El gobierno y las FARC habían aprobado un cronograma de implementación a partir del denominado “día D”, que era el de la aprobación del acuerdo. Ese esquema se mantuvo desde el primer texto acordado, el que fue rechazado en un plebiscito, y también en el que comenzó a aplicarse a partir de ayer, según anunció Santos.

La primera etapa consiste en el traslado de todos los guerrilleros de las FARC a 23 zonas denominadas “veredales”. Esta fase termina el 30 de diciembre (el día “D+30”), cuando todos los guerrilleros deben estar en esas zonas. A partir de entonces comenzará la siguiente etapa, más extensa: la del desarme. Las FARC deberán entregarle a Naciones Unidas todas sus armas en un proceso que terminará el día “D+150”, el 29 de abril, cuando, según Santos, las FARC “habrán dejado de existir como organización armada para convertirse en un partido político”.

En lo político, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció ayer que la próxima semana el gobierno presentará el primer paquete de proyectos de leyes y de reformas constitucionales dirigido a implementar el acuerdo. En este primer paquete se incluirá “la ley de indulto para los guerrilleros que no tienen delitos graves pendientes”. Estos guerrilleros “podrán regresar a sus hogares tan pronto esa ley quede aprobada”, algo que podría ocurrir “antes de que termine este año”.

El trámite parlamentario todavía tiene una pregunta pendiente: si el gobierno podrá solicitar en el Congreso un trámite urgente o vía rápida para impulsar las leyes dirigidas a implementar el acuerdo o si deberá recurrir a los procedimientos legislativos habituales. La vía rápida no existe en Colombia, su creación está incluida en el acuerdo de paz para que las reformas necesarias se realicen mediante esta figura. Sin embargo, uno de los cinco recursos que se han presentado ante la Corte Constitucional contra el acuerdo refiere a esta figura y exige que no sea creada. La vía rápida consistiría en la reducción de ocho a cuatro del número de debates necesarios para la aprobación de las reformas constitucionales y de cuatro a dos para los proyectos de ley ordinarios. El otro recurso presentado ante la Corte Constitucional por los opositores al acuerdo es el que exige que el texto pase por las urnas y no sólo por el Congreso para ser aprobado.

Si la Corte Constitucional no aprueba la vía rápida, se estima que el proceso legislativo llevará al menos un año, con lo que su final coincidiría con el inicio de la campaña electoral para las elecciones legislativas y presidenciales, en marzo y mayo de 2018, respectivamente.

El ministro del Interior acusó al Centro Democrático de estar haciendo campaña para esas elecciones desde ahora porque ese partido dirigido por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe anunció que convocaría protestas contra el acuerdo y juntaría firmas para someterlo a un referéndum.