Cientos de personas acompañaron ayer a la ex presidenta argentina Cristina Fernández, que concurrió a un juzgado en Buenos Aires. La ex gobernante fue a declarar en una causa en la que está acusada de integrar una asociación ilícita con ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez para desviar fondos por medio de los contratos de obra pública.
Ante el juez Julián Ercolini Fernández se negó a responder las preguntas preparadas por los fiscales Gerardo Pollcita e Ignacio Mahiques y solamente leyó un extenso texto, informaron los medios argentinos. Durante su declaración acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber cometido un delito en el otorgamiento de fondos públicos para una obra en la línea Sarmiento que llevará adelante la empresa del primo del presidente, Ángelo Calcaterra. El fiscal Ercolini dijo que esa denuncia de Fernández será tramitada de forma independiente. Además, Fernández presentó un escrito para pedir la nulidad de la causa en su contra.
Al salir de prestar declaración, Fernández se dirigió a los medios y a sus seguidores. Dijo que son los jefes de gabinete los que administran y ejecutan la entrega de contratos, y que los decretos que los aprueban son ratificados en el Congreso, por lo cual, concluyó, para los fiscales “el gobierno fue una asociación ilícita”. Además, dijo que la acusación según la cual ella y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, lideraron una asociación ilícita para desviar fondos públicos es “un disparate mayúsculo”. Insistió en que hay en su contra una “persecución política” y un “hostigamiento mediático”, y volvió a compararse con el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que también enfrenta acusaciones de corrupción en la Justicia de su país. Con estas denuncias se busca “tapar el desastre económico y social” que está causando el gobierno de Macri con sus medidas, dijo.
Tanto fuera como dentro del juzgado Fernández pidió que se investigue toda la obra pública, no sólo la otorgada a Báez, y señaló que la empresa del primo de Macri fue la tercera que más contratos obtuvo durante su gobierno y que en algunos casos estuvo asociada a Austral Construcciones, la empresa de Báez.
La ex presidenta estuvo acompañada por varios dirigentes políticos, entre ellos el líder de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Mariano Recalde, quien dijo que hay “una persecución y un hostigamiento” contra Fernández que “no tiene límites” y que esto es llevado adelante por el “partido judicial”, integrado por un “grupúsculo de magistrados y fiscales” que impulsan el “revanchismo característico” de cuando el peronismo deja el poder.
Por su parte, la ex ministra de Cultura Teresa Parodi dijo que vive “con indignación” la “persecución política” contra Fernández, y dijo que las acusaciones en su contra son “un circo judicial que quiere borrarla del espacio político”.
Lejos de allí, en la inauguración de una nueva obra pública en Buenos Aires, Macri fue consultado por periodistas sobre la situación judicial de la ex presidenta. “Los argentinos no queremos que haya más impunidad”, dijo, antes de asegurar que su gobierno “no se mete” con el Poder Judicial.