El 5 de noviembre de 2015, una localidad del distrito brasileño de Mariana, Bento Rodrigues, quedó sepultada por el barro. Una represa que contenía toneladas de lodo con residuos tóxicos -desechos de la actividad minera- se rompió y dejó correr su contenido. A su paso, la avalancha mató a 19 personas, habitantes de Bento Rodrigues y trabajadores de Samarco, la minera que generaba esos residuos y que era propiedad de dos de las principales empresas mundiales del sector, Vale, el mayor exportador de hierro de Brasil, y BHP Billiton, una multinacional de origen australiano.

Los 62 millones de metros cúbicos de barro con desechos de la explotación de hierro inundaron otros seis pueblos, corrieron por el río Doce a lo largo de cientos de kilómetros, dejaron a unas 250.000 personas sin agua potable y a unos 3.000 pescadores sin su trabajo. Llegaron incluso hasta el océano, y a su paso fueron destruyendo vegetación nativa. A un año de aquella catástrofe, ocurrida en el estado de Minas Gerais y considerada la peor en la historia de Brasil, sus efectos todavía persisten, y continúan las batallas legales en busca de una reparación del daño.

Después de meses de investigación, el 20 de octubre la fiscalía dio a conocer su acusación por lo ocurrido en Mariana. Presentó cargos contra 22 personas -21 de ellas por homicidio doloso, con intención de matar- y contra cuatro empresas: fueron acusadas la minera Samarco y sus accionistas, Vale y BHP Billiton, y también una empresa dedicada a la ingeniería, VogBR, a la que la fiscalía considera responsable de “presentación de laudo ambiental falso”, informaron las agencias de noticias Reuters, Efe y Agência Brasil.

Entre las personas acusadas figuran algunos de los principales directivos y gerentes de las tres mineras. De acuerdo con la fiscalía, son responsables de no haber adoptado las medidas necesarias ante las señales de peligro que se conocían desde hacía años. El fiscal José Adércio Leite Sampaio dijo en conferencia de prensa que esas señales aumentaron en 2014, pero las empresas no sólo no actuaron para evitar riesgos, sino que incluso los potenciaron al aumentar la actividad productiva, siempre en busca del mayor lucro posible. Ese incremento, agregó Leite, colaboró con la ruptura de la represa. “Los diques ya habían presentado señales claras de que podrían romperse, por lo que el accidente era previsible desde finales de 2014 sin que nadie hubiera hecho algo por evitarlo”, dijo el fiscal.

“Lo que tuvimos fue el secuestro de una política más responsable de seguridad en la represa por una búsqueda incesante de lucro”, afirmó. A esa conclusión había llegado en junio la investigación de la Policía Federal: Samarco conocía el riesgo, sabía que existían problemas en la estructura de la represa, pero privilegió sus ganancias.

La fiscalía presentó también, contra varios de los ejecutivos acusados, cargos por lesiones graves y por diversos crímenes ambientales -contra la fauna, la flora, delitos de polución-, contra el ordenamiento urbano y contra el patrimonio cultural.

Las mineras manifestaron su disconformidad con las conclusiones de la fiscalía, la acusaron de no haber tenido en cuenta pruebas que las exculpaban y manifestaron que van a demostrar su inocencia y la de sus ejecutivos y empleados. Ahora un juez penal de Minas Gerais deberá decidir si acepta la denuncia y procesa a los acusados.

Parte de la explicación

Las distintas investigaciones sobre este caso mostraron que no se hicieron los esfuerzos necesarios para prevenir un desastre como este. Además de mostrar el afán de lucrar de las empresas involucradas, pusieron en evidencia la falta de controles en Brasil para reducir los riesgos de la actividad minera. Un informe del Tribunal de Cuentas concluyó en setiembre que la institución responsable de fiscalizar a las represas vinculadas con la minería, el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM), no cuenta con recursos suficientes, no genera la información necesaria a partir de sus inspecciones ni tampoco la comparte entre distintas autoridades y jurisdicciones. “En cuanto al proceso de fiscalización de las represas a cargo del DNPM, se llegó a la conclusión de que la actuación de la autoridad es frágil, deficiente y carente de una coordinación adecuada, y que no atiende, en consecuencia, a los objetivos de la Política Nacional de Seguridad de las Represas”, dice el informe, publicado por el diario O Globo.

En cuanto a la actuación de Samarco y sus dos accionistas, incluso una auditoría internacional contratada por estas empresas, a cargo de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, encontró defectos en la construcción del drenaje de fondo y alteraciones posteriores que se le hicieron a la represa que causaron la entrada de barro en “áreas no planeadas” para eso, entre otros problemas que se detectaron y que condujeron a la ruptura de esas instalaciones. Según citó O Globo, el presidente de Vale, Murilo Ferreira, aclaró al presentar el informe que “cualquier evaluación” era “muy primaria” y que todavía las conclusiones no habían sido evaluadas por los ingenieros de las empresas mineras.

Todavía

Los efectos del desastre que comenzó hace un año y que afectó a más de 40 ciudades del este de Minas Gerais todavía persisten. Un acuerdo firmado entre el gobierno y las empresas mineras responsables comprometía a estas últimas a destinar unos 6.250 millones de dólares a lo largo de los próximos diez años para reparar y compensar a las víctimas y para recuperar, de a poco, las poblaciones y los ecosistemas que fueron afectados por el desastre ambiental. Ese acuerdo fue frenado por la Justicia porque la Fiscalía reclamó que se destine un monto mayor que el convenido.

También se procesan demandas civiles impulsadas por el estado de Minas Gerais y multas impuestas por las autoridades del estado y por las del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Las víctimas, a su vez, presentaron demandas colectivas y miles de acciones individuales contra las empresas.

A las demoras en responder a estos reclamos se suman otras. De acuerdo con un informe del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables, están atrasadas las obras que debía llevar adelante la empresa minera para contener el barro con residuos tóxicos, que todavía se encuentra en el lugar y que puede seguir dispersándose en las épocas de lluvia, aunque parte de esos trabajos ya reducen el riesgo. A un año del vertido, en Minas Gerais todavía hay pueblos inundados por el barro -su reconstrucción está pendiente- y quedan más de 1.000 desplazados.

Pese a este panorama, en octubre, días antes de que la fiscalía presentara cargos penales en su contra, Samarco había manifestado sus expectativas de recuperar sus licencias ambientales y volver a operar a mediados de 2017.