El sábado el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron su segundo acuerdo de paz. La base del texto es la misma que la del anterior acuerdo, rechazado en un referéndum el 2 de octubre, pero se incorporaron precisiones y ajustes, especialmente en el punto de Justicia, aunque también alcanzaron otros temas.

En cuanto a Justicia, quienes rechazaban el acuerdo, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, consideraban que garantizaba la impunidad para los ex guerrilleros que cometieron delitos. El acuerdo original establecía para estos casos penas restrictivas de la libertad pero no el envío a prisión, sin más precisiones. Ahora se aclara que los condenados deberán permanecer en una zona restringida alrededor de un lugar de residencia preestablecido. En este punto cedieron las FARC, que sostenían que era necesario un amplio margen de movilidad para que quienes sean condenados puedan participar en la actividad política que llevará adelante la guerrilla.

En el nuevo acuerdo también se modifican los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz: se elimina la posibilidad de que tengan magistrados extranjeros y su actividad se limita a un máximo de diez años. Los opositores reclamaban la eliminación de esta jurisdicción.

Otro de los cambios que se hicieron en el acuerdo a instancias de quienes apoyaban al No es que lo acordado no será incorporado en ninguna medida a la Constitución, algo que habían reclamado las FARC y que el gobierno había aceptado parcialmente.

Los primeros seguidores del No que valoraron los cambios que se conocen hasta ahora consideraron que este es fundamental porque reconoce que los otros poderes del Estado pueden modificar lo pactado o considerarlo inadecuado.

También hay cambios que son menores pero que sirven para que quienes rechazaron el acuerdo confíen en él. Por ejemplo, se aclara expresamente que se respetará la propiedad privada, que no se harán expropiaciones sin recurrir a los mecanismos existentes, y se incorporó a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto, informó Santos. Según el mandatario, se alcanzaron nuevos acuerdos en 56 de los 57 puntos que plantearon quienes se oponían al texto.

El jefe de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, dijo tras la firma del nuevo acuerdo que este texto “es mejor” que el que se sometió a votación en octubre. Sin embargo, tanto él como Santos reconocieron que ningún acuerdo conformará a todos los sectores de la sociedad.

Todas las partes celebraron el nuevo acuerdo, que se alcanzó más rápido de lo esperado, aunque Uribe reclamó que este tema no se considere cerrado hasta que los portavoces del No conozcan el texto, ya que estos podrían considerar que no se hicieron todas las modificaciones necesarias.