“Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no nos vamos a pronunciar sobre el nuevo acuerdo anunciado desde La Habana hasta no conocer cómo está redactado”, dijo ayer Óscar Iván Zuluaga, ex candidato a la presidencia por ese partido. El líder de Centro Democrático es el ex presidente Álvaro Uribe, cara visible de la campaña por el No en el plebiscito del 2 de octubre, en el que se rechazó el primer acuerdo entre el gobierno colombiano y la guerrilla.

Desde ese día, el gobierno y las FARC trabajaron para modificar el texto y llegar a un nuevo acuerdo que incluyera propuestas hechas por la oposición y por los demás partidarios del No, con el objetivo de lograr un consenso más extendido. Ese trabajo terminó el sábado, y la nueva versión fue publicada el lunes. Entre otras cosas, el texto modificado hace precisiones sobre los derechos de la propiedad privada, un tribunal especial de justicia -que sólo podrá funcionar diez años- y los espacios limitados donde los guerrilleros cumplirán sus condenas, de entre cinco y ochos años, por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Además, incluye aclaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico y obliga a la guerrilla a entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas.

“Estamos convencidos de que [...] los cambios, precisiones y ajustes del nuevo acuerdo lo fortalecen y responden a las inquietudes y sugerencias hechas por diferentes sectores de la sociedad, preservando a la vez las reformas y transformaciones contenidas en el acuerdo del 26 de setiembre, que son la base de una paz estable y duradera”, dijeron las partes en un comunicado.

Sin embargo, el gobierno reconoció que no pudo modificar uno de los puntos más polémicos: los líderes de la guerrilla aún podrán ser elegidos para ocupar cargos públicos, y el partido político que surja de las FARC tendrá diez escaños en el Congreso durante dos períodos, aunque no alcancen los votos necesarios. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, aclaró ayer en una conferencia de prensa que este es “el acuerdo definitivo” y que “no hay espacio para una nueva negociación”, lo que desató críticas de distintos sectores políticos. El sábado, Uribe había asegurado en Twitter que le pidió a Santos “que los textos no tengan alcance definitivo” y que “sean puestos en conocimiento de voceros del No y de las víctimas”. Pero no lo consiguió.

Lo único que queda por definir, según De la Calle, es la vía por la cual va a refrendarse este acuerdo. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recordó ayer en la conferencia que tienen tres opciones: convocar un nuevo plebiscito, recurrir al Congreso para que lo apruebe o permitir que decidan los 1.122 concejos municipales del país. Cristo dijo que el gobierno y la guerrilla tomarán esa decisión después de escuchar a los partidos favorables al Sí.

Ayer, voceros de la oposición comunicaron que antes de decidir si apoyan el texto o sugieren cambios, tienen que terminar de analizarlo. Pero algunos de esos voceros -como el ex vicepresidente Francisco Santos, el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto y el ex viceministro de Defensa Rafael Guarín- ya dieron una primera opinión: entienden que el acuerdo no tiene cambios importantes respecto del documento anterior y que se dejaron de lado algunas recomendaciones hechas por ellos. “Vemos avances, pero en lo sustancial, justicia, elegibilidad [política] y redención de la pena, hay grandes dudas”, dijo Francisco Santos en Twitter. Y agregó: “En Colombia hubo un plebiscito; desconocerlo sería un error [...] Si el acuerdo es definitivo, Juan Manuel Santos divide al país y nos aboca a un enfrentamiento político brutal los próximos 21 meses”.