Burundi, Sudáfrica y Gambia anunciaron en el último mes que se retiran de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusan de avanzar solamente en los casos que involucran a países africanos y no en los que atañen a países de otros continentes.

Desde su entrada en funcionamiento, en 2002, la CPI ha juzgado solamente a dirigentes africanos. Actualmente existen ocho casos abiertos, todos ellos contra autoridades actuales o anteriores de países de África -Uganda, Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí-. Esto ha generado críticas de los países y organismos africanos en los últimos años. Por ejemplo, el ex presidente de la Unión Africana Jean Ping ha asegurado que la CPI pretende “civilizar” África.

La elección de una gambiana, Fatou Bensouda, para el cargo de fiscal general en 2012 fue leída como un intento de apaciguar esas críticas. Sin embargo, los avances de la CPI siguieron apuntando contra líderes africanos acusados de delitos contra la humanidad.

Al anunciar su salida de la CPI, el ministro de Burundi para los Asuntos Extranjeros, Alain-Aymé Nyamitwe, dijo que la decisión obedece a “una demanda de la población burundesa”. El presidente Pierre Nkurunziza es investigado por la CPI por su supuesta responsabilidad en la violencia que se desató en Burundi en 2015 después de que el mandatario anunciara que se postularía como candidato a otro mandato pese a que la Constitución de su país prohíbe la reelección.

Sudáfrica, por su parte, manifestó que tomó la decisión de salir de la CPI porque debido a su pertenencia a este tribunal no puede cumplir con su papel de mediador en los conflictos entre países africanos y porque las normas de la CPI están “en conflicto” con la ley nacional de inmunidad diplomática, lo cual afecta sus relaciones bilaterales.

Sin mencionarlo directamente, el gobierno sudafricano hacía referencia a lo sucedido en junio de 2015, cuando rechazó el pedido de la CPI de que detuviera al presidente sudanés, Omar al Bashir, imputado por delitos contra la humanidad.

El último país en anunciar su retirada de la CPI fue Gambia, que lo hizo ayer. Su ministro de Información, Sheriff Bojan, acusó a la corte internacional de ser parcial y afirmó: “La CPI es blanca y está pensada para perseguir y humillar a la gente de color, especialmente a los líderes africanos”.

Entre otras cosas, mencionó “la incapacidad de la CPI para acusar al ex primer ministro británico, Tony Blair, por la guerra de Irak”. En julio la CPI descartó enjuiciar a Blair por la invasión a Irak al considerar que la legalidad de una guerra está fuera de la jurisdicción de la corte. El lunes el presidente de la asamblea de los países miembro de la CPI, Sidiki Kaba, instó al organismo a hacer una autoevaluación para tener en cuenta estas críticas.

La más impactante fue la salida de Sudáfrica, que fue el primer país africano en aprobar una legislación nacional para aplicar el Estatuto de Roma.

Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han criticado al gobierno sudafricano, advirtiendo que con su salida puede generar una ola dedecisiones similares. Ahora la corte mira con atención a otros países que en los últimos meses han manifestado su intención de salir de la CPI: Chad, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil y la República Centroafricana.