La obra fue licitada en 2007, y consiste en que un tramo de esta línea de tren bonaerense pase a ser subterránea. El ganador de la licitación fue un conglomerado liderado por Iecsa e integrado también por la brasileña Odebrecht y la italiana Ghella. La ejecución de la obra nunca comenzó y al iniciar su gobierno, Macri anunció que tenía como meta llevarla adelante. Entre otras cosas, la demora se debió a que los privados no obtuvieron el financiamiento necesario para realizar las obras. Este año el gobierno de Macri decretó una modificación de los términos del otorgamiento de varias obras, entre ellas la de la línea Sarmiento, que pasó a ser financiada por fondos estatales. Se le entregarán unos 3.300 millones de dólares. Esto generó críticas en la oposición pero también desde el sector empresarial, ya que si en 2007 la licitación se hubiera hecho con estas condiciones, otras empresas podrían haber participado.

Calcaterra es hijo de la hermana de Franco Macri, María Pía, y de un empresario de la construcción, Antonio Calcaterra. Arquitecto de profesión, se puso al frente de varias empresas de Franco Macri en 2007, cuando él decidió alejarse de sus negocios y cuando su hijo, Mauricio, estaba dedicado a la política. Calcaterra tiene desde ese entonces la constructora Iecsa y la inmobiliaria Creurban, informó el diario argentino Página 12. Además de la reforma de la línea Sarmiento, Iecsa hará obras en las provincias de Córdoba y Buenos Aires en las que parte del financiamiento es estatal, y está presente en sociedades con otras empresas en otros emprendimientos en el resto del territorio de Argentina. Según un informe de la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti publicado en la página de noticias Nuestras Voces, en lo que va del gobierno de Macri, Calcaterra recibió cinco veces más dinero que Lázaro Báez durante los tres gobiernos kirchneristas.

Es en este marco que Fernández reclamó ante la Justicia -y su abogado, Carlos Beraldi, ante los medios- que se investiguen las modificaciones que hizo Macri sobre la licitación para la reforma de la línea Sarmiento, así como toda la obra pública adjudicada durante su gobierno, ya que lo que se investigó hasta ahora es sólo una pequeña parte.

Más números

El diputado Adrián Grana, de Nuevo Encuentro, uno de los sectores del Frente para la Victoria, presentó un informe acerca de las inversiones y las contrataciones referentes a obra pública durante los gobiernos kirchneristas. El informe es parte de la fundamentación de una iniciativa para crear una comisión bicameral que investigue los otorgamientos en obra pública durante los anteriores gobiernos.

“Donde el macrismo, algunos medios o algunos jueces quieren sembrar dudas, nosotros queremos que exista claridad”, dice el texto al fundamentar la necesidad de una investigación sobre la obra pública durante los 12 años de gobiernos kirchneristas y los primeros meses de la administración de Macri.

En el documento se señala que los gobiernos kirchneristas invirtieron 107.825 millones de dólares que fueron adjudicados a 24.000 empresas diferentes. “Ninguna compañía ni corporación se alzó con más de 5% del total [del presupuesto] ejecutado” por el gobierno nacional, indica el informe. Las tres que recibieron más presupuesto son: Techint, de Paolo Rocca, con 4,9%; Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, con 4,6%, y Iecsa, de Ángelo Calcaterra, con 4,2%. En el decimotercer lugar aparece, con 1%, CPC, empresa liderada por Cristóbal López, otro de los empresarios señalados como cercanos a los Kirchner. Recién en el lugar 38 aparece el Grupo Austral de Lázaro Báez, que recibió 0,3% del presupuesto destinado a obra pública durante los gobiernos kirchneristas, unos 67 millones de dólares, indica el informe, que no menciona la fuente de esa información.

La investigación judicial sobre la obra pública adjudicada al Grupo Austral, en la que tanto el empresario como la ex presidenta están imputados, se basa en otro informe, realizado por la Unidad de Auditoría Interna de Vialidad Nacional. Ese informe se limita a la obra pública adjudicada entre 2010 y 2015 en Santa Cruz, la segunda provincia con más inversión detrás de Buenos Aires. La mayoría de esas obras (51 de las 83) fueron adjudicadas al Grupo Austral, que accedió a 78% del presupuesto destinado a ese rubro. Menos de 3% de esas obras fueron adjudicadas por el gobierno nacional, mientras que las demás fueron otorgadas por los gobiernos provinciales y municipales, según el informe gubernamental.

“No es suficiente ni aceptable una auditoría que analiza una centésima parte de las obras públicas de todo nuestro gobierno con el único objetivo de descalificar e inhabilitar a Cristina, mediante la mentira, la manipulación y el recorte”, indica Grana en su iniciativa, sumándose a las voces del kirchnerismo que denuncian que el actual gobierno y la Justicia están llevando adelante una persecución política contra la ex presidenta.