El Consorcio Panorama Electoral, una agrupación que reúne a cuatro organizaciones civiles, denunció el sábado que el FSLN y otros partidos utilizaron recursos del gobierno nacional y de los gobiernos locales para la campaña electoral. Según su informe, elaborado tras el monitoreo de la campaña, el FSLN utilizó edificios públicos y también vehículos del Estado en 90% de los municipios para hacer campaña en 84% de ellos. El informe, citado por la agencia de noticias Efe, agrega que pese a las denuncias que se reiteran desde el comienzo de la campaña, el 20 de agosto, no se adoptaron medidas para terminar con estas irregularidades.
Además, denunció que el Consejo Supremo Electoral demoró la acreditación para que medios independientes cubrieran las elecciones, “denotándose una discriminación” en su contra y a favor de los “medios oficialistas”, en referencia a los que son gestionados por los hijos del matrimonio Ortega-Murillo.
El trabajo del Consejo Supremo Electoral generó polémica durante la campaña. Se lo critica por haber impuesto limitaciones a los grupos de observadores independientes, que no podrán monitorear el recuento de votos ni el traspaso de la información con los resultados de cada mesa. Además, el organismo prohibió la participación de observadores internacionales.
También se acusó al consejo de operar a favor del oficialismo. La denuncia alude a lo que sucedió con el Partido Liberal Independiente (PLI): la justicia electoral dictaminó que la representación del grupo debía estar en manos del dirigente Pedro Reyes y no del diputado Eduardo Montealegre, que lo llevó a obtener el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2011. El grupo de Montealegre, que lideraba el PLI, formó la opositora Coalición Nacional por la Democracia, que después del fallo decidió no participar en unas elecciones que considera fraudulentas. Después de aquel pronunciamiento, el Consejo Supremo Electoral acusó a 28 diputados opositores (16 titulares y 12 suplentes) de desconocer su sentencia y dictaminó su separación de los cargos que habían obtenido en las urnas.
No era la primera vez que la actuación de la justicia electoral era criticada. Ya en 2008 generó un fuerte rechazo su decisión de ilegalizar el Movimiento Renovador Sandinista, una escisión del FSLN. Años después, para las elecciones de 2011, levantó los obstáculos legales para que Ortega se presentara a su primera reelección consecutiva.
Con la inhabilitación del PLI y la ausencia de la Coalición Nacional por la Democracia, Ortega vio despejado su camino a su tercera reelección y el FSLN tenía ayer cancha abierta para renovar su mayoría parlamentaria. “No va a haber ninguna voz realmente opositora en la Asamblea Nacional”, dijo días atrás la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vijil. “El control de Ortega va a seguir siendo absoluto, pase lo que pase”, agregó.
Si Ortega gana logrará mantenerse en el poder por 14 años consecutivos, que se suman a la década en la que gobernó durante la revolución sandinista (1979-1990). Al cierre de esta edición no se habían publicado los resultados oficiales, pero Ortega había llegado a las elecciones como claro favorito. La última encuesta de la firma M&R Consultores le atribuía 69,8% de intención de voto. Con él competían cinco candidatos. El que aparecía en las encuestas detrás del FSLN tenía 6% de la intención de voto.
Tras ser excluidos de las elecciones, los partidos opositores más grandes llamaron a la abstención, por lo que esperaban con mucha expectativa el dato de la participación de los votantes. Algunas formaciones opositoras, como el movimiento Renovador Sandinista, han dicho que si la abstención era muy alta pedirían la repetición de las elecciones y garantías para que no ocurran otra vez las irregularidades denunciadas hasta ahora.
También existen dudas sobre la transparencia de los datos referentes a la participación. Esas dudas se basan en que para estas elecciones el Consejo Supremo Electoral reformó el padrón de votantes excluyendo a las personas que no participaron en las últimas dos votaciones.
Además de políticos y organizaciones sociales, también la iglesia católica cuestionó las condiciones políticas del país. “Todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único es nocivo para el país”, advirtió en un comunicado citado por la cadena BBC al que adhirió el Consejo Superior de la Empresa Privada, parte de la cúpula empresarial del país.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por las condiciones en las que se desarrollarían las elecciones de ayer en Nicaragua.