” en Qatar cuando trabajó entre 2014 y 2016 en la construcción de uno de los estadios que está previsto que sean inaugurados para el Mundial de Fútbol de 2022. El trabajador atravesó una situación similar a las que, según ya se ha denunciado, viven un millón de extranjeros que trabajan en la construcción de estadios en Qatar.

Según las investigaciones de organismos internacionales que defienden los derechos humanos, la legislación laboral qatarí, denominda kafala, permite la violación de los derechos de los trabajadores. La norma establece que cada trabajador extranjero tenga un tutor que puede, entre otras cosas, decidir su horario de trabajo y su sueldo en acuerdo con su empleador e incluso retener su pasaporte.

“El obrero es casi propiedad de sus amos, ellos deciden cuándo empieza su jornada, come, duerme, recibe el pago y puede marcharse”, dijo Liesbeth Zegveld, una de las abogadas que promueven la denuncia. “Si otros afectados se unen”, la demanda de Sharaful Alam “puede ser enorme”, agregó en declaraciones al diario español El País.

Ante las primeras denuncias de violaciones de los derechos de los trabajadores extranjeros, el gobierno qatarí promovió una investigación en 2015 y modificó algunas de sus normas, pero los principales problemas permanecen, afirmó Zegveld. Según DutchNews, un medio periodístico digital holandés en inglés, sólo en setiembre se suicidaron dos trabajadores.

La demanda se presenta contra la FIFA porque se la considera responsable solidaria de las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Qatar, por haber adjudicado la organización del Mundial de Fútbol de 2022 a ese país sin garantizar los derechos laborales.

La FIFA todavía no se ha pronunciado acerca de esta denuncia. Sin embargo, sí se manifestó en otras instancias, en la que ha negado su responsabilidad en las condiciones de trabajo en el país anfitrión del Mundial. La demanda indica que llevará a la FIFA a los tribunales excepto que compense económicamente a Sharaful Alam por la situación laboral que atravesó y acepte que “no debió adjudicar el campeonato de 2022 sin haberse asegurado antes de que se respetarían los derechos humanos de los trabajadores migrantes”.